"Lo que se encontró es que había una enorme cantidad de millones de dólares que habían sido defraudados en razón de que estaban garantizados con estimaciones presupuestales falsas”
“Toda aquella información relacionada con este asunto, debe ser tratada y clasificada como reservada y confidencial”, respondió ayer Emilio Lozoya a la Cámara de Diputados sobre el caso Oceanografía.
La comparecencia del director de Pemex fue un alud de reiteraciones. Repitió que la paraestatal continuaba trabajando de forma normal, que investigarán el caso y que no se trata de una venganza política.
El Procurador Jesús Murillo Karam justificó la intervención exprés del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La causa, aseguró, es que en este caso era más importante proteger a los 11 mil trabajadores de Oceanografía, la actividad de Pemex y a Banamex, que consignar primero a los responsables del caso, de los que ahora solo se saben algunos nombres por filtraciones a la prensa.
El titular de la Procuraduría General de la República fue más allá: dijo que el caso Oceanografía tomará tiempo, porque se está revisando toda la información contable para determinar quiénes deben ser consignados y procesados penalmente.
La intención de este gobierno, aseguró, es que se sepa que cualquier empresa en México está protegida y que velarán por sus intereses.
No se refería a los ciudadanos, sino a la multinacional Citigroup, que prestó dinero a Oceanografía por medio de su filial mexicana, Banamex.
Fuera de eso y de los discursos de los partidos políticos, unos alabando el actuar de Pemex y otros repitiendo que “esperan que se llegue hasta las últimas consecuencias”, los detalles sobre la operación de fraude que afectó a Banamex siguen en lo oscuro.
Lozoya entregó por escrito a los diputados que la información medular sobre este caso “debe ser manejada por las partes involucradas, con el sigilo y secrecía que la ley prevé y a la cual están obligadas por su condición jurídica en la citada investigación”.
