Cimbran apertura

La explosión del edificio B2 de las oficinas centrales de Pemex llegó en medio de un escándalo en el sector energético y acarrea casualidades que mueven a sospecha.

Declaraciones cruzadas sobre una inminente reforma energética, casos de corrupción en litigio judicial, empresas sin experiencia que realizan peritajes.

Cinco días han pasado desde que una explosión, que no quemaba, tiró tres pisos del edificio B2.

Fue un estallido que surgió del sótano y subió hasta el piso dos, que en el octavo se sintió como un terremoto, cuya llamarada ascendió 10 niveles y se vio desde muy lejos.

La detonación que dejó una cifra oficial de 37 personas fallecidas pone a Pemex Refinación, la filial con mayores pérdidas en el consorcio paraestatal, en medio del escándalo.

Las coincidencias no son pocas: dos días antes del incidente, el director de la petrolera visitó Corea del Sur, el país de origen de la empresa con la que Pemex se pelea 500 millones de dólares en un litigio en Estados Unidos.

En el sitio que explotó había oficinas de Pemex Refinación, la filial que concentra los casos de acusaciones por sobornos con los que ha arrancado el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para verificar estas causas y dar fe de una investigación limpia, la petrolera contrató a una empresa involucrada como parte en 30 proyectos, justamente de Pemex Refinación.

Una empresa que, además, no tiene el peritaje de siniestros entre sus especialidades.

¿Coincidencias?

El directorio de funcionarios de Pemex tiene registro de que en los pisos más bajos del edificio B2 hay oficinas de recursos humanos y de Pemex Refinación. 

Estaban allí las jefaturas de auditorías de sistemas de calidad, de finanzas y de administración para seguridad industrial y protección ambiental.

También en el piso dos estaban instaladas la gerencia de protección ambiental y las subgerencias de coordinación de estrategias, de prevención de riesgos, y de normatividad técnica, todas de Pemex Refinación.

Esta subsidiaria se encuentra en números rojos y es la que da las mayores pérdidas en el conglomerado de la paraestatal.

Tan solo en 2011, Refinación tuvo pérdidas por 139 millones de pesos, mientras la subsidiaria que paga los mayores impuestos, Pemex Exploración y Producción, registró ganancias por casi 59 millones.

Pemex Refinación no paga impuestos, pero pierde dinero por la compra de gasolinas importadas y los sobrepagos en las refinerías.

La dirección general de Emilio Lozoya Austin había comenzado un juicio en Nueva York que busca revertir algunas de estas pérdidas.

Se trata de una demanda civil contra el consorcio Conproca, formado en la actualidad por la empresa alemana Siemens y la surcoreana SK. 

La petrolera busca ganar 500 millones de pesos aduciendo varios pagos de sobornos que estarían documentados en una investigación interna que no ha sido hecha pública por la petrolera. 

En medio de este escándalo, que tocaba tanto al empresario Jaime Camil Garza como a exfuncionarios de Pemex, hay otra empresa involucrada que ahora sale de nueva cuenta a escena, precisamente por la explosión en el edificio B2.

A inicios de 2001, el consorcio Conproca, que remodelaba la refinería de Cadereyta, dejó 98 millones de dólares de fianza en una cuenta bajo el control de Pemex.

Los recursos buscaban garantizar el pago de varios gastos no reembolsables que alegaban haber realizado.

Pemex y Conproca habían firmado tres convenios de pago en los que se establecía que la paraestatal auditaría estos “gastos no reembolsables”. 

Si los consideraba veraces, pagaría a Conproca. De lo contrario, los cobraría de la fianza. Para dirimir el conflicto nombraron un perito externo, última instancia antes de entrar en un conflicto judicial. 

Ese perito externo era la Sociéte Générale de Surveillance (SGS), empresa suiza líder en auditorías y control de calidad.

Pemex no acudió a SGS y cobró la fianza “de manera unilateral”, por lo que Conproca pidió que la Cámara de Comercio Internacional, en París, auditara el proceso. 

El arbitraje de París duró casi una década y falló en contra de Pemex, precisamente por no haber acudido a SGS, refieren varias fuentes conocedoras del juicio.

Esta empresa podría haber mediado entre las partes, y la paraestatal se hubiera librado de pagar los gastos millonarios que implican tantos años de abogados y pleitos en tribunales, que llevaron incluso a que se le condenara por pagos absurdos, como bastones de golf y masajes.

Ahora SGS vuelve a prestar sus servicios a la paraestatal como una de las dos empresas internacionales que hacen peritajes en el edificio B2, buscando las causas del siniestro.

Además del conflicto de intereses que implica ordenar archivos de un área con la que ha tenido contratos, SGS no tiene el peritaje de accidentes o atentados entre sus campos de especialidad.

Juez y parte

El viernes 1 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam, dijo en conferencia de prensa que en la zona de la explosión “están trabajando dos empresas internacionales, que también están haciendo el peritaje”.

Reporte Indigo solicitó a la PGR los nombres de las compañías a las que pertenecían estos peritos extranjeros. Dijeron que no podían divulgar el nombre de ninguna empresa.

Durante el fin de semana, varias fotografías de prensa consignaron que una de ellas era SGS. Las versiones fueron publicadas por varios medios y ninguna dependencia oficial las negó.

En las imágenes se observan personas con uniformes color naranja con las siglas SGS impresas en negro en la espalda, además de una carpeta negra de piel que mostraba las mismas iniciales.

SGS, con sede en Ginebra, Suiza, es la empresa líder en el mundo en control de calidad, auditorías y certificación.

La certificadora suiza y sus empresas mexicanas, como SGS de México, SGS Servicios Logísticos y Tecnológicos y SGS Qualitest de México, han tenido en los últimos siete años un centenar de contratos con dependencias del gobierno federal, según los registros del IFAI.

La mayoría de ellos son para cursos de sistema de certificación de calidad, auditorías externas y aval de cumplimiento de ISO.

En 2012 la Secretaría de Economía le otorgó una concesión para realizar “importación y exportación, importación definitiva y análisis de laboratorio”, aunque no especifica para qué temáticas. 

Los únicos registros de análisis de laboratorios que han contratado a SGS son para evaluación de crudo petrolero encontrado en Tabasco, y para una muestra de aceite vegetal recolectado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en mayo del año pasado.

También han hecho para Pemex supervisión y control de obras. SGS de México, junto con Urba Ingeniería y SGS Qualitest, fueron los acreedores del contrato para la supervisión del camino de acceso y acondicionamiento del sitio en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán.

De acuerdo con su sitio web, SGS es una empresa que ayuda a sus clientes para “operar de manera más eficiente y sostenible mediante la racionalización de los procesos, mejorar la calidad y la productividad, reducir los riesgos”. 

Atienden cuestiones relacionadas con la industria y la alimentación, automotrices, de química, construcción, bienes de consumo y textiles, financiamiento, bioquímica, logística, minería, normativa del sector público, petróleo, gas y energía.

De éstas últimas, se dicen especialistas “desde el transporte de combustible y productos de calefacción para plásticos, fertilizantes y productos farmacéuticos”. 

También se anuncian como asesores para explotación de fuentes de energía amigables con el medio ambiente.

Ni en estas páginas ni en su historial de contratos, este diario encontró evidencia de que SGS tenga como especialidad la realización de peritajes que evalúen las causas de un siniestro y puedan descartar si se trató de un accidente o un acto provocado.

Reforma en ciernes

Un día antes de la explosión, el 30 de enero, el presidente Peña Nieto anunciaba una reunión con diputados del PRI y el Partido Verde en la que coincidieron “en que 2013 será un año de grandes reformas”.

Luego salió al paso de las declaraciones de la oposición, que aseguraba que las reformas fiscal y energética llevarían a privatizar Pemex.

Dijo que no se privatizaría y que querían tener “la mejor empresa pública del mundo”.

Desde Davos, Suiza, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le puso fecha. Aseguró que la reforma energética “profunda” se haría durante este año.

En torno a estos anuncios se movían las propuestas del Pacto por México y la de bajar los impuestos a la petrolera, primer punto del plan divulgado por el exlíder de la izquierda y actual coordinador de Asuntos Internacionales del GDF, Cuauhtémoc Cárdenas.

Al mismo tiempo, un “reportaje especial” preparado por Televisa llevó al banquillo de los acusados al empresario Jaime Camil Garza, señalado de haber recibido sobornos de la empresa alemana Siemens para la remodelación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

El empresario lo negó en entrevista y alegó que los señalamientos eran parte de un litigio de Pemex.

En conversación telefónica con este diario, la dirección de comunicación de la petrolera confirmó que Cadereyta sería un caso emblemático para la reciente dirección de Lozoya Austin.

El director de Pemex no contestó al escándalo en medios mexicanos, pero justo estaba en Corea del Sur en el momento que Cadereyta volvió a la agenda pública. 

El 29 de enero, en entrevista con la agencia local de noticias Yonhap, aseguró que México buscaría que el conflicto judicial de Pemex con SK Engineering and Construction no afectara la relación bilateral con esa nación.

“Nosotros esperamos que este problema sea aclarado, por lo que podremos encontrar una cooperación más brillante con las empresas surcoreanas”, citó la agencia.

En México, el último tuit de la petrolera previo a la explosión fue un autohalago: “Es un logro para Pemex mantener los indicadores de seguridad por debajo del estándar internacional”.

Luego, se divulgó una primera versión confusa: “Como medida de prevención, estamos desalojando la torre Pemex en el DF por una falla en el suministro de energía eléctrica”.

No era el edificio principal, pero el humo de las oficinas de personal y administrativas de Pemex Refinación en el B2 no pudieron parecer un corto circuito o una falla eléctrica.

Desde ahí surgieron las versiones encontradas, los testimonios de rastros de explosivos, de amenazas de explosiones, de que el edificio podía derrumbarse. Lozoya Austin volaba de regreso a México y los ojos del país estaban concentrados en el rescate de los cuerpos y los heridos. 

Días después, aún subyacen las preguntas.