Vencido el plazo de su arraigo el último minuto del domingo 24 de junio, el General Tomás Ángeles Dauahare recibió un segundo periodo por otros 40 días más y permanece en el edificio de la Colonia Doctores que la PGR tiene habilitado para tal fin.
La razón de su permanencia es una llamada anónima, en la que al militar se le señala por haber presionado a los estudiantes para consumir y vender sustancias prohibidas en el Colegio Militar.
Esto en la época en que Ángeles Dauahare fuera director de tal instituto. Si no lo hacían, supuestamente el General los acusaría por tráfico de drogas.
Sobre esa supuesta llamada, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, en entrevista con Reporte Indigo, cuenta: “No la he conocido, no la tengo a la vista. La voy a tener a la vista una vez que rinda el informe la autoridad”. Lo que sabe hasta el momento se desprende del cuaderno de arraigo.
Para él, lo vertido en la llamada no le merece opinión alguna. “Eso y nada es lo mismo, es una constancia que no tiene mayor relevancia”, dice.
Resulta, por decir lo menos, “curioso”, que se hubiera dado constancia de esa llamada anónima, dos días antes de que venciera el arraigo.
“Que no se olvide que el día 20 de junio, el pasado miércoles, se me pusieron a la vista en una formal diligencia, todas las imputaciones que hay contra el General, y no se me puso esa llamada anónima”, reconoce.
Por un lado, ese día, al abogado no le presentaron las diligencias con las que se busca corroborar los dichos de las cuatro imputaciones. Por el otro, tampoco se exhibe la llamada anónima.
Hasta ayer, el propio General no tenía aún una opinión sobre esa llamada anónima.
Carta al Presidente y a la SCJN
Con fecha siete de junio, el General Ángeles dirigió una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de poner a su consideración el caso. La Oficialía de partes de la Presidencia le puso sello de recibido el día 15 de junio.
En el cuerpo de la misiva, el General expone la falta de sustento de la que adolecen las imputaciones que se le hacen.
Enviar la carta al presidente fue idea del propio General y de su abogado. Igual fue idea de ambos enviarla al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza. La idea es sensibilizara ambos sobre el carácter injusto de la situación jurídica del ex subsecretario de la SEDENA.
Hasta el día de hoy no ha habido respuesta de Los Pinos ni de la Suprema Corte.
“Para la familia fue una tranquilidad, ya que sabemos que sus intenciones son consignarlo y trasladarlo a un penal de máxima seguridad, y como no tienen elementos para consignarlo, la ampliación del arraigo resultó ser lo más lógico”, nos comenta Juan Manuel Flores, yerno del General, quien está casado con Adriana Ángeles.
Para el abogado Sánchez Reyes, esta ampliación del arraigo hace evidente que no tenían una indagatoria sólida, al día 40.
No tenían “elementos de convicción que permitan a la Fiscalía de la federación ejercitar acción penal. Por consiguiente, no permiten que un juez libre la orden de captura”.
