Para disminuir la posibilidad de contagios de COVID-19, órganos como la SCJN decidieron hacer uso de plataformas digitales como Zoom para llevar a cabo su labor de impartición de justicia a distancia.
Un ejemplo ocurrió durante el mes de mayo, a dos meses del inicio del confinamiento, cuando los ministros dieron marcha atrás a las modificaciones a la Constitución del estado de Baja California donde se pretendía extender el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.
Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, calificó dicha reforma como un “gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”, mientras que Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que con el rechazo de la iniciativa se logró restaurar el Estado de Derecho y recordó que en 2021 habrá 15 elecciones de gubernaturas, incluido Baja California.
Otro caso que se trabajó a distancia ocurrió a finales de julio cuando la Primera Sala de la Suprema Corte devolvió el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz, pues los ministros se enfocaron en si existía o no omisión legislativa del Congreso estatal y no se discutió de fondo el proyecto.
Únicamente el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá votó a favor, mientras que las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, así como Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se mostraron en contra.
La audiencia inicial de imputación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y quien compareció por videoconferencia, también fue otro suceso que se llevó a cabo a distancia no solo por las medidas de salubridad, sino por el estado de salud del acusado.
Desde el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, Lozoya escuchó la imputación que la Fiscalía General de la República hizo del caso Agro Nitrogenados por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, aunque fue vinculado a proceso, se decidió que el acusado portará un brazalete electrónico y se le pidió hacer entrega de su pasaporte y visa para evitar que salga del país.
Tras darse a conocer el caso y ya que lo consideró como un asunto de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el video que entregó Lozoya a la Fiscalía como prueba de sobornos en actos de corrupción debe darse a conocer en redes sociales y en la televisión sin que se viole el debido proceso pues afirmó que el pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad.
Propuestas para el cambio a distancia
Como forma de adaptarse a la nueva normalidad, el Senado de la República analizó los alcances de una reforma a la Constitución para que se pueda sesionar, votar y legislar a distancia, sin caer en una falta de legalidad que ponga en riesgo el trabajo legislativo.
De acuerdo con un comunicado del Senado, el 14 de abril del año en curso, la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, dijo que la iniciativa trata de solventar los vacíos que impiden tener sesiones virtuales y agregó que no será un instrumento que se pueda utilizar en cualquier momento, sino en contingencias específicas.
Por su parte, el senador Damián Zepeda Vidales, adelantó que en las propuestas del Partido Acción Nacional (PAN) se establece que las sesiones virtuales se realicen con el respaldo de dos terceras partes del Senado, pues así se dará garantía de que sólo serán convocadas cuando exista un consenso y con una agenda previamente establecida.
En entrevista, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirma que se prevé una reforma a la Constitución y en su Ley Orgánica para que las sesiones puedan realizarse de forma remota.
De acuerdo con la diputada, la prioridad es cuidar la manera en cómo se harán las sesiones pues algunas podrán ser de manera virtual y otras serían semipresenciales.
“Si se trata de reuniones semipresenciales, consistiría en que un número reducido de diputados, proporcional al tamaño de la fuerza política de cada partido asistan, y los que no, estarían en sus domicilios con un aparato especial que capta su huella digital, iris y la forma de su cara para que cuando voten se verifique que la persona es diputada o diputado”, explica.
Padierna señala que si bien al principio había dudas por parte de algunos miembros de la Cámara, ya que se argumentaba que si dicha medida no la establece la Constitución carece de valor, se ha trabajado para poder entender que la pandemia, de la cual aún no se tiene certeza cuándo terminará, no puede ser motivo para detener actividades.
“Tal vez falta reforzar la manera en que se dé atención al público, por ejemplo, con la opción de abrir sitios en línea de atención ciudadana para que no se suspenda la recepción de las demandas o quejas de la población”, agrega.
Por último, la diputada asegura que las sesiones semipresenciales se harán una vez que los 500 miembros de la Cámara logren estar familiarizados con la tecnología que usarán para que ninguno esté impedido para hacer su labor.