Durante años, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) ha cobrado a la CFE millones de pesos por la renta de 2 aviones que pasan más tiempo en tierra que volando.
El SUTERM, que encabeza Víctor Fuentes, logró la adjudicación a finales del 2012 -en los últimos días de la administración de Felipe Calderón- de un millonario contrato a través de la empresa Servicios Aeronáuticos de Oriente S.A. de C.V. (SAO), para el arrendamiento de dos aeronaves que darían servicio de transporte aéreo a CFE.
En este periodo de tiempo la prebenda sindical alcanzó los 180 millones de pesos, a pesar de que se reveló que el contrato era oneroso si se comparaba con el mercado de renta de aviones en México, por lo cual incluso se recomendó su cancelación.
La vigencia del contrato –oficializado en la actual administración- quedó establecida del 21 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2017, por un monto aproximado de 36 millones de pesos al año para la empresa SAO.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de transporte aéreo y la verificación de la transparencia en los procesos de adjudicación, detectó un cúmulo de irregularidades entre el convenio celebrado entre CFE y SAO.
De los señalamientos del ente fiscalizador de la Cámara de Diputados salieron a relucir, entre otros, un opaco proceso de adjudicación, costos por encima del mercado, gastos injustificados, y fallas y omisiones en la prestación del servicio.
Todo empezó cuando el 21 de noviembre de 2012, la Junta de Gobierno de CFE aprobó el “Programa de Contratos Plurianuales para el ejercicio de 2013”, con el cual se le autorizó a la Unidad de Transportes Aéreos el presupuesto para el contrato de arrendamiento en beneficio de SAO para el periodo 2013-2017.
Los Junta de Gobierno estaba compuesta por los entonces titulares de las secretarías de Energía, Jordy Herrera; de Hacienda, José Antonio Meade; de Economía, Bruno Ferrari; de Desarrollo Social Heriberto Félix; y de Sagarpa, Francisco Mayorga, así como el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y el secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar.
La Unidad de Transportes Aéreos estaba encabezada a finales de 2012 por Igor Tostado Gándara, quien actualmente labora en Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
En las fechas en que se celebró el convenio entre CFE y SAO, la Coordinación de Administración estaba a cargo de Alfonso Sarabia de la Garza (actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares) y la Dirección General de Administración, por Alejandro Somuano Ventura.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad era Jaime González Aguadé y eran los últimos días del sexenio del panista Felipe Calderón, periodo bajo el cual la CFE alcanzó su mayor auge tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y se convirtió en el único proveedor de energía eléctrica en el país.
Contrato millonario
A través de la empresa Servicios Aeronáuticos de Oriente S.A. de C.V. (SAO), el sindicato de electricistas logró la adjudicación del contrato a finales del 2012
Monto del contrato:
180 millones de pesos
Por año:
36 millones de pesos
Concepto:
Servicio de Fletamiento Aéreo para Pasajeros
La engorda del Sindicato
Servicios Aeronáuticos de Oriente S.A. de C.V. tiene su dirección en la calle Río Guadalquivir 106, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Es la misma dirección que el Sindicato dirigido por Víctor Fuentes del Villar.
La empresa se constituyó el 4 de octubre de 1993 en la notaría 156 del Distrito Federal con un capital de 50 mil nuevos pesos aportado por dos accionistas, José Oscar Casanova Islas con 35 acciones y Enrique Ricardo Bravo Fernández con 15 de las 50 totales.
En ese entonces, José Oscar Casanova Islas fue designado como administrador único de la sociedad. Casanova ha sido señalado en algunos medios como prestanombres de Leonardo Rodríguez Alcaine, presidente del SUTERM hasta su muerte en 2005.
Posteriormente, en septiembre de 1996, mediante la escritura pública 49,674 se designó como administrador único al líder del SUTERM, Rodríguez Alcaine, tío de Fuentes del Villar.
De acuerdo a la escritura 53,258 el capital social de Servicios Aeronáuticos de Oriente asciende a más de 122 millones de pesos, integrado por 12 mil 212 acciones pertenecientes al SUTERM y 2 a cargo de una persona física. Esta información fue corroborada por la ASF en el Balance General de la empresa al 31 de diciembre de 2015.
En 2008 un particular interpuso una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de Servicios Aeronáuticos de Oriente S.A. de C.V. y otros, misma que quedó asentada en la Junta Especial No. 2 con el número de expediente 292/2008.
Llama la atención que en por lo menos 3 ocasiones en ese expediente jurídico, la Junta Federal emite una notificación a Víctor Fuentes del Villar, como tercero perjudicado y también en un par de ocasiones al SUTERM, lo cual ratifica la conexión de Fuentes y del Sindicato con SAO.
Víctor Fuentes del Villar ha sido señalado en diversas ocasiones por medios nacionales por supuestos actos de corrupción. Los más recurrentes cuestionamientos han sido por las propiedades millonarias con las que cuenta, las cuales no se justifican con los ingresos que reporta.
También se documentó que el presidente del SUTERM llegó a poseer un solo automóvil con valor de más de 2 mdp, y otras camionetas de lujo.
Como otros líderes sindicales, Fuentes maneja millones de pesos cada año, en su mayoría aportaciones de sus agremiados.
Favoritismo
El contrato con el cual resultó beneficiada la empresa y por ende el SUTERM estuvo, desde antes de su adjudicación, plagado de irregularidades que a la postre resultaron perjudiciales para CFE y sumamente favorables para SAO.
En su informe del ejercicio 2015, la ASF señaló que el arrendamiento plurianual otorgado a SAO no se fundó en criterios de economía, eficiencia y transparencia que permitieran obtener las mejores condiciones para la CFE.
Se generaron gastos innecesarios, además de que los aviones no son utilizados con la frecuencia que fueron requeridos, también señaló que el tipo de arrendamiento contratado es poco usual, lo que limitó la participación beneficiando a la empresa ligada al sindicato de electricistas.
Las dos aeronaves que SAO arrendó a la CFE son un Cessna Citation 650-VI modelo 1992 y un Gran Caravan 208B modelo 2008.
A criterio de la Unidad de Transportes Aéreos (UTA) de la CFE, la empresa cumplió con los requisitos para poder convertirse en el prestador del servicio, sin embargo, el informe de la ASF detalló que no cumplió con algunos tales requerimientos.
En primer lugar, el prestador del servicio no presentó el pedimento aduanal de la importación de las dos aeronaves, sino solo una importación temporal a 10 años, que vencen en 2022 y 2023.
Los últimos vuelos de los aviones habían sido registrados el 14 de agosto y el 11 de septiembre de 2012, por lo que su operatividad o funcionamiento fue superior de los 30 días de límite requeridos (el convenio se cerró el 21 de noviembre de ese mismo año).
La empresa no acreditó la propiedad de la aeronave Caravan 208B, ya que solo presentó la constancia de inscripción ante el Registro Aeronáutico Mexicano.
Ante la falta de documentos o el incumplimiento de los requisitos señalados, lo procedente habría sido desechar la propuesta, señala la ASF, sin embargo la CFE decidió pasar por alto estas omisiones y aún así otorgar el contrato en adjudicación directa.
La UTA realizó un estudio de costo-beneficio para comparar las dos modalidades de arrendamiento en el mercado comercial, que son el alquiler por hora y la modalidad de casco seco.
La auditoría señala que en el mercado predomina el primer esquema, sin embargo la CFE optó por la modalidad de casco seco, que permitía disponibilidad absoluta de las dos aeronaves.
Como argumento para esta contratación la UTA justificó que la desventaja del esquema de renta comercial por hora de vuelo es que se tendrían que solicitar las aeronaves con anticipación; lo que no garantizaba su disponibilidad inmediata, contrario al esquema de casco seco, por la disposición de las 2 aeronaves las 24 horas del día.
Sin embargo, en la revisión se identificó que la CFE había formalizado dos contratos ese mismo año que echaban por tierra las justificaciones de la UTA.
Uno fue por el arrendamiento integral y horas de vuelo de un avión del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2012, con 101 horas de vuelo y pagos por 8.8 mdp.
El segundo contrato se formalizó por 1 avión en la modalidad de casco seco, en 2012, con pagos por 2.7 mdp, sin embargo, en ese periodo, dicho avión no realizó ningún vuelo, por lo que la ventaja de la disponibilidad inmediata no fue demostrada.
Principales anomalías
Señalamientos de la ASF en su informe del ejercicio 2015, con respecto al contrato que afectó a la CFE:
> Proceso de adjudicación no transparente
> Elección de modalidad (casco seco) no justificada
> No se tomaron en cuenta criterios económicos
> Gastos adicionales innecesarios
> Retrasos en la prestación del servicio
> El proveedor no cumplió con requerimientos
Derroche injustificado
En el estudio comparativo entre los dos esquemas, realizado por la Unidad de Transporte Aéreo (UTA), también se estimaba que el costo estimado en un arrendamiento por hora de vuelo sería de 54 mil pesos por un avión de cuando menos seis pasajeros, por lo que un viaje de 3 horas costaría 162 mil pesos.
La dependencia estimaba que el pago por día de los dos aviones arrendados en la modalidad de casco seco sería de 89 mil pesos, cuota única, y que al no contar con un número fijo de horas se obtendría una ventaja operativa con itinerario y destinos abiertos.
Sin embargo, con la contratación de este esquema no se estaban contemplando erogaciones adicionales para la CFE que impactarían en el costo final del arrendamiento.
Tan solo en 2015 se erogaron gastos adicionales por 40 millones 836 mil pesos.
Entre los gastos adicionales derivados del arrendamiento destacan 11 millones de pesos por el arrendamiento del hangar, el cual pertenece también a la empresa Servicios Aeronáuticos de Oriente.
Por si el derroche no fuera suficiente, al inicio de la vigencia del contrato transcurrieron 187 y 201 días para que los aviones arrendados iniciaran la prestación del servicios.
Realizaron los primeros vuelos hasta el 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2013, debido a las gestiones para obtener el cambio de matrículas y a trabajos de hojalatería y pintura.
Conforme a lo establecido en el contrato, por el periodo que los aviones no estuvieron en condiciones de volar, la CFE tuvo que pagar cerca de 18 millones de pesos. Un derroche insólito por un servicio fantasma.
Con el análisis basado en los reportes de operación diaria, las facturas y los registros contables, la ASF determinó que los costos en 2013 ascendieron a 163 mil pesos por pasajero.
Durante 2014, los servicios de las dos aeronaves aumentaron debido a la atención de los desastres causados por el huracán Odile, por lo que los costos disminuyeron a 33 mil pesos por pasajero.
En todo 2015, SAO realizó solo 116 vuelos para CFE, lo cual representa una utilización de apenas el 15.9 por ciento, considerando que ambos aviones proporcionaran un vuelo al día, en cuyo caso realizarían 730 vuelos.
Con el total erogado, entre el arrendamiento de las aeronaves y los gastos adicionales, se gastó un total de 73 millones de pesos en el servicio, y se trasladaron a 393 pasajeros en 116 vuelos, con un costo total de 82 mil pesos por pasajero.
En el periodo de enero a abril de 2016, uno de los dos aviones realizó apenas dos viajes, esto es 1 vuelo cada dos meses, lo que elevó el costo hasta 235 mil pesos por pasajero.
La ASF determinó en el informe que la CFE debería rescindir el contrato, ya que el proceso de adjudicación no fue transparente ni basado en criterios económicos, lo que ha ocasionado erogaciones adicionales que incrementan el costo del servicio, sin que dichos gastos se justifiquen.
La CFE está pagando costos fuera de mercado, gastos adicionales no justificados por un servicio que no utiliza, o más bien, es una más de las prebendas millonarias al SUTERM disfrazada de contrato.
Gastos adicionales
Que pagó la CFE al no estar incluidos en el contrato con SUTERM, de 2013 a junio de 2016
>> Nómina de la tripulación:
84 millones de pesos
>> Arrendamiento del hangar:
42 millones de pesos
>> Mantenimiento y refacciones:
8.3 millones de pesos
>> Vigilancia:
3.3 millones de pesos
>> Combustible:
2.9 millones de pesos
>> Seguros:
2.4 millones de pesos
>> Capacitación:
2.3 millones de pesos
>> Mantenimiento del hangar:
695 mil pesos
>> Comisariato:
484 mil pesos
>> Servicios aeroportuarios:
190 mil pesos