La tragedia registrada en el penal de La Toma en el municipio de Amatlán, Veracruz, donde perdieron la vida seis policías, solo era cuestión tiempo; este centro penitenciario -considerado como de baja peligrosidad- ya había sido observado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como una cárcel en condiciones para la inestabilidad.
Entre las anomalías propensas a la inestabilidad que prevalecían dentro del Penal de la Toma la CNDH alertó desde el 2016 la sobrepoblación, la insuficiencia del personal de seguridad y custodia, así como la ejecución de actividades ilícitas por parte de grupos de internos.
Esas actividades ilícitas que tuvieron consecuencias dentro y fuera del centro penitenciario de La Toma fueron las que motivaron al Grupo de Coordinación en materia de seguridad de Veracruz a trasladar a cuatro reos considerados de alta peligrosidad a un penal de máxima seguridad, según un informe a la prensa. La noche del sábado, al intentar realizar el traslado se originó el motín.
CNDH alertó desde el 2016 la insuficiencia del personal de seguridad y custodia, así como la ejecución de actividades ilícitas por parte de grupos de internos en el Penal de Amatlán
“Cuatro reos considerados de muy alta peligrosidad internados en el centro penitenciario de La Toma venían generando problemas graves de violencia en la zona conurbada Córdoba-Orizaba, y demás municipios de la región de las altas montañas”, informó en un boletín el Grupo de Coordinación la tarde de ayer.
Las consecuencias, además de la muerte de los policías, fueron: otra persona asesinada que no ha podido ser identificada como custodio o interno -puesto que no portaba uniforme-, además de 15 policías y siete reos heridos. Asimismo, se notificó que un grupo de internos -sin confirmar el número- estaba siendo atendido en la enfermería del centro penitenciario por heridas leves.
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De acuerdo al “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016” de la CNDH, en la prisión de La Toma solo uno de los cinco rubros observados -el de la Atención a Grupos Internos con Requerimientos Especiales-era el que registraba condiciones aceptables, los otros cuatro se mantenían en un ponderación de 6 a 8 puntos de un total de diez posibles.
Los renglones en los que esta prisión fue evaluada con baja calificación, durante el último diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, estuvieron relacionados con los aspectos que garantizan la seguridad personal del interno, los referentes a una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad y los trabajos institucionales para la reinserción social del interno.
La ponderación total que la cárcel de Amatlán registró en el último diagnóstico realizado por la CNDH, fue de 7.59 puntos en una escala de diez, la que si bien es cierto que era la más alta de todas las cárceles estatales de Veracruz, (Coatzacoalcos, Pacho Viejo y Acayucan) también resulta que estaba por debajo del promedio de las cárceles de Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro.
Cabe señalar que en términos generales, las cárceles de Veracruz, según el diagnóstico de la CNDH, mantienen 6.54 puntos de calificación, una de las más bajas a nivel nacional.
7.59
La cárcel de Amatlán, en donde el pasado fin de semana estalló la violencia a causa del traslado de cuatro internos, ya contaba con antecedentes públicos de malas condiciones, expuestos por familiares de internos, los que habían señalado carencias sustanciales en alimentación, ropería, calzado, servicios médicos, de comunicación y visitas familiares.
Policías murieron por asfixia
En las primeras investigaciones sobre la tragedia ocurrida dentro del penal de Amatlán, se indica que los seis policías estatales y municipales de Córdoba, que perdieron la vida en el operativo del sábado, fueron asfixiados, según el Grupo de Coordinación.
“Al ingresar al centro, seis de los elementos policiacos fueron agredidos y encerrados en un espacio sin salida. Los internos prendieron fuego y provocaron que con el humo se intoxicaran y perdieran la vida los seis policías. La Fiscalía General del Estado ya practicó los dictámenes periciales correspondientes, mismos que indican que la muerte fue provocada por asfixia, por confinamiento”, se detalló en el informe.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, explicó en conferencia de prensa que dos de los internos considerados de alta peligrosidad tuvieron que ver en el homicidio de los elementos policiacos.
Lo anterior, ocurrió luego de que Yunes desmintiera un audio que circula en redes sociales en donde se acusa al secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Téllez Marié, de haber amenazado de muerte a los internos Manuel Escalona Barradas, apodado “El Cachorro”, y Josele Márquez Balderas, “El Chichi”, durante el conflicto dentro de la penitenciaría.
“Ninguna persona, ningún funcionario público, ha amenazado de muerte a nadie. Las personas a las que hace referencia (Manuel Escalona y Josele Márquez) en el audio, que yo también escuché, son algunos de quienes participaron precisamente en la muerte de nuestros compañeros.
“Son personas que estaban confinados en un lugar y que al llegar el secretario de Seguridad Pública les pidió que bajaran, que se entregaran a la policía, que cesaran en su actividad de oposición para evitar que tuviera que entrar la fuerza pública al espacio donde se encontraban”
Vinculados con asesinato de periodista
Manuel Escalona “El Cachorro” y Josele Márquez “El Chichi”, internos que presuntamente tuvieron participación en el asesinato de los policías durante el motín registrado el sábado, se encuentran vinculados con el homicidio de la periodista Anabel Flores, cuyo cuerpo fue hallado en los límites de los estados de Puebla y Veracruz, cerca de Tehuacán, en 2016.
Fuentes extraoficiales también indican que Escalona Barradas, expolicía municipal, en coordinación con Márquez Balderas, pretendía el control del penal, y para ello abrió un frente de guerra contra un grupo de internos relacionados en sus procesos penales con el cartel del Golfo, a quienes trataron de someter mediante la extorsión y el cobro de piso.
Además, se apunta que “El Chichi” no sólo mantenía sometidos a diversos grupos de internos, sino que también actuaba contra elementos del cuerpo de custodia, a los que mantenía a su disposición bajo intimidación y amenazas, siempre señalando la posibilidad de ser secuestrados por una célula de Los Zetas.
Cabe recordar que “El Chichi”, también se encuentra procesado como autor intelectual del asesinato de la periodista Anabel Flores, y que tras una estancia en el penal federal de Puente Grande, fue regresado a la cárcel estatal de La Toma.
