Combate a corrupción de Cotemar y Lifting a medias
Ni a Cotemar ni a su filial Lifting de México se les han vuelto a entregar contratos de manera directa en los últimos dos años, sin embargo, el Gobierno tomó la decisión de respetar los que se le otorgaron en años pasados a pesar de las irregularidades
Rubén ZermeñoDesde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, hace casi dos años, anunció un combate frontal a la corrupción, terminar con las empresas “favoritas” como Cotemar y su filial Lifting de sexenios pasados y no permitir que en el país hubiera más contratos leoninos, mucho menos en Pemex.
De acuerdo con la información consultada en Compranet, ni a Cotemar, su filial Lifting de México, o a sus dueños, Mario Dávila y María Cristina Lobos, se les han entregado contratos directos en los últimos dos años.
Además, datos de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que en las 11 licitaciones en las que ha concursado Cotemar de 2018 a la fecha, ninguna le fue entregada.
El principal argumento de Pemex Exploración y Producción (PEP) fue que la propuesta de sus rivales ganadores era “más solvente” y por lo tanto más conveniente a sus intereses y por ende a los del Estado.
Pese a la falta de nuevas licitaciones, el monstruo petrolero sigue creciendo debido a las cuantiosas sumas que adquirió en contratos durante administraciones pasadas y a que no han sido tocadas por el actual Gobierno federal a pesar de las anomalías detectadas tras varios análisis a la Cuenta Pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Esos contratos previos, por adjudicación directa, fueron por más de 44 mil 399 millones de pesos, es decir, más de tres veces el presupuesto anual de Cultura en el país que este año fue de 13 mil 517 millones de pesos.
El verdadero valor de Cotemar y su filial Lifting de México ya no radica en las licitaciones para mantenimiento o gestión de personal, si no en los múltiples permisos que se les han dado para explotar pozos petroleros en tierra, algunos de ellos con vigencia hasta el 2041 y los cuales el presidente López Obrador se niega a cancelar.
No estamos revisando ningún contrato, ni estamos cancelando ningún contrato, estamos cumpliendo con nuestra palabra de mantener los contratos y exhortando, llamando, convocando a las empresas que tienen los contratos para que inviertan y produzcan
La primera licencia para que el gigante petrolero pudiera explotar cientos de pozos y extraer oro negro fue otorgada en 2016 en el campo de Cuichapa Poniente, ubicado en el estado de Veracruz, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Y el último permiso del que se tiene registro fue a finales de marzo de este año cuando obtuvieron la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para explotar el pozo terrestre Paso de Oro2DEL, ubicado también en Veracruz y del que se pretende extraer 25 millones de barriles de petróleo, así como aceite de 17 a 20 grados API.
“Como la única compañía de exploración y producción de hidrocarburos en tierra 100 por ciento mexicana, para Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México es sumamente importante darle continuidad a nuestro plan, puesto que contribuimos al fortalecimiento y desarrollo de la industria petrolera nacional, a la vez que mejoramos la calidad de vida de nuestros colaboradores y de las comunidades en donde operamos a través de la experiencia, eficiencia, entrega y empatía”, informa la compañía en un comunicado.
Estas licencias tienen una vigencia de 25 años y forman parte de las rondas de subastas de la CNH para que empresas privadas extraigan lo que Pemex no puede por la falta de recursos económicos, materiales y tecnológicos.
Cotemar Sin castigo
El historial de anomalías de Cotemar no es reciente y casi cada año la ASF detecta irregularidades.
En el análisis de la Cuenta Pública del 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en contratos que Pemex adjudicó directamente a Cotemar y concluyó que la empresa mintió y evadió sus responsabilidades ocasionando daños al erario por varios millones de pesos.
Por ejemplo, en el contrato número 428233858 “Suministro, prefabricado, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones, obra electromecánica y montaje de equipo en instalaciones marinas de PEP en el golfo de México, con apoyo de embarcación de posicionamiento dinámico y equipos diversos”, la ASF detectó que las estructuras que debía de instalar Cotemar en plataformas estaban almacenadas en patios a la intemperie.
Es decir, Pemex sí pagó el trabajo por casi 5 millones de pesos, pero Cotemar no solo no lo realizó, si no que tenía el material necesario en el abandono con presencia de maleza y oxidación.
En otro análisis al contrato 48235808 “Mantenimiento e instalaciones costa afuera de la Región Marina (Paquete 13) por 8 mil 284 millones 297 mil pesos la ASF detectó un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 6 millones 671 mil 496 pesos luego de que Cotemar cobrara por ofrecer el servicio de pernocta y alimentos a más de 16 mil hombres y solo comprobara el registro de 3 mil 495.
Pese a todas estas anomalías y a las recomendaciones de la ASF para investigar y sancionar a la compañía petrolera, en el portal de proveedores y contratistas sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Cotemar no aparece en la lista de las empresas inhabilitadas y/o multadas.
Una empresa como Cotemar puede seguir “vendiéndole” productos y servicios al Gobierno federal a pesar de las recomendaciones de la ASF ya que éstas no son vinculantes
Al respecto, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, comenta que efectivamente, una empresa como Cotemar puede seguir “vendiéndole” al Gobierno a pesar de las recomendaciones de la ASF ya que no son vinculantes.
“La ASF tiene ya facultades de investigación en materia administrativa y podría iniciar las investigaciones correspondientes. Puede argumentar, con razón, que aún no han sido nombrados los magistrados anticorrupción (el Senado está en falta), pero podría dar vista a la SFP (en materia administrativa) o a la Fiscalía General para que el asunto pase de materia administrativa a penal”, comenta.
Para solucionar el problema, Bohórquez ve más fácil y efectivo que la empresa productiva del Estado modifique sus políticas de contrataciones.
“Pemex puede modificar su política de contrataciones para hacer más restrictiva la contratación a quienes hayan incumplido un contrato de obra o prestación de servicios. Y también puede mejorar la planeación hacia el futuro. Una empresa del tamaño de Pemex puede ajustar sus políticas de compra mediante esquemas de planeación para los años 2021, 2022 y subsecuentes”, concluye.
