La Fiscalía General de Nuevo León firmó un convenio de colaboración para capacitar a los policías municipales de ocho alcaldías en temas de investigación de delitos. El sector empresarial y órganos del Estado pactaron y fortalecer las instituciones de justicia y seguridad.
“Este convenio fortalece y le da impulso al imperativo que marca el artículo 21 constitucional del cual también deriva un acuerdo que emitió la Fiscalía General del Estado. Estamos muy conscientes que dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio, las investigaciones de los delitos estarán a cargo del Ministerio Público y esencialmente esta reforma incluye a los policías de todos los niveles”, pronunció el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
La nueva policía estaría constituida por un grupo especial de elementos y no cambiaría su dependencia del agente del Ministerio Público. Sólo tendrá la obligación de aportar pruebas o información en delitos menores.
El artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales impide que una Policía pueda investigar un delito, pues será el agente del Ministerio Público o Fiscal quien tenga que llevar una carpeta de investigación ante un juez de control para una imputación a proceso.
“Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la Ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”, dice este reglamento.
Policías investigadores ¿Cambio para Nuevo León?
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, organización que se dedica a ofrecer asesoría legal para garantizar el respeto a los derechos de víctimas y acusados, considera que la Policía Investigadora no representa un cambio.
“No cambia mucho, porque sigue manteniéndose el principio por ley, donde quien debe conducir la investigación es el Ministerio Público. Entonces, el convenio, que no lo conozco, debería incluir a las Policías su investigación de acuerdo con la información que tengan y sus propias bases de datos, su propia inteligencia y que esto sea tomado de manera automática por el Ministerio Público para que se pueda generar una orden de aprehensión”, dijo.
Escobedo, municipio encabezado por Clara Luz Flores, se convirtió en el primero en colaborar con el Ministerio Público.
El convenio impulsado por la plataforma Mesa Metrópoli Monterrey también fue firmado por el edil de Santiago, Javier Caballero; de García, Carlos Guevara; de Apodaca, César Garza Villarreal; de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos; de Monterrey, Adrián de la Garza; de San Nicolás, Zeferino Salgado; de Santa Catrina, Héctor Castillo Olivares.
Si bien la promesa en el Club Industrial fue tratar de mejorar los mecanismos de recepción de denuncias en las policías municipales y la capacidad de estos cuerpos de seguridad en el seguimiento de casos, el director de Renace pide certeza para que la información de la Policía Investigadora sea considerada.
“Lo que yo pediría es que la información que generen día a día las policías sea tomado en cuenta por la Fiscalía, y con esto se puedan generar órdenes de aprehensión, pero no sé si esto va suceder”, dijo Martín Carlos Sánchez Bocanegra.
Alivio para AEI
El grupo especial de elementos que conformaran la Policía Investigadora de los municipios metropolitanos será un alivio para la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que no cuenta detectives suficientes.
La creación de esta nueva corporación se concreta a casi ocho meses de que su director, Esteban Cantú, reconoció el pasado en diciembre que tiene un déficit de 500 elementos. Sin embargo, los delitos de alto impacto seguirán a su cargo.
La Policía Investigadora sólo podrán coadyuvar con el Ministerio Público, quien tendrá el mando para una investigación.
El número de elementos investigando sería un primer avance, lo que repercutiría en una mayor cobertura operativa, pues en Nuevo León, de 100 delitos que se cometen, solamente 17 son denunciados y los 83 restantes forman parte de una cifra negra.
