Chiquitos, pero gastones

Aunque gastan millones de pesos en diferentes rubros derivados de recursos públicos –como el pago de nómina de sus diputados y asesores– partidos de la denominada “chiquillada” en el Poder Legislativo de Nuevo León se quedan cortos al momento de impulsar o realizar iniciativas.

Entre los 42 diputados locales, la nómina llega a los 3 millones 414 mil 858 pesos mensuales; es decir, han percibido 13 millones 659 mil 432 pesos en los últimos cuatro meses. Pero el salario que cobran algunos de los funcionarios contrasta con su productividad en el Poder Legislativo, pues durante el pasado Periodo Ordinario no todos lanzaron iniciativas.

La baja productividad de los partidos pequeños se ve reflejada en el portal del Congreso local, en el que por ejemplo, el Verde Ecologista y el del Trabajo no han presentado ninguna iniciativa propia en el semestre anterior, a pesar de que sus diputados cobran puntualmente 83 mil 154 pesos mensuales cada uno.

El PVEM tiene a dos funcionarios en el Legislativo, mientras que el PT cuenta con un representante. Por parte del Verde está Felipe de Jesús Hernández Marroquín y Cosme Julián Leal Cantú, y por el PT, la curul la ocupa Sergio Arellano Balderas.

Entre ambas instituciones políticas se ha generado un gasto aproximado a los 997 mil 848 pesos en los últimos cuatro meses y destinados al pago de sueldos de sus diputados, según se aprecia en el apartado de “Dieta Mensual”, y sumada de cada una de las nóminas disponibles en base al Artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estatal.

Sin embargo, en el apartado de iniciativas del Trabajo Legislativo, las hojas del Verde Ecologista tanto como la del Partido del Trabajo están en blanco.

No son los únicos

El partido Movimiento Ciudadano ha presentado solo nueve iniciativas, a pesar de que cuenta con tres representantes en el Congreso local: Samuel García, Concepción Landa y Jorge Blanco, cada uno con un sueldo mensual de 83 mil 154 pesos, equivalente a 332 mil 616 en los últimos cuatro meses; es decir, un millón 330 mil 464 pesos entre los tres legisladores.

Los nueve expedientes presentados por el partido naranja no han podido ser desahogados y actualmente se encuentran “En Estudio”, según el portal del Congreso.

El Partido Nueva Alianza es otro de la “chiquillada” que ha tenido baja productividad en iniciativas presentadas, con solo cinco registradas en el apartado de Trabajo Legislativo, y también en carácter de “En Estudio”.

Nueva Alianza solo tiene como representante en el Poder Legislativo al diputado local Rubén González Cabrieles, quien tiene un sueldo de 83 mil 154 pesos mensuales.

Del mismo modo hay dos legisladores ex panistas y que ahora conforman la bancada independiente: el diputado Marco Antonio Martínez Díaz y la diputada Karina Marlen Barrón Perales, quienes también tienen un sueldo de 83 mil 154 pesos mensuales, y en cuatro meses de trabajo legislativo  solo han presentado cuatro iniciativas, y que hasta el momento no han podido ser desahogadas.

… y gastan en asesores

Como si la nómina de los diputados no fuera elevada en contraste con su baja productividad, cada partido de la “chiquillada” cuenta con un grupo de asesores que en conjunto ha generado un gasto de 4 millones 128 mil 144 pesos derivados de recursos públicos en los últimos cuatro meses.

La bancada de los independientes es la que más gasto ha generado en dicho periodo, pues ha invertido un millón 667 mil 136 pesos en pagos a asesores.

Después sigue la de Movimiento Ciudadano, con 907 mil 408 pesos en pagos, seguido por la de Nueva Alianza, con 672 mil 240; después la del Verde Ecologista, con 655 mil 152; y por último el Partido del Trabajo, con 226 mil 208.

Parte del problema…

Mientras que en el Congreso local los diputados exigen transparencia a los gobiernos municipales y al estatal, en la práctica bien podrían ser los principales impulsores de la opacidad en materia de información pública.

Desde octubre del año anterior, el colectivo ciudadano Redes Quinto Poder, encabezado por Juan Manuel Ramos, solicitó información específica a los legisladores, quienes en vez de poner el ejemplo y entregarla, se la negaron.

Manuel Ramos explicó que la información que se solicitó es de carácter público, pues tiene que ver con el Presupuesto de Egresos  y de la compra de 42 computadoras por un valor aproximado a un millón de pesos.

Pero el Congreso no ha hecho transparente dicha información, haciendo caso omiso a lo que ordena el principio de Máxima Publicidad del Artículo 6 de la Constitución mexicana, que dice que cualquier ciudadano tiene derecho de adquirir información pública de cualquier poder gubernamental.