CNDH investiga por ‘bullying’ a ombudsman

Mientras la CNDH analiza las quejas interpuestas por acoso laboral en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la ombudsman Minerva Martínez Garza optó por el silencio institucional.

Por tercera ocasión, la elusiva presidenta del organismo no respondió a las solicitudes de entrevista formuladas por Reporte Indigo, luego de dar a conocer el hostigamiento que sufrieron dos exempleados.

El director de Comunicación Social de la CEDH, Eduardo Pérez Espinosa, había prometido la semana pasada un encuentro con la ombudsman para el día de ayer, pero fue cancelado.

El funcionario argumentó que Martínez Garza se encontraba en la Ciudad de México y que es “política” del organismo no otorgar entrevistas vía telefónica.

Esta publicación ha dado a conocer los casos del exdirector de Conclusión y Seguimiento de recomendaciones, Gustavo Meraz Rodríguez, y el de la exproyectista de la Tercera Visitaduría General, Martha Alicia Valdez Valenzuela.

Según las quejas, el primero fue despedido porque no aceptó una disminución de su sueldo, mientras que la segunda fue amenazada de que si no aceptaba la reducción de su salario se sometería a una investigación.

Fuentes cercanas a los casos confirman a Reporte Indigo que ambas quejas de “bullying” fueron incluidas en la sesión de ayer del Consejo Consultivo de la CNDH.

Hasta el cierre de esta edición no se había conocido la resolución del órgano colegiado, presidido por el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva.

La exproyectista envió el sábado pasado un escrito en el que pidió a los miembros del Consejo Consultivo que tanto su caso, como el de Meraz Rodríguez, sean atraídos por la CNDH.

“Ejercitando la facultad de atracción que le confiere el Artículo 14 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el documento fechado el 6 de abril.

La quejosa argumenta que se debe ejercer la facultad porque se cumplen dos supuestos de excepción: el impedimento de la titular de la CEDH por conocer la queja, porque a ella se le imputa el acoso, y por la trascendencia nacional del asunto.

“Ya que quien tiene el deber y la obligación de poner el ejemplo, en la tutela de los derechos humanos de la población del Estado de Nuevo León, es quien pone el mal ejemplo”.

El escrito además solicita que la CNDH emita recomendaciones por las violaciones a los derechos de los exempleados e interponga denuncias ante el Congreso local, el órgano de control interno de la Comisión Estatal y la Procuraduría de Nuevo León.

A raíz de esta solicitud, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional decidió incluir en la sesión de ayer la discusión de las quejas.

En ambas querellas se denuncia que la ombudsman incluyó a los exempleados en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado.

Como evidencias documentales presentaron audios de conversaciones con la titular de la CEDH, Minerva Martínez, y algunos de sus colaboradores.

En uno de ellos se escucha cuando la ombudsman dice que la inclusión al programa fue ordenada, al organismo autónomo, por el gobernador Rodrigo Medina.

Abogados consultados aseguran que el POFIF no incluye a la institución, por su autonomía constitucional.

En el momento de estas violaciones, los extrabajadores solicitaron medidas cautelares a la CNDH, pero no fueron otorgadas y se consumaron los actos con sus despidos.

“De qué sirven las medidas cautelares si no hay pronta respuesta a tan graves violaciones que generan el desánimo en el quejoso y la impunidad en la autoridad abusiva”, reflexiona Valdez Valenzuela en su escrito.

La resolución de estos casos quedó en manos del Consejo Consultivo de la CNDH, compuesto por Ninfa Delia Domínguez Leal, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Rafael Estrada Michel y Eugenia del Carmen Diez Hidalgo.

Además de Ricardo Sepúlveda Iguíniz, Andrés Roemer, Alfredo Achar Tussie, Jorge Bustamante Fernández, Carmen Moreno Toscano y Marcos Fastlicht Sackler.

Historia que continuará

> El exdirector de Conclusión y Seguimiento, Gustavo Meraz, fue despedido porque no aceptó una disminución de su sueldo.

> Éste solicitó medidas cautelares a la CNDH para que se respetara su salario. El organismo no las concedió y ahora estudia la posibilidad de revertir esa resolución con un amparo. Y ganó un juicio por la vía laboral.

> La exproyectista Martha Alicia Valdez solicitó protección a la CNDH porque fue amenazada de que si no aceptaba la reducción de su salario se sometería a una investigación y sería sancionada.

> La defensa de ambos exempleados pidió al Consejo Consultivo de la CNDH que los casos fueran atraídos por el organismo nacional y se emitan recomendaciones para restituir las violaciones cometidas por la ombudsman y sus subalternos.