Los migrantes siguen siendo blanco de agresiones por parte de la delincuencia organizada y violentados en sus derechos humanos por al menos siete dependencias de gobierno.
De acuerdo a una respuesta obtenida vía ley de transparencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que durante el 2017 registró 710 casos en los que tuvo que brindar asistencia por delitos cometidos en contra de personas extranjeras.
Los centroamericanos en tránsito, mismos que buscan rutas para llegar a Estados Unidos, fueron vulnerados en mayor medida, pues en nueve de cada 10 casos dijeron al INM ser originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador.
Aunado a esta problemática, en la que grupos delincuenciales cometen diversos ilícitos, instancias oficiales han sido señaladas por violentar también los derechos de la población migrante que se encuentra en México, según detalla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe anual 2017.
En el documento establece que al menos siete dependencias del gobierno federal están relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes.
Las instituciones señaladas por la CNDH de violentar a personas en tránsito por suelo mexicano son el instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal (PF), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarias de Relaciones Exteriores (SRE), de la Defensa Nacional (SEDENA) y la de Marina (SEMAR).
De acuerdo al informe oficial de la CNDH, en el 2016 se dio apertura a 2 mil 339 expedientes de migrantes en tránsito, de los cuales mil 120 fueron por quejas de violación a los derechos humanos, 302 fueron de orientaciones directas y 917 de remisión a otro organismo público de derechos humanos.
Delitos a través de los años
El registro histórico de las agresiones en contra de la población migrante, informado por el INM, muestra los casos por año desde el 2014 hasta el 2017.
El detalle de estos datos evidencia que en el 2014 fue el año en el que más expedientes atendió la institución, debido a que tuvo que brindar 865 asistencias por actos delictivos cometidos en contra de migrantes. De estos casos, 697 correspondieron a secuestro, 35 a robo, 18 a asalto y 15 a violación.
En el 2015, el INM señaló una reducción en la incidencia delictiva contra persoans en tránsito, ya que hubo 357 expedientes para asistencia. De nuevo el secuestro fue el delito que reunió el mayor número de casos con 104; le siguió el robo, con 68; y el asalto con 61.
Para el 2016, la cifra de delitos a migrantes volvió a escalar y se instaló en 858 casos. En ese periodo, el asalto fue el que tuvo mayor incidencia con 311 expedientes; en segundo lugar se encontró el robo con 194; mientras que se contaron 168 secuestros.
De los poco más de 700 delitos documentados en el 2017, 299 fueron robos, 225 asaltos, 87 secuestros, 32 relacionados con la trata de personas y 25 por objeto de tráfico de personas; los casos restantes, se distribuyeron en actos delictivos de violación, tentativa de homicidio, tortura, sustracción de menores, entre otros.
Los delitos a los que más se ven expuestos los migrantes del sur son considerados de alto impacto.
Agresiones contra personas extranjeras
2014
865 agresiones
2015
357 agresiones
2016
858 agresiones
2017
710 agresiones
Nadie se salva
Aun cuando México es un lugar de paso para los migrantes de todo el mundo que pretenden ingresar ilegalmente a Estados Unidos, son los ciudadanos de naciones centroamericanas los que conforman el mayor flujo migrante en tránsito, lo que hace que este sea el más violentado por la delincuencia organizada.
Las cifras del INM revelan que en el 2017 fueron 165 salvadoreños, 24 nicaragüenses, 327 hondureños y 110 guatemaltecos los que conformaron el mayor número de víctimas de delitos de alto impacto; sin embargo, en la relación de personas violentadas también se encuentran 44 cubanos, 16 venezolanos, nueve dominicanos, seis colombianos, cinco ecuatorianos y un iraquí.
En el 2016 el número de centroamericanos que fue objeto del crimen organizado en nuestro país lo conformaron 282 salvadoreños, 139 guatemaltecos, 372 hondureños y 33 nicaragüenses, los que fueron el principal grupo de migrantes afectados, frente a otras víctimas de violencia, de nacionalidades como albanesa, boliviana, colombiana, cubana, ecuatoriana, iraquí y togolesa.