Choques de indolencia

Lagos de Moreno, la ciudad alteña de Jalisco donde se han desatado los demonios de la violencia en las últimas semanas, derrochó sus fondos de seguridad en la compra de flyers y pines sin ton ni son, mientras se gestaba una invasión de grupos delictivos que hoy disputan su territorio. 

A la par que en ese Pueblo Mágico se multiplicaban los choques armados y los cuerpos calcinados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaba que su Gobierno había financiando proyectos millonarios que nunca validó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Con su intervención de emergencia en Lagos, la Fiscalía General ha encontrado campamentos de sujetos armados, y reportado cuatro enfrentamientos entre el 17 y el 24 de febrero, aunque con un alto índice de letalidad de su parte: siete presuntos sicarios muertos, solo uno detenido, y tres oficiales heridos.    

“Ahí tenían ellos lugares donde se echaban, se escondían, campamentos, se iban recorriendo en la zona y por eso en base al trabajo de inteligencia se dio con este campamento”, dijo el 23 de febrero el comisionado de Seguridad estatal, Raúl Velázquez Ruíz. 

No obstante, cuando la ASF inspeccionó a ese ayuntamiento en 2015, lo que halló fue una Policía disminuida, con patrullas nuevas sin usar e instalaciones sin ocupar, y un subejercicio del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) que obligó a devolverlo a la Federación en una parte. 

Todo durante la alcaldía del priista Hugo Ruiz Esparza Hermosillo, de 2012 a 2015 y hoy diputado local; la crisis de seguridad que hoy padece la ciudad, la cual debía ser un referente turístico de la entidad, llegaba así por camino allanado. 

Lagos es uno de los municipios donde está activa la Operación Jalisco para desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la Policía Federal. 

Flyers y botones

La ASF solicitó procesos de responsabilidad contra funcionarios de Lagos, derivado de un gasto por 2 millones de pesos (MDP) que debía servir para la prevención de la violencia, en la Cuenta Pública 2014:

“Por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adquirieron flyers, botones, llaveros, separadores de libro, tarjetas informativas, banners, remolque y toldo sin autorización del SESNSP“. 

También irregularidades sobre 5 millones 122 mil pesos para comprar vehículos, uniformes y terminales portátiles.

“En los contratos no se establecieron los plazos de prórroga, previsiones para devolución y reposición de bienes, y pólizas de fianzas; además, fueron adjudicados en forma directa, no se presentó el dictamen debidamente fundado y motivado, ni se acreditaron los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”. 

En el Programa de Profesionalización de Instituciones de Seguridad, la ASF halló 314 gorras sin bordado oficial de la Policía, y anomalías en su parque vehicular:

“Una camioneta y dos vehículos sedán están sin funcionar; una camioneta no cuenta con torreta; en otra, no funciona el equipo de radiocomunicación; otra, no tiene instalado el gancho de arrastre, y dos sedan no cuentan con portaesposas en la parte trasera”. 

La nueva Comandancia policial también se encontró sin aprovechamiento, y con inconsistencias desde su contratación, así que pidió otro proceso de responsabilidad:

“Por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron de forma directa la obra del edificio de la comandancia, la cual no presentó dictamen debidamente fundado y motivado, ni acreditó los criterios de economía, oportunidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

“No se encuentra finiquitada, ni cuenta con evidencia de fianza de vicios ocultos, bitácora de obra, y de un contrato debidamente firmado; no opera, irregularidad que fue denunciada a la Contraloría de Lagos de Moreno”. 

Ese Gobierno reporta en su portal la construcción del Edificio de Justicia Administrativa Municipal, con 4 millones 986 mil 856 pesos del Subsemun, adjudicado de forma directa a REDIA.  

Fuerza disminuida

Los datos de la ASF muestran que Lagos de Moreno, antes que reforzar a su Policía, presenta una reducción en sus agentes del 19 por ciento desde 2014. 

Cuando el Gobierno estatal terminó con la evaluación del universo policial en Jalisco en 2014, Lagos tenía 150 agentes: 95 resultaron confiables y 55 no -un 37 por ciento-; ahora, empero, solo tiene 121 oficiales totales. 

No hay datos actualizados sobre cuántos oficiales no confiables ya están fuera de la Policía, pero un punto relevante es que ahí se detectaron 14 de los mil 324 agentes que el Estado clasificó de “alto riesgo” por su probable vinculación criminal. 

Con casi 154 mil habitantes, la tierra del exgobernador Emilio González Márquez debe contar con 431 policías bajo parámetros de la ONU; hoy le faltan 310 agentes para eso. 

Su violencia ha venido creciendo desde 2013, ese año tuvo 12 asesinatos; en 2014 subió a 17; en 2015, a 19 y en 2016, hasta el 29 de febrero, Ciencias Forenses indicaba ya 14 homicidios, 11 de estos con arma de fuego (medios han reportado hasta siete cuerpos calcinados). 

No obstante el panorama, de los 10 MDP que su Gobierno obtuvo del Subsemun 2014, solo ejerció el 83.7 por ciento, y no un 16.3 por ciento, esto es, un millón 630 mil 600 pesos que devolvió a la Federación. 

La ASF indicó sobre ese fondo en Lagos: “no existe el instrumento para evaluar el impacto para la población debido a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana, la permanencia de la corrupción en las instituciones públicas y la carencia de políticas públicas integrales”. 

Su alcalde Juan Márquez de Anda, del PRI-PVEM, es quien tendrá que atender los cuatro procesos de responsabilidad que solicitó la ASF, aunque comparte insignia partidista con su antecesor.

Inestabilidad

La Fiscalía ha indicado que la violencia en Lagos surge de la disputa de dos grupos delictivos, pero no ha confirmado públicamente que sea, en efecto, una fractura del CJNG, o si interviene otra organización. 

El comisionado Velázquez Ruíz, dijo el 23 de febrero, un día después del tiroteo que dejó tres gatilleros muertos: 

“Hasta ahorita no tenemos específico de qué cártel hasta que sean plenamente identificados a través de sus muestras, o bien de las familias que lleguen, y hacer un trabajo de inteligencia para hacer un cruce de información, y dar a conocer exactamente si pertenecen al CJNG o algún otro cártel que esté operando ahí en los límites”. 

“No me quiero adelantar al trabajo de inteligencia pero sí se habla de al menos dos grupos que están con la contienda por mantener ellos el poder en la región, donde estamos trabajando nosotros para no permitir esto”. 

Lagos colinda con Aguascalientes, al Norte, y Guanajuato, al Este. Aquel tiene, como Jalisco, hegemonía del CJNG, con una presencia menor de Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo.  

Guanajuato, en cambio, dividido a la mitad entre el CJNG y Los Zetas, tiene actividad minoritaria de Los Caballeros Templarios y el Cártel del Golfo, según la Administración para el Control de las Drogas (DEA). 

Zacatecas y San Luis Potosí también están cercanos, aquel con presencia fuerte de Los Zetas y el Cártel del Golfo; y este del CJNG y Los Zetas.