"Existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática”
La SEIDO realiza diligencias para establecer si es verdadera la información respecto de una supuesta hija de ‘El Chapo’, como dijo The Guardian
El compromiso del gobierno de la República es que Joaquín Guzmán Loera sea castigado con todo el peso de la ley, subrayó el comisionado de seguridad, Renato Sales, quien desestimó las declaraciones vertidas por la supuesta hija del narcotraficante.
“Que quede claro: por lo que corresponde al gobierno de la República, ni treguas, ni alianzas, ni pactos con el crimen”, declaró Sales Heredia en un mensaje a medios emitido en la sede de la Secretaría de Gobernación.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad leyó un mensaje en el que recordó que en julio de 2015 se evadió uno de los criminales más peligrosos del país, por lo cual se vieron afectadas las instituciones.
En respuesta, el Gabinete de Seguridad del gobierno de la República realizó trabajo de coordinación e inteligencia, para reaprehender al “Chapo Guzmán” el 8 de enero pasado.
“Desde ese momento el compromiso del gobierno de la República ha sido uno: emplear todas las capacidades del Estado para garantizar que este sujeto no pretenda volver a evadir la acción de la justicia”, dijo Sales Heredia.
Su trato en la cárcel ha sido con estricto apego a los derechos fundamentales, haciendo uso de todas las herramientas que la ley permite al Estado.
Refirió que el artículo 18 de la Constitución señala que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, las autoridades competentes pueden imponer medidas de vigilancia especial a quienes estén internados en los Centros Federales de Readaptación Social.
Mientras que el artículo 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece la restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados, así como la imposición de medidas de vigilancia especial.
Esto se confirma en los protocolos vigentes para los Centros Federales de Readaptación Social y en la ley que establece las bases de readaptación social de sentenciados.
Así fue reiterado recientemente por el Poder Judicial Federal, en la resolución incidental recaída ante un juicio de amparo promovido por la defensa de Joaquín Guzmán Loera.
Explicó también que en el incidente de suspensión 298/2016-2, del índice de Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo, se lee:
“La aplicación del protocolo de seguridad se debe a las medidas implementadas en el centro de su reclusión, las cuales son de orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que el orden y salvaguarda del referido centro de reclusión se mantengan”.
“No debemos olvidar tener presente siempre que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones han causado la muerte de muchos mexicanos, ha envenenado a nuestros jóvenes y destruido a familias enteras”, destacó Renato Sales.
Esas familias merecen justicia y a ellas nos debemos en primera instancia, comentó.
