Colima ‘exhala’ corrupción

La corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

La administración estatal que encabeza Anguiano llevó a cabo operaciones inmobiliarias turbias que se convirtieron en un desfalco al erario de los colimenses.

Reporte Indigo documentó graves irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas.

Las anomalías detectadas incluyen la adquisición de predios sin escrituración, adquiridos a sobreprecios a priistas que pertenecen al grupo político del gobernador e incluso bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado.

Hay terrenos que fueron comprados sin avalúos de por medio, a través de triangulaciones de recursos públicos entre los funcionarios allegados al mandatario colimense.

La mayoría de los predios resultaron inservibles para la construcción de vivienda porque están ubicados fuera de la mancha urbana y en zonas de alto riesgo.

Uno de los terrenos fue completamente devorado por el paso del huracán “Jova” en Colima hace cuatro años.

Estas operaciones truculentas se realizaron entre el 2011 y 2012, cuando el priista Jesús Orozco Alfaro se desempeñaba como secretario general de Gobierno y luego como titular de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Mario Anguiano.

“Mario se rodeó de buitres que se convirtieron en vice-gobernadores en Colima y que hicieron todo lo que quisieron en el sexenio”, denuncia el diputado local del PRD, Francisco Javier Rodríguez.

Los terrenos ‘amañados’

En el segundo año de la administración del priista Mario Anguiano, en el 2011, el gobierno de Colima contrató un crédito por más de 100 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda comprara terrenos como reserva territorial para la construcción de casas.

Ese año, el Gobierno de Colima -a través del entonces llamado Ivecol- presupuestó 72 millones de pesos para la adquisición de 9 predios particulares.

Uno de ellos, el más grande, de 98 hectáreas, se localizaba en el poblado conocido como La Loma, en la carretera Colima-Manzanillo, fuera de la mancha urbana de la ciudad capital.

El Gobierno de Colima adquirió este predio a Adriana Santoyo Durán, a quien el Estado la validó como propietaria de este terreno.

Santoyo Durán es viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del palenque del Municipio de Villa de Álvarez y que fue ejecutado en el 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en la ciudad de Guadalajara.

En Colima algunos medios han referido que existe un vínculo familiar entre Torres Anguiano y el gobernador Mario Anguiano Moreno.

El Gobierno de Colima desestimó los antecedentes oscuros de esta propiedad y continuó con su plan de adquirirla para el Instituto de Vivienda.

Un avalúo que realizó el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schutle, que se adjuntó en el expediente de compra venta, determinó un valor de 59 millones de pesos para este predio de 98 hectáreas. Hoy se sabe que el Estado de Colima solo pagó 35 millones de pesos por este predio.

Una venta en ‘fast track’

Este periódico tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Hay algo que resulta sospechoso en esta operación inmobiliaria: la urgencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno de Colima.

Tan solo tres días le tomó al gobierno de Mario Anguiano avalar los documentos que presentó la dueña del terreno, autorizar los recursos y expedir un anticipo a la presunta dueña del terreno.

El 22 de marzo de 2011, Óscar Alejandro Torres Contreras, entonces director del Ivecol, le solicitó a través del oficio DG-521/2011, a José Alberto Peregrina Sánchez, director general de gobierno, que revisará la documentación que presentó Adriana Santoyo Durán para acreditar la posesión legal del predio denominado “Las Lomas”.

El expediente entregado al subalterno del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, incluía escrituras públicas y el avalúo inmobiliario IVE-2011-02 de fecha de 22 de marzo elaborado por el M.V.B Carlos Mercado Schutle.

Un día después, el miércoles 23 de marzo el mismo director del Instituto de Vivienda solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Francisco Osorio Cruz, que liberara los recursos por 59 millones de pesos para la compra del predio.

En el oficio, del cual este periódico tiene copia, el director del Ivecol asegura que el equipo jurídico de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Orozco Flores, analizó la factibilidad de la compra de este terreno.

“Para dar trámite para la adquisición de dicho terreno, y una vez que sea autorizado por la H. Junta de Gobierno de este Instituto, solicitamos un anticipo de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al crédito solicitado al Banco Interacciones, S.A.”, señala el oficio DG/413/2011.

El jueves 24 de marzo –dos días después de que se supone inició el proceso de adquisición- el Instituto de Vivienda del Estado autorizó un cheque por 8 millones de pesos y otro por 2 millones más a Santoyo Durán por concepto de anticipo de su terreno rústico.

Días después, el Ivecol autorizó cinco cheques más -cada uno con valor de 5 millones de pesos- a favor de Adriana Santoyo Durán, que presentaron diferentes firmas de recibido.

El Gobierno de Colima concretó la compra de este terreno, sin embargo, el Instituto de Vivienda del Estado nunca tomó posesión de este predio.

Un año después, un supuesto juicio de amparo que presentó la familia de Rafael Ordorica Suárez, empresario de estaciones de radio en Colima, le dio la posesión legal del predio que el Ivecol había adquirido a la viuda de Germán Torres Anguiano en 35 millones de pesos.

De nada sirvió la supuesta revisión jurídica que llevó a cabo el área de Jesús Orozco Alfaro, entonces secretario general de Gobierno.

El terreno adquirido tenía otro dueño.

“Esto fue desfalco”, señala el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez.

“Hasta el momento los colimenses no sabemos si los recursos realmente se pagaron a la primera dueña o fueron desviado por los funcionarios”.

Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Compran terreno… y se lo lleva huracán

La compra del predio de 98 hectáreas, por el cual el gobierno de Colima habría pagado 35 millones de pesos, pero que no se concretó porque se negoció con el propietario equivocado, no es la única operación bajo sospecha que realizó el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, hoy llamado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, Insuvi.

En el 2011, igual con los recursos conseguidos a través de un endeudamiento, el Ivecol adquirió un terreno de 6.43 hectáreas en Manzanillo por 10.5 millones de pesos.

El predio era propiedad de la empresa Constructora y Urbanizadora El Volantín, S.A. de C.V, que pertenece a Alejandro Meillón Galindo, excandidato del PRI a la Alcaldía de Manzanillo y quien se desempeñaba entonces como titular del Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garza (Fimaga)

El posible conflicto de interés y favoritismo no es la única irregularidad detectada en esta operación inmobiliaria.

No hubo avalúo en la transacción y los 10.5 millones de pesos que pagó el Gobierno de Colima por este predio representan casi lo doble del valor de los terrenos en esa zona.

Hay otra anomalía más en esta compra-venta: el predio comprado se supone para la construcción de vivienda fue completamente destruido por el paso del huracán “Jova” en el 2011.

“El terreno quedó inservible para el Instituto de Vivienda”, dice el legislador perredista.

“Compraron un predio sin avalúo, a sobreprecio y en una zona de riesgo”.

En el Ivecol existen constancias de que la empresa de Alejandro Meillón Galindo reintegró únicamente 9 de los 10.5 millones de pesos que el Instituto le pagó por su propiedad.

Pero el diputado del PRD, Francisco Javier Rodríguez, tiene dudas sobre la procedencia del dinero que regresó Meillón Galindo al Instituto de Vivienda.

En ese momento se desempeñaba como tesorero del Estado de Colima, Jesús Orozco Alfaro, allegado de Meillón Galindo y del mandatario de Colima.

Una deuda como herencia

El gobernador de Colima, Mario Anguiano, no solo herederá un estado de Colima endeudado –creció en su sexenio un 237 por ciento la deuda pública a largo plazo- sino dejará también la sospecha firme entre los colimenses del enriquecimiento ilícito del gobernador y de su grupo político.

En la primera mitad de su sexenio Anguiano se hizo de un rancho en el poblado de Suchitlán, en el municipio de Comala, que según su declaración patrimonial del año 2012 –el resto están reservadas- tiene un valor de 3 millones y medio de pesos.

La propiedad está ubicada frente al rancho de uno de sus más allegados funcionarios: Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima.

“El tema en Colima es la deuda, la inseguridad y el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de Colima”, señala el diputado local del PAN, Donaldo Zúñiga

“No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

Jesús Orozco Alfaro: ‘El rey Midas’ de Colima

En Colima hay un gobernador, Mario Anguiano, pero el estado ha tenido varios vicegobernadores: políticos que utilizaron el poder para su beneficio.

Uno de ellos es Jesús Orozco Alfaro, un priista quien hoy está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y señalado por corrupción en la administración estatal.

Orozco Alfaro inició en el PRI. Fue alcalde de Colima, diputado federal, senador, pero en el año 2002 dejó este partido político por el PRD.

Fue candidato a la gubernatura de Colima por el Sol Azteca, apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero perdió en la contienda.

En el 2009 regresó al PRI para apoyar la candidatura de Mario Anguiano, quien una vez que se proclamó como gobernador lo designó, primero, como secretario general de gobierno y después como tesorero del Estado.

Fue la mano derecha de Anguiano en la primera mitad del sexenio.

Como tesorero de Colima, Orozco Alfaro fue responsable del incremento de la deuda que casi se ha triplicado durante el actual sexenio.

“Jesús Orozco Alfaro dejó prácticamente temblando las finanzas estatales cuando estuvo como tesorero del Estado”, dice el legislador panista Donaldo Zúñiga.

“Hoy se le pueden ver en diferentes lugares propiedades, negocios, De la noche a la mañana el señor goza de una fortuna en el estado. Esto genera sospechas de un enriquecimiento ilícito por el saqueo de las arcas estatales”.

A través de su hijo, Jesús Orozco Fuentes, el político colimense maneja la empresa Operadora de Restaurantes de Colima, S.A. de C.V., que tiene a su cargo sucursales de las cadenas Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken.

“Jesús Orozco es el rey midas de aquí de Colima”, comenta Francisco Javier Rodríguez.

“Lo que toca lo hace oro. Es un político venido a empresario”.

Orozco Alfaro estuvo en el gabinete de Mario Anguiano hasta julio del 2013.

Meses después en octubre de ese año fue designado como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

Pero no duró el cargo.  En abril del 2014 fue destituido por la Secretaría de la Marina, quien desde entonces se ha hecho cargo del Puerto de Manzanillo, estratégico para el tráfico de anfetaminas y de hierro mineral.

Los diputados locales del PAN, PRD y PT en el Congreso de Colima exigieron a la PGR una investigación por el cese de Orozco Alfaro, sin embargo las autoridades federales nunca iniciaron ninguna averiguación.

En su lugar fue nombrado el 4 de abril del año pasado el Vicealmirante Jorge Bustos Espino como director general de la API Manzanillo.

Mario Anguiano tuvo que reconocer que los decomisos de droga en el Puerto de Manzanillo habían bajado durante la gestión de Orozco. Un día antes de que fuera destituido de la API de Manzanillo, Orozco Alfaro hizo de las suyas: otorgó un contrato a la empresa Transmacol, S.A. de C.V., para realizar operaciones de contenedores en el interior del puerto.