Contrarreloj

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal, se encuentran en un impasse.

El tiempo de la negociación se agota.

El diálogo se realiza a contrarreloj.

Mientras crecen las voces de protesta por no ejercer una acción certera contra la CNTE para terminar con los bloqueos y afectaciones a ciudadanos y comercios, el Gobierno federal dice, por un lado, que no dudará en usar la fuerza pública, pero mantienen las negociaciones.

Imelda García Imelda García Publicado el
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millón de alumnos de educación básica se quedarían sin clases este ciclo escolar
El secretario de Gobernación ha preferido ‘una política de puertas abiertas’ que frenar a los maestros por la fuerza
El Gobierno federal no reconoce ningún acuerdo con los maestros de la CNTE; pero algunos líderes revelaron supuestos compromisos con las autoridades
Lo que causó más controversia es la idea de que los empresarios declararían en ceros sus ingresos, para no pagar impuestos 
https://youtu.be/cxedZCKuf78

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal, se encuentran en un impasse.

El tiempo de la negociación se agota.

El diálogo se realiza a contrarreloj.

Mientras crecen las voces de protesta por no ejercer una acción certera contra la CNTE para terminar con los bloqueos y afectaciones a ciudadanos y comercios, el Gobierno federal dice, por un lado, que no dudará en usar la fuerza pública, pero mantienen las negociaciones.

La CNTE también presiona cada vez más. El inicio del ciclo escolar los pone en una posición privilegiada para la negociación, pues ante la cercanía del comienzo de las clases creen que sus demandas serán  resueltas.

Eso, o no se abren las escuelas.

La amenaza ha sido clara: de no ceder ante sus peticiones, los maestros no regresarán a clases y no habrá inicio del ciclo escolar –al menos en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero-.

Al Gobierno federal se le agota el tiempo. No resolver el conflicto antes del inicio de clases podría sumar otros actores, como los padres de familia.

La Secretaría de Educación Pública se encontrará, además, nuevamente en la disyuntiva de pagar o no a los maestros que falten a sus labores… y otra vez se encenderá la mecha.

La crisis desatada por el conflicto magisterial ha pegado desde muchos flancos a la Administración federal y al PRI, por lo que la resolución del problema importa por más que sólo devolver las aulas a los estudiantes.

El sector empresarial ha sido el más afectado. Para ellos, mantener en operación sus negocios y conservar el empleo de sus trabajadores ha sido un reto.

Fueron los empresarios quienes han alertado sobre la intención de la CNTE de llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, frente a un Gobierno que se ha sumido en la omisión.

“Alertamos sobre la clara intención de estos para exacerbar los ánimos y provocar con ello un mayor desencuentro y polarización entre los distintos sectores de la sociedad”, afirmó ayer Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El reloj no detiene su marcha. El tiempo se agota.

Amenazas, a pesar de concesiones

Conscientes del poder que han adquirido en las últimas semanas, los maestros de la CNTE deslizaron esta semana la amenaza de no volver a clases el próximo lunes si la Secretaría de Gobernación (Segob) no les entrega un documento donde se comprometa a derogar la Reforma Educativa.

Apenas unas horas después de que fueran liberados Rubén Núñez, dirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, y Francisco Villalobos, su secretario de Organización, otros dirigentes de la Coordinadora declaraban la posibilidad de que este 22 de agosto no vuelvan a sus actividades.

“Algunas instancias de los estados ya han resuelto que si el problema no se resuelve en esta etapa, no empezarán el ciclo escolar”, soltó hace unos días Adelfo Gómez, líder de la Sección 7 de la CNTE, en Chiapas, acompañado de otros liderazgos de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México.

El ultimátum se acompañó del anuncio que nuevamente realizarían bloqueos carreteros y manifestaciones en la capital del país “para acompañar las negociaciones”.

En la Ciudad de México, alrededor de 250 escuelas acompañaron a la CNTE durante algunas jornadas de paro al concluir el anterior ciclo escolar, a principios de julio.

En Oaxaca, se calcula que son 13 mil escuelas las que están bajo la jurisdicción de la Coordinadora; en Michoacán serían alrededor de 9 mil; en Chiapas, casi 2 mil 500; en Michoacán, más de 7 mil.

En los primeros días del paro magisterial convocado por la CNTE, a mediados de mayo, no participaron todas las escuelas, sobre todo por la amenaza de despido a los maestros que faltaran a sus labores.

Sin embargo, la medida que era impulsada desde la Secretaría de Educación Pública para no pagar a los maestros faltistas, fracasó en el curso del conflicto.

El Gobierno federal no ha reconocido ningún acuerdo con los maestros de la CNTE.

Sin embargo, algunos líderes han revelado supuestos compromisos con las autoridades como habría sido la liberación de líderes, el pagar a los maestros faltistas y no sancionar a quienes hayan participado en paros y bloqueos en las protestas.

Un ejemplo ocurrió en Chiapas donde, de acuerdo con información de la Sección 7 de la CNTE, a principios de agosto el gobierno de esa entidad inició los pagos de los salarios retenidos a los maestros que estaban en paro desde el 15 de mayo, por las negociaciones con el Gobierno federal.

Otro ejemplo pasó en Oaxaca, donde el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) liberó el pago a maestros cobijado en una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El 9 de agosto, el IEEPO dio a conocer que los maestros que estuvieran comprometidos a retomar sus actividades el próximo día 22, cuando comience el nuevo ciclo escolar, recibirían su pago aunque hubieran participado en las manifestaciones y bloqueos.

El viernes pasado fueron liberados Núñez y Villalobos, quienes permanecían presos por los delitos de lavado de dinero y robo de libros de texto gratuitos.

Esta semana, el propio Rubén Núñez acudió a la décima mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Aun así, los bloqueos, manifestaciones y amenazas continúan, lo que ha causado la irritación de otros sectores.

Para el sector empresarial, es claro que la CNTE ha buscado alargar el conflicto para que, en los albores del inicio de clases, puedan presionar más al Gobierno federal.

“Ahora vemos que este grupo de inconformes no solo se ha desviado de su objetivo, sumando más demandas a su lista, con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones”, comentó Enrique Solana, presidente de Concanaco-Servytur.

Osorio, defensor del diálogo

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ha preferido conducir el conflicto magisterial por la vía del diálogo.

Una vez que ocurrió el enfrentamiento entre civiles y policías en Nochixtlán, la política de Osorio ha sido buscar la solución del problema mediante el diálogo y evitar a toda costa el uso de la fuerza.

Aunque ha enfrentado presiones de los grupos empresariales, el encargado de la política interior del país ha preferido mantener en la mesa a los maestros de la CNTE que obligarlos por la fuerza a frenar sus manifestaciones.

“Hemos dejado atrás las formas tradicionales para dar paso a una política de puertas abiertas donde damos la cara y ofrecemos respuestas; sumamos voluntades para dar resultados”, afirmó hace unos días en el foro “Era Familiar Princess 2016”.

Los primeros encuentros entre los representantes de la CNTE y la Secretaría de Gobernación ocurrieron luego del enfrentamiento en Nochixtlán.

Tras cuatro reuniones, Osorio Chong logró sentar a los maestros en tres mesas de trabajo que permitirían, dijo, mantener la gobernabilidad en el país.

“Hemos, sin duda, logrado establecer una ruta que nos permita no solamente distender la problemática, sino que sea un acuerdo duradero (…) es el diálogo el que ha prevalecido, es el encuentro lo que ha permitido salir adelante.

“Es un logro muy importante en favor de nuestro país, de la tranquilidad, de la gobernabilidad, de la estabilidad”, dijo el secretario el 12 de julio pasado.

El funcionario también se ha reunido con los grupos empresariales del país, sector que ha exigido al Gobierno federal que detenga a la CNTE.

A ellos también los ha tratado de convencer sobre las ventajas de mantener las conversaciones con la CNTE.

“Entiendo el reclamo y la inconformidad que existe del sector empresarial. Me he sentado con ellos. Lo volveré a hacer, tengo que explicarles las dificultades, el camino que hay que seguir.

“El camino no son posturas que nos lleven al encono. Todo lo contrario. Con ellos (los empresarios) habré de encontrar una salida y también lo habré de hacer con los maestros de todas las regiones”, dijo el funcionario en una entrevista con la periodista Denise Maerker.

La Secretaría de Gobernación, a través de otros funcionarios, ha llamado a que los maestros regresen a las aulas el próximo lunes, mientras se mantiene el diálogo sobre sus demandas.

Empresarios toman acciones

Ante la falta de una respuesta del Gobierno federal a las peticiones de que cesen los bloqueos, plantones y manifestaciones de los maestros, la clase empresarial del país ha emprendido algunas acciones por la vía judicial.

Tras más de 80 días de bloqueos carreteros y manifestaciones en varios puntos del país, empresarios del sector turismo anunciaron que presentaron una demanda colectiva por daños y perjuicios causados por las protestas.

El sector más lastimado es el turístico. En la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, la ocupación hotelera fue solo del 20 por ciento en los días que se llevaría a cabo la Guelaguetza.

Otros años, los hoteles de la capital oaxaqueña han estado hasta a un 80 por ciento de su capacidad.

Las pérdidas fueron dramáticas. Los empresarios turísticos calculan que se afectó con más de 7 mil 500 millones de pesos a las empresas de la región.

Ahora quieren que la CNTE les repare el daño.

La demanda ha sido promovida por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Se presentó tanto a nivel federal como estatal en las entidades donde ha habido afectaciones; alrededor de 100 jueces decidirán sobre este amparo.

“Esta demanda es contra la CNTE, por el bloqueo, secuestro y toma ilegal de las vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales en los estados afectados.

“Pero también por el cierre por más de 90 días de las escuelas públicas de estos estados, violando con ello los derechos humanos de los educandos de estos estados”, explicó Solana, presidente de la Confederación.

Los empresarios aseguraron que los maestros pueden ser tomados como autoridad, toda vez que les ha sido delegada la Educación por parte del gobierno, obligación que están incumpliendo.

La demanda incluye también la toma ilegal y el cierre ilegal de comercios, centros comerciales y empresas, a donde se ha impedido el acceso a otros ciudadanos para llevar a cabo sus actividades; así como el daño a la propiedad.

“Están siendo afectados empresarios de todo México. Tenemos quejas de Nuevo León, de Mérida, de León. De todo el país, las empresas están teniendo problemas para proveer productos o hacer negocios e intercambios con el sur, y se han violado sus derechos de manera pertinaz y constante”, comentó Solana.

Debido a estas afectaciones, la demanda de amparo fue presentada en todo el país para pedir la suspensión de las actividades de la CNTE.

Uno de los sectores más afectados ha sido el farmacéutico; algunas asociaciones de distribuidores de medicamentos han solicitado que se establezca un “código blanco” –similar al que se utiliza en las zonas de guerra- para que las camionetas que transportan medicinas puedan llegar a los hospitales donde se requieren, sin ser detenidas o dañadas por los manifestantes.

Esta demanda se unirá a la que presentaron empresarios agremiados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la que acusaron al presidente Enrique Peña Nieto; a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño Mayer; a la procuradora general de la República, Arely Gómez González; y a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, por no ejercer ninguna acción contra los bloqueos de la CNTE.

Desequilibrio político

El conflicto con el magisterio provocó algunos cambios también en los equilibrios políticos del país.

Enfrentó al Gobierno federal con los sectores productivos del país, quienes piden el uso de la fuerza pública para evitar que la CNTE continúe con sus bloqueos y afectaciones.

A esto, el presidente Peña Nieto ha respondido que no dudará en usar la fuerza, pero como último recurso.

“El Gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el estado de derecho.

“Por supuesto que siempre hay una disposición de llegar a este escenario como último recurso; antes están los espacios de diálogo, de acuerdo, antes de llegar al uso de la fuerza pública”, dijo el mandatario al periodista Joaquín López Dóriga, en una entrevista.

El conflicto ha puesto también a otros miembros del Gabinete presidencial en jaque.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, tuvo que suavizar su discurso y pasar de uno donde se negara rotundamente al diálogo, a otro que propusiera un nuevo modelo educativo.

Por otro lado, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se le ha cargado todo el peso del diálogo con el magisterio; sobre sus hombros caerán las consecuencias de las decisiones que deban tomarse para la resolución del conflicto y para evitar que escale y se radicalice aún más.

El resultado de todo el conflicto magisterial, que lleva ya más de 90 días, podría pegar directamente en el apoyo o repudio que pueda obtener el PRI en los siguientes procesos electorales, cuya aduana más próxima será la del 2017, con la gubernatura del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

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