Cañones al cielo

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La proliferación de los cañones antigranizo continúa en el Sur de Jalisco, con inversiones privadas para  su instalación que superan los 50 millones de pesos, pero sin que esa tecnología esté sujeta a ningún control ni evaluación ambiental por parte de las autoridades locales.

Aunque hay estimaciones de que operan ya entre 30 y 50 cañones antigranizo en esa zona agrícola, bombardeando su cielo incesantemente con ondas sónicas, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz acepta que no existe un censo al respecto, y menos una valoración sobre su impacto ambiental.

Desde 2014 ha sido recurrente la denuncia de campesinos de sitios como Tuxpan, Tecalitlán, Zapotlán El Grande, Zapotiltic, Sayula y Zacoalco de Torres, que se dicen seguros de que el uso de estos cañones altera las nubes de lluvia, provocando que se disipen y las precipitaciones disminuyan, sin lograr una reacción firme de la autoridad.

La inconformidad social con estos equipos que, se supone, sirven para impedir la formación del granizo, pone en una encrucijada al Gobierno estatal y Ayuntamientos, pues del otro lado del conflicto está el peso económico de las grandes inversiones aguacateras y de cultivos en invernadero –como las berries-, los principales explotadores de esa tecnología.

Por lo pronto, ni el Congreso local concreta una regulación para estos cañones que no están previstos en ningún cuerpo normativo, ni hay una respuesta de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), que se han mostrado impávidas en esta materia.

Tiros al cielo

El alcalde de uno de los municipios más afectados, Jorge Campos Aguilar, de Sayula, le expuso claramente el conflicto al Congreso el 6 de julio de 2016, en un informe que dice:

“En la región Sur de Jalisco, en los últimos años existe un importante desarrollo de cultivo de aguacate, contando con una superficie aprox. de 715 hectáreas tan solo en nuestro municipio”, empero, las granizadas “pueden llegar a producir pérdidas de hasta el 100 por ciento de la producción”.

Por eso los cañones antigranizo se volvieron un insumo de los campos aguacateros: “He de reconocer la importante derrama económica que el establecimiento de este tipo de cultivos ha traído a nuestro municipio”.

Sin embargo, en Sayula también hay 2 mil hectáreas de “productores de cultivos, tales como sorgo o maíz, quienes dependen única y exclusivamente de las precipitaciones de temporal, por lo que atribuyen a los cañones antigranizo los malos temporales de lluvia”.

Esto “ha motivado la inconformidad de diversos sectores de la población, como agricultores, ejidatarios, ganaderos, grupos ambientalistas y ciudadanía en general que de manera organizada se han manifestado en contra del uso de los sistemas antigranizo”.

Pero el llamado del alcalde nunca se atendió: primero, realizar estudios “para determinar de manera técnica o científica si efectivamente estos artefactos alteran el ecosistema”, y luego, resolver la “falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta materia”.

Lobby antigranizo

El 17 de julio de 2017, una de las principales empresas de cañones antigranizo en Jalisco, S.M.A. de Michoacán, dirigió un oficio al Congreso para defender su tecnología, y destacar la inversión de más de 50 millones de pesos.

“La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, así como organizaciones independientes como el Grupo de Nutrición del Aguacate, han realizado estudios con los que han concluido que el uso de cañones antigranizo disminuye sensiblemente los daños a la producción agrícola (…) además de que no hay efecto del cañón en reducir la precipitación en una distancia de 2 mil m a la redonda.

Y advierte: “cualquier acción de gobierno que afecte el derecho de mi representada y de los productores agrícolas a los que se les brinda el servicio, será considerada como un responsabilidad civil objetiva atribuible a los funcionarios y las unidades administrativas involucradas”.

La parálisis

Desde el 28 de octubre de 2014 el Congreso aprobó un par de acuerdos que llamaban tanto a instancias federales como estatales, entre estas, la Seder y Semadet, a buscar soluciones en el tema de los cañones antigranizo, pero estas últimas lo han pasado de largo.

A la Seder, de Héctor Padilla Gutiérrez, se le cuestionó cuántos equipos antigranizo están operando, en dónde y por qué empresas, pero responde que “no es atribución ni competencia legal de la Seder” (folio 03616317).  

Y pese a que el riesgo central es de carácter ambiental, la Semadet, de Magdalena Ruíz Mejía, no ha actuado, y acepta que “no se tiene conocimiento de la cantidad de cañones antigranizo que se encuentren operando; se desconoce (…) las empresas que los operan y su localización municipal” (folio 03616217).

Es un vacío legal pues “actualmente no existe normatividad de jurisdicción estatal que regule esta actividad”.

Estos cañones detonan gas de acetileno para emitir ondas sónicas ionizantes que truncan el proceso de formación de granizo, pero la Semadet afirma que “no existe información confiable que sustente los efectos ya sea positivos o negativos al hacer uso de la tecnología en el ambiente y/o los cultivos”.

Quizá hasta en 2018 valore su impacto, pues “tiene programado destinar un recurso del ejercicio 2018, siempre y cuando exista la disponibilidad, para realizar estudios que aporten la información necesaria para conocer los efectos y las implicaciones en el entorno por el uso de tecnologías que afecten o modifiquen el medio ambiente”.