El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha podido tener acceso a casi 3 mil 700 cuentas bancarias que utilizaron candidatos y partidos políticos en este proceso electoral, y las cuales deben ser examinadas en sus movimientos como parte de las labores de fiscalización que realiza esa autoridad en estos momentos.
De acuerdo con un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, se trata en específico de 3 mil 691 cuentas bancarias cuya información no ha sido entregada por las instituciones bancarias del país, no obstante que ello representa una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“La LGIPE, en el artículo 200, numeral 1, señala que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud”, dice el documento.
El INE le solicitó esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin embargo, y según lo expuesto por la autoridad electoral, el rezago no lo estaría causando este órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino directamente las instituciones bancarias que han ignorado los requerimientos de información oficiales.
Este 13 de junio, durante la sesión que celebró el Consejo General del INE, la consejera Adriana Margarita Favela Herrera, quien encabeza la Comisión de Fiscalización, abordó la problemática que se está presentando con los bancos.
“En mi carácter de presidenta de la Comisión de Fiscalización, hago un exhorto a las instituciones bancarias para que hagan entrega de la información que les ha solicitado la CNBV, para que esta a su vez pueda proporcionar la información que le solicitó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ya que es imprescindible contar con dicha información porque es necesaria para corroborar las operaciones que reportan los sujetos obligados en sus diversos informes relacionados con el origen, destino y monto de los recursos utilizados en campaña”.
Al INE le queda solamente un mes de plazo para concluir con la fiscalización de los gastos de campaña de todas las candidatas y candidatos del país, por lo que resulta urgente que se brinde acceso a la información de las cuentas bancarias.
“Recuerden que el próximo 22 de julio este Consejo General conocerá de los resultados de la fiscalización nacional a los 28 mil 661 informes que fueron recibidos y presentados en el ámbito federal y local, de ahí la importancia de que a la brevedad las instituciones bancarias puedan allegar la información sobre las operaciones, también bancarias, de los sujetos obligados”
Incumplimiento de bancos para fiscalizar candidatos y partidos
En su informe, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE señala que esas miles de cuentas bancarias que permanecen en opacidad, están relacionadas con poco más de 900 solicitudes de información que le remitió a la CNBV, pero que no han tenido respuestas satisfactorias.
“Para el 2021, la CNBV proporciona en su archivo mil 365 solicitudes efectuadas por la UTF; 451 han sido atendidas al 100 por ciento, 816 parcialmente; y 98 no han tenido respuesta alguna. Por lo tanto, el total de requerimientos pendientes de respuesta por las entidades financieras es de 914 oficios. (…) Las 914 solicitudes atendidas parcialmente y no atendidas al 9 de junio contienen un total de 3 mil 691 cuentas bancarias que no han sido proporcionadas por las instituciones financieras”, dice el documento fechado el 11 de junio de 2021.
La consejera, por su parte, refirió que esas 3 mil 691 cuentas son administradas por 18 instituciones bancarias, con este desglose.
“Banco Santander con un 23.25 por ciento; Banco Azteca, un 12.30 por ciento; Scotiabank Inverlat, un 11.08 por ciento; Banorte, un 10.32 por ciento de cuentas involucradas; Banamex, un 10.02 por ciento; HSBC, un 8.56 por ciento; BBVA Bancomer, un 8.26 por ciento; INBURSA, un 5.82 por ciento; BanRegio, un 4.15 por ciento; BanCoppel, un 3.44 y le siguen SOFOMEX Consumo, tarjetas Banamex, American Express, MIFEL, MONEX, Actinver, AFIRME, INVEX, desde 1.25 a un 0.03 por ciento”.
En su portal, el INE recuerda que la fiscalización que está llevando a cabo puede tener secuelas muy serias para aquellos actores políticos y candidatos que hayan violado la ley.
“Con la Reforma Electoral, el financiamiento público cobra gran relevancia, ya que la fiscalización tendrá consecuencias más allá de lo económico: si durante las elecciones un candidato rebasa los topes de gasto de campaña, podría ser sancionado con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que haya obtenido, si su valoración es determinante para el resultado de la elección”.
Cámara en opacidad
El INE también está enfrentando resistencia por parte de la Cámara de Diputados para tener acceso a las cuentas bancarias de los legisladores que buscaron la reelección, así lo señaló la consejera.
“Por cuanto hace a la Cámara de Diputados (…) no se proporcionaron las cuentas bancarias de destino de las dietas, asistencias legislativas, atención ciudadana y hospedaje pagados a las personas legisladoras, ello bajo el argumento de que los datos bancarios son personales y no pueden proporcionarse”.
Ello, pese a que el 25 de marzo de 2021, el INE y la Cámara firmaron un convenio para establecer los mecanismos que permitieran contar con la información necesaria, a efecto de que el INE estuviera en posibilidad de ejercer su función de verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los candidatos que buscaban la reelección por una diputación federal, para preservar la equidad en la contienda electoral.
La Cámara de Diputados tampoco ha proporcionado toda la información bancaria necesaria de los legisladores que buscaron el pasado 6 de junio la reelección
“Con los datos que hasta ahora contamos, tenemos que 133 diputaciones de mayoría relativa lograron el triunfo y fueron electas consecutivamente. Por tal motivo, es imprescindible conocer los datos que nos aportan la Cámara de Diputados, para conocer el financiamiento que utilizaron estas personas durante su periodo de proselitismo”, concluyó la consejera.
