El apéndice A contiene ‘datos de apoyo a la confiscación’ y que se había ordenado que estuviera sellado ‘para impedir la divulgación prematura de pruebas’
Las siete propiedades que adquirió en Texas el hijo del exgobernador hidrocálido, Luis Armando Reynoso López, durante la gubernatura de su padre, están vinculadas a una investigación criminal en curso en Estados Unidos.
El primero de julio, la Corte del Distrito Oeste -con sede en San Antonio- dictó una orden para que las cuatro casas, los dos terrenos y el lote comercial fueran incautadas.
Los primeros documentos del juicio no mencionaron a ningún dueño de los inmuebles, tampoco que se trataba de un caso criminal, que podría vincularse con lavado de dinero. Solamente dieron datos de sus direcciones y coordenadas. La acusación, sin embargo, mantuvo desde un inicio como sellado el apéndice A, el cual detalla la cronología de hechos y pruebas que llevó a que el fiscal Robert Pitman solicitara una orden de confiscación de las propiedades.
El 19 de agosto, un mes y medio después de que se incautaran los inmuebles, el abogado de Reynoso López, Todd Alan Prins, presentó un escrito en el que reconoció por primera vez que el hijo del exgobernador tiene interés jurídico en el caso.
Prins funge como el agente registrado de varias empresas de Reynoso López, documentadas por este diario en junio del año pasado.
El documento pide que se le dé acceso a una parte que aún está sellada del expediente, para elaborar su defensa.
El juez Pitman negó la petición, bajo el alegato de podría afectar una investigación criminal en curso, de acuerdo con las versiones públicas de la Corte, a las que Reporte Indigo tuvo acceso.
El exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, ha sido investigado por la Procuraduría local por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las propiedades del junior
La demanda para desclasificar los documentos provino de Luis Armando Reynoso, en lo individual, y su compañía LRL-AC International Real Estate Holdings, LLC, creada el mayo de 2012, cuyo nombre contiene las iniciales del joven, quien además ha sido su único administrador.
El primero de julio, la Corte presentó una queja verificada para confiscar las siete propiedades compradas por el hijo del exgobernador entre junio y diciembre de 2009, un año y medio antes de que su padre dejara la gubernatura.
El caso ha estado enfocado en los terrenos ubicados en el 6192 y el 6250 de West Montgomery Road, el lote comercial en el 1116 de West Blanco Road y las cuatro casas del condominio Campanas, en las afueras de San Antonio.
Estas propiedades han sido manejadas desde entonces por el hijo del exgobernador, de quien Reporte Indigo publicó que organizó una fiesta de cumpleaños y mostró un video en el que exhibió una serie de gastos superiores a los del cargo que ostentó su padre.
Desde que inició el juicio, en julio, no se había hecho referencia a Reynoso López, que tiene actualmente la propiedad directa de tres de los inmuebles, ni a su compañía LRL-AC International Real Estate Holdings, que posee las cuatro casas al interior del condominio Campanas, en las afueras de la ciudad de San Antonio.
El aviso fue publicado y se solicitó que los demandantes explicaran por qué las propiedades no debían ser embargadas.
El hidrocálido contestó por medio de su abogado, el mismo mediante el cual se realizaron los trámites legales para la compra de los inmuebles y la creación de las compañías que la familia Reynoso posee en el condado de Bexar.
El argumento que alegó el despacho de Prins fue que los demandados “son incapaces de levantar cualquier defensa, o formar una creencia sobre la veracidad de las alegaciones afirmadas en contra de ellos”.
Arguyó que no podían hacer una defensa correcta si no tenían acceso a los documentos sellados de la acusación, los cuales explican el motivo de la incautación de los bienes.
El bufete de Prins ofreció ver los documentos a puerta cerrada o bajo una orden de confidencialidad.
Incluso, acusaron al juez que negarse a mostrarle la parte sellada del juicio sería una falta al derecho al debido proceso que tiene el hijo de Reynoso Femat.
En el documento de petición, el abogado subraya que “no desean que la información contenida dentro de la documentación sellada sea pública”.
La secresía de la Corte
El interés de la defensa del mexicano se ha centrado en el anexo A de la acusación.
El 26 de agosto, la Corte contestó a Reynoso López que el apéndice A contiene “datos de apoyo a la confiscación” y que se había ordenado que estuviera sellado “para impedir la divulgación prematura de pruebas” y porque contiene hechos y circunstancias relacionados “con una investigación criminal en curso, cuya divulgación podría afectar negativamente a esta investigación”.
También pretenden que con la divulgación de este apéndice no se contribuya a la “destrucción de evidencia” de esta investigación criminal, que estaría relacionada con la compra de las propiedades que adquirió Reynoso López durante el periodo en que su padre fungía como funcionario público.
La única parte del expediente que se ha divulgado hasta ahora ha sido la descripción de los inmuebles y su ubicación, así como la petición del fiscal para que se confiscaran las propiedades.
El juez también desechó el argumento de que este sello violaba el derecho al debido proceso, debido a que tanto Reynoso López como su abogado “siguen teniendo acceso total a las propiedades demandadas”.
Incluso, asegura que la Corte ha buscado que cualquier otra persona o empresa que tenga interés jurídico sobre los inmuebles esté enterado del juicio y pueda realizar reclamaciones.
La Fiscalía dijo estar de acuerdo en que el juez revise las pruebas contenidas en este apéndice y pueda tener una declaración jurada, que también quedaría sellada, con los agentes que están investigando el caso criminal.
El juez determinó que el apéndice permanecerá sellado “hasta nueva orden de esta Honorable Corte”.
