Es tanta la riqueza minera que tiene nuestro país, que ni las autoridades federales saben a ciencia cierta a quiénes se les han otorgado la mayoría de las concesiones de explotación del subsuelo, y se desconoce cuántas empresas mineras cumplen cabalmente con su obligación de pagos de derechos sobre minería.
La federación tampoco sabe con certeza cuántas de las empresas mineras que operan en el país realizan aportaciones al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, ni los montos que cada una aporta a los programas de infraestructura en los municipios mineros, y en algunos casos no se conoce quiénes son los propietario de esas concesiones.
Lo anterior queda expuesto en el dictamen de los trabajos de auditoría realizado a la cuenta pública 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde se revela que de las 24 mil 961 concesiones mineras vigentes hasta octubre de este año, por lo menos 5 mil 766 no cuentan con expedientes que identifiquen al propietario.
El mismo dictamen establece que al menos 14 mineras, de las que no se especifican sus nombres ni nacionalidades, no cuentan con evidencias de pago de sus contribuciones a que obliga la ley vigente, pese a que se beneficiaron con créditos federales para financiar sus actividades de exploración y explotación de las minas.
De acuerdo a la legislación minera vigente en México, corresponde a la Secretaría de Economía (SE), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevar el registro de la actividad minera en el país, pero ninguna de esas instancias ha sido puntual en cuanto al establecimiento de un padrón minero, tanto en registro de concesiones como en el pago de impuestos.
La principal deficiencia gubernamental que ha impedido el debido cobro de impuestos por la extracción de minerales en el país se atribuye a la SE, que no ha mantenido un padrón actualizado de nombres de los propietarios de las concesiones mineras, no cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, ni fechas de expedición y vigencia de los permisos mineros.
Por lo menos 33 empresas mineras fueron omisas en sus declaraciones de pago de impuestos y cuatro están siendo fiscalizadas por no haber declarado ante el fisco
Desorden fiscal
Otro elemento que evidencia el desorden administrativo en el renglón minero del país es el que refiere la ASF en cuanto a que hasta octubre de este año no se identificó a ningún Gran Contribuyente que realizara pagos de “derechos adicionales”, que consiste en un pago por hectárea cuando no lleven a cabo obras y trabajos de exploración o explotación, lo que indica que todas las mineras estuvieron activas en la extracción de minerales.
En los resultados del dictamen de la ASF se reconoce que por lo menos 33 empresas mineras fueron omisas en sus declaraciones de pago de impuestos, 45 manifestaron no haber causado impuestos, 4 son actualmente fiscalizadas por no haber declarado ante el fisco y 27 se encuentran en revisión o análisis para conocer las causas de su negativa de pago de impuestos.
Pese a que 109 empresas mineras fueron detectadas en el 2016 por la ASF como evasoras de impuestos, el dictamen de la auditoría establece que la Administración General de Recaudación del SAT no tiene registrados, lo que apunta hacia manejos oscuros en el cumplimiento de la recaudación fiscal.
Desorden administrativo de la SE
Durante el 2016, la ASF encontró que disminuyó el número de empresas mineras que realizaron pagos de impuestos:
1.3
70.7
23.1
Fondo oscuro
El Fondo Minero (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) es una bolsa económica que se integra con la recaudación total que se obtiene de los impuestos pagados por las mineras, que se distribuye en un 62.5 por ciento a los municipios y 37.5 por ciento al resto de la entidad federativa.
Dicho fondo está constituido para compensar la extracción de minerales con una aportación para la inversión de infraestructura social y urbana en cada localidad en donde opera alguna mina, pero este fondo, que al 2016 contaba con 4 mil 431 millones 196 pesos, también registra algunas inconsistencias administrativas.
Las principales irregularidades registradas en el Fondo Minero, de acuerdo a la ASF, refieren que “las entidades federativas no proporcionaron a la SHCP la información relativa a los montos de los recursos que recibieron, ejercieron y destinaron para la inversión física de un impacto social, ambiental, y de desarrollo urbano”.
Al no existir siquiera informes de los montos recibidos del Fondo Minero en cada entidad, tampoco existe información de programa de ejecución de los trabajos, avances físicos y financieros, actas de entrega recepción y finiquito de las obras realizadas con dichos recursos.
Fondo minero
Con los recursos entregados a los municipios con operaciones de minas en sus demarcaciones, se pudieron ejecutar:
822
18
1.2
Irresponsabilidad compartida
“La Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de derechos mineros”, concluye la ASF en su dictamen 16-5-06E00-02-0075 de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
A la Secretaría de Economía se la atribuye la responsabilidad de no subsanar “las deficiencias de la información relacionada con la integración y actualización del padrón de concesionarios, y la verificación del cumplimiento de la presentación de informes de obras y trabajos de exploración y explotación” de minas en todo el país.
Por su parte a la SHCP, la Auditoría Superior de la Federación le atribuye la responsabilidad de no haber aportado información sobre los pagos fiscales de las mineras “por carecer de mecanismos para su debida identificación”, estos como resultado de las deficiencias ejercidas por la Secretaría de Economía.
