Casineros denuncian maquinación de delito

Los socios del casino La Fortuna cuestionaron el revés judicial propinado por un magistrado, quien giró una nueva orden de aprehensión en contra de ellos por el delito de falsificación de documentos.

Mediante un comunicado, firmado por Margarita Cardona Calderón, hermana de dos de los dueños del centro de apuestas, informaron que los abogados del juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, se “sacaron de la manga” la imputación.

Este juzgador es señalado como el autor intelectual del despojo del establecimiento, y es investigado por lavado de dinero, tanto por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, como por la Procuraduría General de la República.

Según la misiva, los litigantes Erick Garza Treviño y Juan Antonio Villarreal Gutiérrez, operadores de Jerezano Treviño, promovieron el recurso que fue turnado al Juzgado Primero de lo Penal en el Estado.

El titular de esa primera instancia, Luis Andrés Moya González, negó girar la orden de aprehensión en contra de los casineros Sergio Jiménez Escobar, Arturo Cardona Calderón y Jesús Andrés González González.

Estos dos últimos socios siguen presos en el penal de Cadereyta.

Sin embargo, los representantes legales apelaron la negativa y la denuncia procedió en un Tribunal Colegiado, donde el magistrado José Eugenio Villarreal Lozano resolvió aprehender a los dueños, aunque carece de esas atribuciones.

“Una vez revisada la denuncia, el magistrado debe de ordenarle al juez que proceda con la orden de aprehensión. Él no tiene por qué dar esa orden, no es su trabajo, su trabajo consiste en ordenarle al juez que proceda o no”, cuestiona el comunicado.

“Detrás de todo esto sigue estando el juez federal suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, cobrando favores o pagando efectivo”.

El nuevo delito deriva de un acta falsa de una supuesta Asamblea General de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora de La Fortuna.

La Procuraduría General de la República determinó que ese documento es apócrifo, porque resultó del secuestro de Arturo Cardona Calderón, quien fue obligado a ceder sus acciones en la compañía el 14 de mayo de 2012.

La dependencia federal emitió una medida cautelar con la que dejó sin efectos el acta y ordenó el aseguramiento de la sociedad.

El documento fue protocolizado ilegalmente por el Notario Público Número 35 de Nuevo León, Ricardo Efraín Vargas Güemes.

Este segundo juicio se suma al que se lleva en el Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado, a cargo de Raymundo Martínez González, por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.

Cabe destacar que las pruebas aportadas dentro de estos dos procesos se contradicen, pues los denunciantes mostraron escrituras públicas diferentes en cada uno, con las que pretenden demostrar que poseen derechos sobre el casino.

Sin embargo, esa irregularidad no llamó la atención del magistrado, que en lugar de confirmar, o no, una orden de aprehensión, fue él mismo el que giró la resolución, aunque no tiene atribuciones para hacerlo.

Los casineros también destacaron que tanto Erick Garza Treviño, como Jerónimo Garza Chaib, quienes se ostentan como apoderado y administrador único del negocio, respectivamente, tienen órdenes de arresto porque no se han presentado a los juicios.