Aprobar que Claro TV, propiedad de Carlos Slim, preste servicios de televisión restringida violaría tanto el marco legal nacional como el Tratado México-Estados Unido-Canadá de libre comercio. Advirtió el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones previo a que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones discuta la solicitud del Actor Económico Preponderante.
En un comunicado, el IDET califica la solicitud como “una nueva y burda maniobra del AEP-T para intentar burlar la Constitución Política, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las disposiciones regulatorias emitidas por el IFT, así como para evadir las obligaciones y restricciones a las que se encuentra sujeto en materia de preponderancia.”
Esto al cuestionar el argumento presentado por la empresa propiedad de la familia Slim, respecto a que puede abstraerse de la declaración de Actor Económico Preponderante en Telecomunicación ya que esta fue hecha en 2014 y la firma fue constituida posteriormente, lo que minimizan como una “artimaña leguleya”.
El IDET también da la razón a la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, que manifestó su desacuerdo con la posible aprobación de la solicitud tanto al IFT como a la Secretaría de Economía, señalando que el Estado mexicano incumpliría con el capítulo de telecomunicaciones del T-MEC de ser así.
“Nuestro país reafirmó los principios establecidos en el decreto de reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 y se comprometió a que cualquier cambio a las medidas sobre tarifas, términos y condiciones de acceso a y uso de redes, infraestructura y servicio de un proveedor importante deberá ser consistente con el objetivo de promover competencia.”
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Bajo estos argumentos, el IDET, fundado en 2002 por Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo de Felipe Calderón y titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante el sexenio de Ernesto Zedillo, llama a los consejeros del IFT a pronunciarse de manera urgente y negativa respecto a la solicitud de Claro TV.
“Una decisión desaseada y, a todas luces, errónea por parte del IFT no sólo pondría en severa duda el compromiso del regulador con el resto de la industria, sino que incluso podría derivar en represalias económicas para México en momentos en que el sector y el país requiere un regulador capaz de discernir y rechazar las estrategias diseñadas por el AEP-T al margen de la ley.”
