Mireles, consigna de estado

Para la defensa jurídica del jefe fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, la liberación de éste ya no es una cuestión de derecho; se trata de “una consigna de Estado” que evidencia el grado de corrupción que prevalece en el sistema judicial mexicano que atenta contra los derechos humanos del detenido.

Desde hace 10 meses, el doctor Mireles no ha podido lograr que se le dicte sentencia a un incidente que lo podría poner en libertad, esto porque el juez de la causa simplemente ha puesto tiempo de por medio, sin argumentar causa justificada.

En una reunión sostenida con la defensa, el juez Rubén Olvera dijo que no se ha pronunciado en el veredicto final del incidente a causa de la excesiva carga de trabajo.

De acuerdo al abogado Ignacio Mendoza, quien encabeza el equipo de abogados del doctor Mireles, la “consigna de Estado” a la que hoy se enfrenta el fundador de los grupos civiles armados -que se alzaron contra el crimen organizado-, es una cuestión que tiene que responder el Consejo de la Judicatura Federal.

El pasado 20 de febrero, el titular del Juzgado Quinto en Materia Penal con sede en Uruapan debió haber dictado una sentencia sobre el incidente que reclama la modificación de medidas cautelares de prisión preventiva, pero no se ha obtenido ninguna respuesta del juez.

Por derecho, explicó el abogado Ignacio Mendoza, al doctor Mireles Valverde le asiste el beneficio de dejar la prisión preventiva, toda vez que el delito por el que es acusado dejó de ser considerado como grave, de acuerdo al decreto conocido como Miscelánea Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 17 de junio del 2016.

Sin embargo, pese a que la solicitud que se presentó debidamente fundada y motivada el 13 de julio del 2016, el beneficio fue negado el 23 de julio y se procedió a la apelación ante un tribunal de alzada.

El 2 de diciembre del 2016, el tribunal superior revocó el fallo emitido por el Juzgado Quinto en Materia Penal con sede en Uruapan, ordenando al juez emitir un nuevo fallo con el que se dejaba abierta la posibilidad del otorgamiento del beneficio de la libertad condicional.

Pero el Juez Quinto de lo Penal, Rubén Olvera Arreola se ha negado a decidir sobre el tema, aun cuando está obligado a ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ignacio Mendoza aseguró que la defensa iniciará una campaña mediática para denunciar la corrupción que existe entre algunos encargados de la impartición de justicia.

“Vamos a invitar a toda la comunidad jurídica del país, a que denuncie a todos los jueces corruptos”, dijo el abogado, quien consideró que “ya estuvo de que al poder judicial no se les toque”, y que la sociedad en general tenga que soportar decisiones injustas en miles de procesos penales que transcurren en medio de irregularidades en todo el país, en donde existe una mala impartición de justicia.

Denuncia penal contra el juez

Ignacio Mendoza Jiménez recordó que el pasado 9 de mayo se hizo la denuncia penal en contra de Olvera Arreola ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la Republica (PGR), por ilícitos contemplados en el artículo 225, fracciones VI y VIII del Código Penal Federal.

La conducta del juez denunciada por el abogado de Mireles está tipificada como Delito Contra la Administración de Justicia Cometido por un Servidor Público, que enmarca en el precepto de “omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva licita, dentro de los términos dispuestos por la ley”.

También, desde el punto de vista jurídico de Ignacio Mendoza, ha incurrido en el antisocial de “Retardar o Entorpecer Maliciosamente o por Negligencia la Administración de la Justicia”.

El abogado Ignacio Mendoza Jiménez, insistió en que se habrán de buscar por todos los mecanismos legales al alcance que el juez Rubén Olvera Arreola sea sometido a proceso penal y en consecuencia sea destituido de su cargo, pues consideró que de forma arbitraria y por omisión “está violando los derechos del doctor Mireles”.

Evidencia en video

Un video filtrado de una reunión sostenida entre familiares y la defensa de Mireles con el juez Olvera, evidencia no solo la falta de intención del juzgador para emitir una sentencia sobre el incidente, sino que deja ver que el mismo juez dice desconocer los contenidos en el expediente del inculpado.

En el video se escucha la voz del abogado Ignacio Mendoza, quien le reprocha al juez la tardanza en la resolución: “nos había comentado usted que nos iba a resolver entre el viernes dos o tres algo así creo”, le dice el litigante, a lo que el juez acepta: “así es, hace 15 días más o menos”, pero argumenta que “tiene algunos ajustes que no he podido hacerle”, a causa de la carga de trabajo que tiene.

El intento de explicación del juez sobre la dilación en la sentencia de libertad de Mireles termina por exacerbar a la doctora Virginia Mireles, quien sin tapujos le dice: “está recibiendo un sueldo que nosotros los contribuyentes estamos pagando, y que todos sabemos que no es poco lo que usted está ganando, para que usted diga que no tiene tiempo, que tiene mucho trabajo (…)”.

Antes de dar por concluida la entrevista con el juzgador del fundador de las autodefensas, la doctora Virginia Mireles es más directa: “entonces en mi mente yo diría: o necesita retirarse de este puesto o necesita traer más gente. Entonces cuando usted me dice ‘esto tiene que ser calmado’, yo digo cabrón, o sea, usted no está allí. Nada sabemos como familia, lo único que sabemos es que tenemos un familiar encarcelado y enfermo”.

Sigue el proceso

El abogado Mendoza pidió que cualquier decisión que haga el juzgador la sujete a derecho, pues de ser así lo que viene es la libertad del fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán.

Pero por lo pronto estima que el juicio -con el doctor Mireles en libertad o en prisión- habrá de continuar.

“El juicio va a estar muy bueno”, dijo, pues la defensa estima que existen elementos para llamar a declarar al secretario de Gobernación y al propio director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quienes avalaron la portación de armas por las que hoy se encuentra preso José Manuel Mireles Valverde.

Dijo que se llamará a declarar a ambos funcionarios pues “el doctor Mireles se reunió con ellos, y ellos dieron la atención”, por lo que consideró que sus declaraciones  serán fundamentales para alcanzar el esclarecimiento del proceso y la absolución del inculpado.