La determinación del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, de abrir el expediente de la investigación sobre los tres estudiantes de cine que habrían sido asesinados, para que sea analizado por especialistas independientes, vendría a satisfacer la exigencia de las asociaciones ciudadanas por verificar el sustento técnico de la pesquisa que ha seguido la Fiscalía del Estado.
Las conclusiones que anunció la Fiscalía local sobre el caso han sido recibidas con profundo rechazo e inconformidad por la sociedad: según la autoridad, los tres jóvenes (Javier Salomón Aceves, de 25 años; Marco Ávalos, de 20 años y Daniel Díaz, de 20 años) fueron privados de su libertad en Tonalá, el 19 de marzo, por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que los asesinó y diluyó sus cuerpos en ácido.
Sandoval Díaz, ante la presión social que se ha suscitado, terminó por aceptar el llamado de las organizaciones ciudadanas dedicadas a la problemática de los desaparecidos, para confirmar el día de ayer que podrán participar expertos nacionales e internacionales ajenos al gobierno en el estudio del caso:
“Con el fin de que haya plena certeza sobre la investigación, quiero en este momento hacer pública mi total disposición a que la carpeta de investigación sea revisada por más de un organismo nacional o internacional que pueda certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con que cuenta esta carpeta, efectivamente corresponden con lo que sucedió en la realidad”.
De concretarse el planteamiento de las organizaciones ciudadanas del estado enfocadas en la atención de las desapariciones, y ya con la determinación anunciada por el gobernador, Jalisco podría contar con un ente con funciones similares a las que tuvo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Con respecto a las víctimas por la desaparición y muerte de los tres estudiantes de cine, Sandoval Díaz aseguró que “con ellos yo he hecho un compromiso y que habré de honrar: continuar el caso, seguir investigando y dar con todos y cada uno de los responsables para que sean castigados, y garantizar por supuesto que este caso no queda cerrado, que aquí no hay carpetazo”.
La única ocasión, sin embargo, en que el gobierno de Sandoval Díaz ha aceptado la intervención de un grupo de especialistas independientes para resolver alguna de las problemáticas del estado, no arrojó buenos resultados:
Se trata del caso de la presa El Zapotillo, detenida en medio de un conflicto legal y social, y para lo cual el gobierno local solicitó la intervención de la ONU a través de su Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); con su dictamen, se esperaba, finalmente se legitimaría socialmente el proyecto y su conveniencia, y podría destrabarse así la continuidad de la obra.
Sin embargo, lejos de las expectativas que se habían puesto sobre la UNOPS, el anuncio de sus resultados, el 29 de junio de 2017, fue recibido por los grupos opositores a la presa con gran inconformidad y sospecha, por lo que el proyecto sigue sin poder avanzar hasta hoy, no obstante que la intervención de esa agencia de la ONU tuvo un costo para el erario cercano a los 90 millones de pesos.
