El hallazgo de 11 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, Colima, en donde se han encontrado hasta el momento 30 cuerpos, deja en evidencia los altos niveles de violencia e inseguridad que imperan en esa entidad del país.
Tecomán es considerada la ciudad más peligrosa de todo México, pues en su territorio durante el 2018 asesinaron a 191 personas. En dicha demarcación, la tasa de homicidios fue de 145.39 por cada 100 mil habitantes, superando a otros municipios como Tijuana, Baja California, y Salvatierra, Guanajuato, lugares que ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente.
Los escenarios de muerte y enfrentamientos por agrupaciones del crimen organizado no son nuevos en territorio colimense.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desde 2016 Colima es el estado con la mayor tasa de homicidios dolosos a nivel nacional, lugar que mantuvo al menos hasta noviembre de 2018.
Hace tres años 583 colimenses fueron asesinados, es decir 68.23 casos por cada 100 mil habitantes; en ese periodo la tasa nacional en promedio fue de 16.49.
La semana pasada el gobernador de la entidad, José Ignacio Peralta Sánchez, sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que uno de los principales temas que trataron fue el de la seguridad pública.
La presencia de cárteles de la droga en Jalisco y Michoacán, estados vecinos de Colima, abonan a su alta incidencia de delitos de alto impacto
A consideración del priista, el problema de la violencia derivada de la presencia de grupos dedicados al narcotráfico en Colima requiere del “esfuerzo los tres órdenes de gobierno”.
Sin embargo, no solo el problema de los homicidios aqueja a Colima, también existe una grave situación en materia de feminicidios y desaparecidos.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indica que hasta abril del 2018 la autoridad tenía conocimiento de 595 personas que no habían vuelto a sus hogares.
De los casi 600 casos de desapariciones, 557 -que significa el 93 por ciento del total- fueron reportadas entre el 2012 y abril del 2018.
Ante las evidentes deficiencias de la gestión estatal y la incapacidad de Peralta para hacer frente a la crisis de seguridad, el mandatario tuvo que recurrir al Gobierno federal.
Puerta clave
En cuanto a crecimiento económico, Colima es uno de los estados más prósperos de México. Año con año, las estimaciones económicas sitúan a la zona entre el 4.6 y 5.7 de incremento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, siendo el puerto de Manzanillo su principal motor productivo.
No obstante, las virtudes de esta zona como puerta de acceso para la distribución y llegada de mercancías hacia el resto del mundo, lo han convertido en un territorio en disputa por los cárteles de la droga que buscan el control estratégico para sus operaciones.
Para el diputado federal del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, la importancia del puerto de Manzanillo para la entrada y salida de drogas, armas y dinero, es motivo suficiente para considerar nuevos mecanismos de seguridad tanto del gobierno local como de las autoridades de la federación, además de que la colindancia con los estados de Michoacán y Jalisco abona un grado más de complejidad a su situación.
“Esto nos genera una ‘tormenta perfecta’ en la región. Y si agregamos el descuido del gobierno en materia de prevención pues facilita las cosas para la proliferación de la violencia en Colima”, señala el legislador.
Preciado Rodríguez calificó como errática la estrategia en seguridad del actual gobierno colimense, debido a los constantes cambios en el gabinete que ha presentado el priista José Ignacio Peralta para mediados de gestión.
“En tres años (el gobernador) ha tenido tres procuradores; ha tenido tres secretarios de seguridad y de la misma forma en otras área (…) total que opera a razón de un secretario por año y eso te habla de un gobierno poco estable, poco serio y poco responsable. Es claro que al no tener un mando que pueda permanecer, no tiene estabilidad en las instituciones, sobre todo en los asuntos delicados de prevención del delito y procuración de justicia”, agrega.
Récord en feminicidios
En la actualidad, Colima tiene el récord nacional de crímenes de alto impacto por razones de género en cuanto a tasa poblacional; esto quiere decir que, a pesar de ser un estado tan pequeño –con poco más de 700 mil habitantes dentro de su jurisdicción– el número de feminicidios es muy elevado. El registro oficial indica que 3.4 de cada 100 mil mujeres son víctimas de este delito en la región, el triple de lo que se registra en toda la República.
“El caso de Colima ha sido considerado en los informes de ONU Mujeres dentro de los primeros lugares por la tasa de población. El año pasado se asesinaron 77 mujeres y las autoridades nos establecen que la mayoría de estos crímenes se están investigando como feminicidios, sin embargo en la práctica sabemos que esto no es real”, afirma María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) respecto al caso de este estado.
La coordinadora de OCNF, pone como ejemplo el caso de una mujer encontrada en un espacio público en el puerto de Manzanillo, la cual presentaba mutilación de un brazo y marcas de tortura.
“Por el tipo penal (feminicidio) reunía algunas de las características de la brutalidad de este fenómeno. Nosotras dijimos que se tenía que investigar como tal, pero las autoridades respondieron que el caso tenía que ver más con el crimen organizado. Lo que no se considera es que los grupos delictivos matan mujeres y son feminicidas; son estos casos los que las autoridades no quieren investigar”, concluye.