Guadalajara le abrió las puertas de par en par a la instalación y operación de los casinos, pese a su historial como una de las principales ciudades en México para el lavado de dinero.
Hoy, buena parte de los avisos o alertas que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por operaciones con riesgo de lavado, provienen justamente de los centros de juegos con apuesta, concursos o sorteos, según los registros de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtenidos por Reporte Indigo.
Hasta antes del 9 de agosto pasado, ninguna autoridad había hecho algún señalamiento formal por lavado contra los casinos de Guadalajara, pero eso cambió ese día con las sanciones del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al entramado empresarial que ligó con Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante.
Aquella ocasión en que la OFAC acusó a 42 firmas de Jalisco -41 en la metrópoli, y una en Puerto Vallarta- de apoyar a las actividades ilícitas de Flores Hernández, incluyó ahí al Grand Casino de Zapopan, municipio que se ha caracterizado por alojar a la mayor parte de estos giros en el estado.
Ese casino ahora en la mira de la OFAC, le había significado ingresos al gobierno de Zapopan por 6 millones 210 mil 008 pesos en permisos desde el 2012, de los que 2 millones 254 mil 673 pesos fueron recaudados ya por la gestión del alcalde Pablo Lemus Navarro en 2016 y 2017.
Actualmente en toda la metrópoli sus autoridades reportan vía transparencia la existencia de 21 casinos: Zapopan, con nueve y uno más clausurado; Guadalajara, con ocho; Tonalá, con dos, y Tlajomulco, con uno, pues Tlaquepaque dice no contar con ninguno.
Desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a 2017, los centros de juegos con apuesta, concursos o sorteos del país han emitido 565 mil 581 avisos por operaciones vulnerables al lavado.
En 2013 emitieron solo cuatro de estos avisos a la SHCP, luego no han hecho más que crecer: en 2014 fueron 69 mil 038; en 2015, 110 mil 248; en 2016, 275 mil 483; y en 2017 a mayo ya iban 110 mil 808, según la solicitud de información 0000600188617.
Alertas por blanqueo
La Ley Federal anti-lavado publicada en octubre de 2012 creó un abanico muy amplio de sujetos obligados bajo su regulación, divididos en dos grandes campos: el de las instituciones del sistema financiero; y el de aquellos que desarrollan las llamadas actividades vulnerables al blanqueo.
En las actividades vulnerables al lavado se incluyó, por ejemplo, la compraventa de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; el traslado o custodia de dinero o valores; las que usan tarjetas de servicios o de crédito; y los juegos con apuesta, concursos o sorteos, donde se insertan los casinos.
Todos estos sujetos obligados de esa Ley deben emitir un aviso a la UIF de la SHCP, por cada operación que cataloguen como sospechosa o riesgosa de lavado, de acuerdo con esa regulación; estos avisos son analizados por la UIF y pueden dar lugar, incluso, a denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 9 de agosto, la OFAC acusó a 42 firmas de Jalisco de apoyar las actividades ilícitas del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, incluyó al Grand Casino de Zapopan
Peligro de blanqueo
Los registros de la UIF indican que en 2016, de todos los sujetos obligados en actividades vulnerables, los que realizaron juegos con apuesta, concursos o sorteos ocuparon el cuarto sitio nacional en avisos por operaciones con riesgo de lavado, con 275 mil 483, solo debajo de tres ámbitos.
En primer lugar, el de compraventa de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, con un millón 024 mil 734 avisos; seguido por el de actividades con tarjetas de servicios o de crédito, con 574 mil 577; y en tercer lugar, el de mutuo, préstamos o créditos, con 337 mil 918.
En cambio, en toda la vigencia de la ley, desde 2013 a 2017, los operarios de juegos con apuesta, concursos o sorteos ocupan el quinto escaño nacional por emisión de estos avisos a la SHCP, con 565 mil 581, superados por cuatro ámbitos.
El de compraventa de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, con 4 millones 551 mil 262; el de operaciones con tarjetas de servicios o de crédito, con un millón 542 mil 665; el de mutuo, préstamos o créditos, con un millón 011 mil 921; y el de derechos personales de uso o goce de inmuebles, con 688 mil 995.
Vía transparencia, autoridades reportan la existencia de 21 casinos en Jalisco; nueve en Zapopan y uno más clausurado, ocho en Guadalajara, dos en Tonalá y uno en Tlajomulco
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Expuestos y vulnerables
En octubre de 2016, la SHCP y la UIF que encabeza Alberto Bazbaz Sacal publicaron con la PGR y la Secretaría de Gobernación, la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.
Ahí se integró la más reciente Evaluación Sectorial de Riesgos que midió qué tan expuestos están los operarios de actividades vulnerables, incluyendo los casinos, a ser utilizados para el lavado y financiamiento al terrorismo.
Esa Evaluación analizó 3.4 millones de avisos emitidos por los sujetos obligados de actividades vulnerables del país, de 2012 a 2014, con estos resultados:
En el Riesgo Alto ubicó a los sectores de Compra y venta de vehículos; de mutuo, préstamo o crédito; y de transmisión de derechos sobre inmuebles. En Riesgo Medio a los sectores de juegos y Sorteos –donde se insertan los casinos-; de tarjetas de servicio y crédito; de metales, Piedras, Joyas y Relojes; y de obras de arte.
Y en Riego Bajo-Medio a los de Fe Pública; Arrendamiento de inmuebles; tarjetas pre-pagadas; Traslado y custodia de valores; recepción de donativos; Servicios Profesionales; tarjetas de devolución y Recompensas; y servicios de blindaje.
Entre los factores evaluados están las características de los productos, servicios y clientes; las zonas geográficas de operación; y los canales de distribución y de recepción de recursos.
“El riesgo mostrado para cada sector no se refiere al grado de utilización de éste para realizar operaciones de lavado o financiamiento al terrorismo, sino que denota su nivel de susceptibilidad para que algún cliente o usuario quiera utilizarlo para realizar dichas operaciones”, dice.
