El Congreso de la Ciudad de México ha funcionado en medio de claroscuros durante la pandemia de COVID-19.
Una evaluación realizada por la asociación civil Visión Legislativa indica que ha tenido aciertos como modificar su Ley Orgánica para sesionar pese a la contingencia sanitaria.
Sin embargo, no ha hecho las modificaciones legales necesarias para difundir y mantener la Información generada en la emergencia sanitaria que se vive en la ciudad.
También es de los pocos Congresos locales que durante la pandemia aprobó leyes para dotar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en materia de recursos.
Esto significa que durante la emergencia, el Congreso de la capital otorgó al Gobierno local la facultad de disponer de recursos extras sin consultar a los legisladores.
Innovadora en sesiones virtuales durante pandemia
El pasado 8 de febrero, Visión Legislativa dio a conocer los resultados del “Informe 2020. Los Congresos Locales en Pandemia de COVID-19”, en el que se analizaron las reformas aprobadas por las 32 legislaturas estatales y las dos federales respecto a temas presupuestales, a las sesiones virtuales y de parlamento abierto.
Dicho análisis comprende el periodo del 23 de abril al 27 de octubre de 2020, es decir, desde que la contingencia sanitaria estaba en la Fase II, hasta el semáforo naranja.
Según la información dada a conocer, el Congreso capitalino fue de los 29 que a nivel estatal hizo modificaciones legales para poder sesionar pese a la contingencia sanitaria.
María del Carmen Nava Polina, investigadora de Visión Legislativa y quien también se desempeña como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que el Congreso fue de las entidades que no solo reformó su Ley Orgánica para poder sesionar de manera remota, sino que emitió los reglamentos y estatutos para que sus órganos pudieran trabajar.
“En la Ciudad de México se llegó a más y la reglamentación se llevó a los órganos de Gobierno, como la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política”, especifica Nava Polina.
La reforma a la Ley Orgánica del Congreso fue aprobada el 19 de mayo de 2020 en una sesión presencial y con ella se logró que el legislativo local siguiera en operaciones de manera remota hasta que la contingencia sanitaria permitiera el regreso al recinto de Donceles.
Parlamento en deuda
El informe de Visión Legislativa detalla que a nivel nacional solo ocho congresos locales modificaron su normativa de Parlamento Abierto; es decir, la forma en que los diputados interactúan con la ciudadanía y dan a conocer su trabajo.
Sin embargo, la primera legislatura del Congreso capitalino no hizo ninguna reforma en la materia. Las entidades que sí lo hicieron son Durango, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Jalisco y Coahuila.
María del Carmen Nava Polina señala que esto afecta en dar a conocer a la ciudadanía lo que el Congreso está haciendo durante la pandemia por el nuevo coronavirus.
“Una reforma o modificación en la reglamentación de Parlamento Abierto puede lograr que el trabajo durante sesiones virtuales pueda traducirse en documentos físicos y virtuales que sean parte de la memoria legislativa”, dice Nava Polina.
Esto, menciona la investigadora, se hace más importante en un contexto de coyuntura electoral en el que se renovará la legislatura local.
“Estamos en coyuntura en términos de tiempos electorales, en año electoral, cuando entran nuevas administraciones o legislaturas, hacen borrón y cuenta nueva y es complicado encontrar información de legislaturas previas, se necesita tener la información y preservarla”, menciona.
Facultades extraordinarias
Solo cinco entidades del país aprobaron durante la contingencia sanitaria reformas a la ley que dotaron de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo local en materia de recursos, según la evaluación realizada.
Las entidades que aprobaron reformas que dotaron de facultades legislativas a sus gobernantes fueron Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas.
Nava Polina señala que esta situación es preocupante porque se usó a la contingencia sanitaria como motivo para aprobar reformas con el fin de que los ejecutivos locales pudieran destinar y disponer de recursos.
Uno de los llamados que hacemos es que la emergencia no sea justificante para traspasar las facultades constitucionales de cada poder
Fue el 10 de junio de 2020 cuando el Congreso de la capital aprobó una reforma, propuesta por el Gobierno de la ciudad para que el Ejecutivo pudiera modificar y recortar hasta 10 por ciento del presupuesto de órganos autónomos y alcaldías sin necesidad de hacer una modificación presupuestal desde el legislativo.
La investigadora considera que esto es una clara intromisión del Ejecutivo en el trabajo del legislativo y que provoca que exista una modificación a la ley endeble que en tribunales podría caerse.
“Son reformas inconstitucionales, que si alguien llega a impugnar o presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, seguramente sería anulada, porque viola los principios básicos de la división de poderes”, explica.
Por ello, Nava Polina considera que el Congreso de la capital ha trabajado durante la pandemia con claroscuros.
“Creo que hay aspectos positivos importantes y otros que son preocupantes y deben corregirse para futuras contingencias sanitarias”, dice.
