Fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua revelan que la confrontación pudiera incluir a por los menos 4 mil hombres armados
Al estado de Chihuahua lo sigue cercando la violencia.
La disputa entre los cárteles de La Línea y el de Sinaloa provocó que los índices de homicidio repunten en esta entidad, convirtiendo a la región de Guadalupe y Calvo en la más violenta al concentrar casi el 70 por ciento de las ejecuciones registradas.
La disputa es por el control de la zona conocida como el Triángulo Dorado, en los límites de Chihuahua con los estados de Sinaloa y Durango, donde se concentra la mayor producción de mariguana y anfetaminas de todo el país.
La región del Triángulo Dorado estuvo por décadas bajo el control del Cártel de Sinaloa, con Joaquín Guzmán Loera a la cabeza, pero tras su extradición ha sido vista como un territorio a conquistar por parte del Cártel de La Línea, el grupo criminal aliado con el Cártel de Juárez, fundado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Fuentes internas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua revelan la posibilidad de que la confrontación pueda incluir a por los menos 4 mil hombres armados; más de 2 mil 500 serían miembros de La Línea, y cerca de mil 500 serían del Cártel de Sinaloa.
Lo que sí es certero, es la cantidad de muertos que la confrontación ha dejado. Solo en el mes de febrero pasado, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron 205 los ejecutados que se registraron en el estado de Chihuahua, la mayoría de ellos en la región del Triángulo Dorado.
La cifra de homicidios documentada por el SESNSP en febrero es una de las más altas de los últimos dos años que se han registrado en Chihuahua para un solo mes, superada únicamente por la de octubre del 2016, con 234 homicidios, también la mayoría de ellos en la región serrana de Guadalupe y Calvo.
A esta violencia se suma la situación en la región de Madera, Batopilas, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo, donde 11 empresas mineras, la mayoría canadienses, realizan labores de exploración para la instalación de minas para extraer oro, plata, cobre, molibdeno, plomo y zinc.
De acuerdo a denuncias de defensores de la tierra en la zona, las mineras están utilizando células del crimen organizado para desplazar a la población que se opone a los proyectos de exploración.
“Estas mineras también están alentado la violencia en la zona, al contar con guardias armados para el desplazamiento de la población. Ellas se valen de los grupos del crimen organizado, que les están haciendo el trabajo sucio”, dijo uno de los defensores de la tierra, del grupo de Isidro Baldenegro López, asesinado en Coloradas de la Virgen el 15 de enero pasado, por oponerse a los proyectos de exploración.
Como sea, el Triángulo Dorado es una región vedada por los intereses de las mineras y las células del crimen organizado que -incluso- autorizan o niegan el paso a los cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado.
Febrero de sangre
Los estados más violentos del país en febrero, con la mayoría de los homicidios atribuidos al crimen organizado:
Estado de México
282
Guanajuato
298
Chihuahua
205
Michoacán
251
Guerrero
210
17 muertos en 72 horas
En las últimas 72 horas han sucedido al menos cinco enfrentamientos entre bandas rivales en los municipios de Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo, en la zona del Triángulo Dorado. El saldo se estima en al menos 17 personas muertas.
El hecho más reciente fue una confrontación a balazos que duró más de tres horas. Se trasladó desde las inmediaciones del campo menonita 101, en la zona de Rubio, de la sección de Álvaro Obregón, a la localidad de Santa Rita, en Cuauhtémoc, distante a cinco kilómetros; se estimó la participación de más de 50 sicarios.
Dejó como saldo 8 sicarios muertos y cuatro personas lesionadas que fueron identificadas como elementos de la policía; aunque aún no se determina la corporación a la que pertenecen pues no se ha reconocido la participación de las fuerzas estatales en ese enfrentamiento.
Entre los abatidos está quien fue identificado como César Raúl Gamboa Sosa, “El Cabo”, a quien se le atribuyó el liderazgo de un grupo que trabajaba para el Cártel de La Línea.
El grupo de sicarios de “El Cabo”, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía estatal, se habría enfrentado al grupo de Carlos Arturo Quintana, “El 80”, quien en algún momento fue su jefe cuando los dos trabajaban para el Cártel de Sinaloa. La causa del enfrentamiento sería porque Gamboa Sosa se pasó al Cártel de La Línea.
Exploran con violencia
Defensores de la tierra acusan que éstas son las mineras que utilizan células del narco:
> Minefinders Corp. Ltd.
> Constellation Copper Corp.
> Mag Silver Corporation
> Apollo Gold
> Exmin Resources
> Lincoln Gold Corporation
> Mex Gold Resources
> Great Panther Resources
> Canarc de México
> Canplats Resources Corp.
> Teluria S.A. de C.V.
Los pueblos secuestrados
Defensores de la tierra han referido el contubernio que existe entre células del crimen organizado con empresas mineras transnacionales que siguen haciendo labores de exploración minera.
Las localidades a donde no se entra ni se sale, sin el conocimiento y la autorización de las células criminales que mantiene retenes en los caminos de acceso, son La Borrega, Chinaty, Bobarigame, Barbechitos, Guachochi, Morelos, Norogachi, Nonoava, Nanárachi y Belleza, en la zona de Guadalupe y Calvo.
Además de La Junta, Guerrero, Tomochi, Besaseachi, Cusihuiriachi, Colonia Obregón, El Terreno, Temosachi y Madera, en la región de Cuauhtémoc.
“Esto es insostenible, el Estado no puede permitir el secuestro de poblaciones completas, como está ocurriendo en la Sierra Tarahumara, por la presencia de delincuentes”, dijo la activista Isela González Díaz, líder de la organización Alianza Sierra Madre A.C., desplazada de la zona de Guadalupe y Calvo a causa de las amenazas vertidas por el crimen organizado.
Grupos defensores de derechos humanos, de la tierra y la Iglesia Católica, revisan la posibilidad de romper el cerco impuesto por el crimen organizado en el Triángulo Dorado.
Será en los próximos días, dijo Isela González, cuando la organización Sierra Madre A.C. convoque a organizaciones civiles, incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se sumen a la marcha que pretende recuperar los territorios de los pueblos indígenas arrebatados por la violencia.
