Las prisiones de Jalisco tienen recluidos actualmente a 501 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el triple de los que dejó encarcelados el pasado gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, y no obstante, el estado sigue enfrentando una crisis de asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas.
Aunque el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se ha deslindado en más de una ocasión del combate al crimen organizado, lo cierto es que el sistema penitenciario del estado ha presentado durante esta administración un aumento considerable de presos identificados como integrantes de esa organización delictiva, aún hegemónica en la entidad.
De acuerdo con registros proporcionados vía transparencia por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, el año 2018, último de la gestión del fallecido Aristóteles Sandoval Díaz, cerró con 166 reclusos del CJNG, lo que muestra un crecimiento del 201.80 por ciento para este 2021 (folio 04309821).
Señala al respecto la dependencia: “La información relativa a si pertenecen a un grupo delictivo o cártel, es obtenida por el área de Criminalística de cada uno de los centros penitenciarios de esta Dirección General de Prevención y Reinserción Social del estado de Jalisco, en base al propio dicho del PPL (Personas Privadas de la Libertad) a su ingreso. (…) La información del año 2021 se rinde al día 20 de mayo del 2021”.
Sin embargo, a pesar de ese incremento en la cantidad de reclusos del CJNG, Jalisco sigue encabezando el listado de los “10 estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas”, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021, con tres mil 906 víctimas, según el reporte que dio la Secretaría de Gobernación al 8 de abril de 2021.
Esto significa que una de cada cinco desapariciones que se han registrado en el país durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se cometieron en el estado de Jalisco, durante el mandato de Alfaro Ramírez (el 20 por ciento de 19 mil 527 personas desaparecidas y no localizadas).
En ese reporte también se informó que entre la decena de “Municipios con mayor número de cuerpos exhumados” de fosas clandestinas, en el mismo periodo (1 de diciembre de 2018-7 de abril de 2021), cuatro de ellos son de Jalisco, a saber: En el Lugar 1, Tlajomulco de Zúñiga, con 277 Cuerpos; en el sitio 2, El Salto, con 199 cuerpos; en el escaño 4, Zapopan, con 156 cadáveres; y en el puesto 7, Tlaquepaque, con 95 cuerpos.
Por eso, el documento establece: “Los estados que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México, que concentran el 76.21 por ciento de los reportes de diciembre 2018–7 de abril de 2021”.
Y agrega también: “Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas son: Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora, que concentran el 65.90 por ciento de diciembre de 2018–7 de abril de 2021”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que el CJNG es el más peligroso del mundo. También señaló que no existe ninguna organización en México con mejor armamentohttps://t.co/VOQVtjGucc
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 15, 2021
Más cárteles en prisión ademas del CJNG
Además de los cientos de integrantes del CJNG que están actualmente presos en el sistema penitenciario de Jalisco —contabilizando sentenciados y procesados—, hay otros 166 reclusos que están igualmente identificados como miembros de la delincuencia organizada, en específico, de estos 15 grupos delictivos:
El Cártel de La Resistencia, Cártel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel de La Corona, Cártel de Los Caballeros Templarios, Cártel de Los Aztecas, Cartel Beltrán Leyva, Cártel de Los Arellano Félix, Cártel de Los Aliados, Cártel de Sinaloa, Cártel del Milenio, Cártel de La Familia Michoacana, Cártel Nueva Plaza, Cártel de Guadalajara y Cártel del Noroeste.
Esto significa que al considerar tanto al CJNG como a estas otras organizaciones delictivas, las cárceles de Jalisco alojan actualmente a 667 miembros del crimen organizado, una cifra también muy superior a la que dejó en el año 2018 Sandoval Díaz, con 256 presos con estas características —e incluyendo todas las filiaciones criminales—.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco, sin embargo, se negó a informar por cada organización delictiva datos como la cantidad de presos condenados y los que siguen con procesos judiciales abiertos, aludiendo distintos riesgos, entre estos, un posible ataque para “rescatar” a reclusos del crimen organizado.
“Otro daño probable es un ataque a los perímetros externos de los establecimientos penitenciarios, ello como forma de tentativa de liberación de reclusos de alto riesgo pertenecientes a su grupo, a los que se han impuesto grandes penas a través de sentencias condenatorias. Estos ataques se han dado en la sociedad y no se duda en que los grupos criminales puedan optar por alguno de ellos en cualquier momento, aprovechando las deficiencias de los sistemas penitenciarios”.
Violencia no amaina
Pese a este incremento de reclusos ligados con el crimen organizado, Sandoval Díaz dejó una menor incidencia de asesinatos que la que hoy se tiene con Alfaro Ramírez: mientras las víctimas de homicidio doloso en 2018 fueron dos mil 417, en el 2020 ascendieron a dos mil 623 (entre éstas, el propio Aristóteles Sandoval Díaz).
Entre los deslindes que ha hecho el mandatario emecista para desentenderse de la violencia de los cárteles, están sus declaraciones del 28 de febrero pasado.
“Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara. (…) Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional”.
Luego vino otro, el 18 de mayo, al señalar: “En los temas que hoy estamos enfrentando como desafíos importantes para Jalisco, no se necesita ser abogado pero sí conocer un mínimo de nuestra legislación para entender que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del Gobierno federal, insisto, no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”.
