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La visita que hará mañana el Papa Francisco al penal de Ciudad Juárez ocurrirá en medio de una de las peores crisis del sistema penitenciario del país.
El Sumo Pontífice será testigo directo de los 7 pecados capitales que amenazan las cárceles mexicanas: Corrupción, narco, abusos, extorsión, tortura, autogobierno y violencia.
El enfrentamiento en el penal de Topo Chico, en Monterrey, que provocó la muerte de 49 reos, dejó al desnudo las condiciones de las prisiones en México, donde predominan el hacinamiento, el nulo respeto a los derechos humanos y las condiciones de autogobierno.
La denuncia sobre las malas condiciones en las que operan los penales en el país no viene solamente de organizaciones nacionales; incluso, la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre el mal funcionamiento de las cárceles mexicanas.
Ayer, Reporte Índigo publicó que la crisis en el sistema penitenciario se encuentra en uno de sus momentos más álgidos, a lo que se suma el impasse en que se encuentra la Ley de Ejecución Penal que intenta modificar el balance del poder al interior de las prisiones.
El de Topo Chico no ha sido el único hecho de violencia en las cárceles.
El Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua –que visitará el Papa-, también se ha visto empañado por situaciones de violencia.
Antes de su llegada al lugar, el Cereso fue remodelado en las zonas que visitará el Papa Francisco, quien no verá las verdaderas condiciones de la cárcel, ésas que se repiten en todo México, y que han provocado hechos por los que se han perdido decenas de vidas.
Fantasmas de violencia
Al Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde el Papa Francisco se reunirá con 700 internos -550 hombres y 150 mujeres-, lo recorre el fantasma de la violencia que predominaba en él hasta hace unos años.
La ciudad era una de las más violentas de México. Además de los más de mil feminicidios que se registraron en la ciudad, en Juárez también ocurrieron múltiples enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, pandillerismo y un incremento en las adicciones.
Todo eso se reflejaba en la prisión local.
Durante los años de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el penal de Ciudad Juárez fue escenario de riñas, enfrentamientos, asesinatos y condiciones de autogobierno que cobraron la vida de decenas de personas.
Los hechos sangrientos eran cosa de todos los días en el penal de Ciudad Juárez, que antaño estaba manejado por el Municipio y desde septiembre del 2011 pasó a manos del Gobierno estatal.
Una de las masacres ocurrió en marzo del 2009, cuando reos pertenecientes al grupo criminal de Los Aztecas sometieron a los custodios para poder asesinar a 20 prisioneros de dos bandas contrarias.
Los grupos antagónicos a Los Aztecas eran Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, pertenecientes al cártel de Sinaloa. Además de los 20 muertos hubo siete heridos.
Otro hecho violento ocurrió en julio del 2011, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Juárez y Sinaloa dejó un saldo de 17 muertos.
La prensa dio a conocer que un día antes de la matanza, se había llevado a cabo una orgía al interior del penal.
Días después de que el penal pasara al control del Gobierno estatal, se dio a conocer que en el interior de la cárcel había celdas con instalaciones y mobiliario de lujo, lo que habla de las condiciones de ingobernabilidad de lugar.
El Cereso 3 de Ciudad Juárez fue uno de los penales evaluados en el 2014 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
En el documento, la CNDH indicó que el área menos desarrollada del penal es la existencia de acciones carcelarias para internos con requerimientos especiales.
Por ejemplo, no hay dietas adecuadas para los adultos mayores; no existe registro alguno de los internos con discapacidad física; y son deficientes los programas de desintoxicación voluntaria y de prevención de adicciones.
Otro aspecto mal evaluado en el penal de Ciudad Juárez es el que tiene que ver con todos los elementos que garantizan la integridad física y moral de los internos.
Dentro de esta categoría, el primer tema que destaca es la sobrepoblación y el hacinamiento, que es del 38 por ciento.
El Cereso 3 tiene capacidad para 2 mil 005 internos; cuando la CNDH realizó su visita de evaluación, había 2 mil 768 presos.
Otros problemas del penal es que no hay un consultorio dental, faltan medicamentos y material de curación; y no hay prevención de hechos violentos ni para denunciar o prevenir violaciones a los derechos humanos.
ONU: Topo Chico, con autogobierno
Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre Tortura, pidió ayer a las autoridades mexicanas investigar a fondo qué ocurrió en el penal de Topo Chico y dar una explicación a las familias.
En el 2014, Méndez entregó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización su Informe México. En él, dedicó un espacio especial a la situación de las cárceles en el país, en donde destacó las malas condiciones en que operan los penales en México.
El Informe México destaca que el índice promedio de hacinamiento en las prisiones es del 20 por ciento; sin embargo, en lugares como Tijuana o Nezahualcóyotl, el índice es del 260 y el 120 por ciento, respectivamente.
Uno de los penales que visitó el relator fue el de Topo Chico, en Monterrey.
Méndez expuso que en ese penal había mucha flexibilidad en las condiciones de reclusión de los reos, lo que propiciaba que hubiera un autogobierno.
“Esto resulta en excesivo control por parte de los internos sobre los servicios, beneficios y funcionamiento de la prisión (autogobierno), provocando inequidades en el goce de derechos, corrupción y situaciones de violencia e intimidación entre los internos”, expone el informe.
Méndez llamó la atención particularmente en un espacio conocido como “la canina”, un pequeño recinto que se encontraba dentro de la cárcel de Topo Chico y donde convivían “en condiciones inaceptables de espacio y salubridad” más de 40 personas que presuntamente requerían de protección.
En el penal de Topo Chico, el relator especial detectó también aplicación de condiciones inhumanas de aislamiento, incluso de meses, a reos que eran castigados; instalaciones en condiciones deplorables y entornos con pésima sanidad.
Estas mismas características fueron encontradas en los penales de Nezahualcóyotl, Tijuana y Santa Martha Acatitla.
Ayer, Reporte Indigo publicó que la crisis en el sistema penitenciario se encuentra en uno de sus momentos más álgidos, a lo que se suma el impasse en que se encuentra la Ley de Ejecución Penal que intenta modificar el balance del poder al interior de las prisiones.
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