Combatir al mal outsourcing en la 4T

La subcontratación ilegal, también conocida como outsourcing tiene a los trabajadores mexicanos en la incertidumbre.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que al menos 5 millones de empleados laboran sin prestaciones de salud, vivienda y no tendrán un fondo para el retiro.

El también llamado outsourcing es un esquema mediante el cual las empresas o patrones contratan los servicios de terceros con el fin de delegarles una parte de las actividades que realizan; en los últimos años esta práctica se ha multiplicado en el país.

Pese a que esta figura se considera como una manera de fomentar la creación de plazas laborales, empleadores también lo han utilizado para evadir o eludir el pago de impuestos y prestaciones establecidas en la ley a costa de sus trabajadores.

A mediados de enero pasado, la STPS, el IMSS, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y el SAT presentaron en conjunto una serie de datos sobre el universo del outsourcing ilegal en el país.

Entre los resultados se detectó a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, para las cuales laboran 862 mil 500 trabajadores.

Sin embargo, esta solo es una parte, ya que las instituciones públicas estiman que existen alrededor de 6 mil empresas que hacen mal uso de la terciarización y evaden al fisco federal causando una merma de alrededor de 21 mil millones de pesos por año

La semana pasada la discusión sobre el outsourcing inició en el Senado de la República mediante un parlamento abierto organizado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el que legisladores, funcionarios federales, representantes de la iniciativa privada y especialistas en la materia, expusieron las anomalías de su aplicación ilegal y el impacto negativo que tiene en el patrimonio de los trabajadores, así como las pérdidas fiscales para el país.

De manera unánime, los ponentes concluyeron en la necesidad de combatir a los empleadores que ejecutan malas prácticas como no registrar a sus trabajadores con las cuotas reales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pagar los servicios prestados por parte de su personal mediante regímenes como el de honorarios para no acarrear responsabilidades de una relación laboral subordinada o desobligarse del pago de prestaciones al contratar a los trabajadores a través de empresas externas, entre otras modalidades.

También puedes leer: Abogan empresarios por outsourcing

El camino a la regulación del outsourcing

La ruta para reformar leyes como la Federal del Trabajo y la del Seguro Social, en las que se establecerán los lineamientos para que la subcontratación deje de ser motivo de abuso de empleadores hacia trabajadores y un pozo fiscal sin fondo para el país, enfrenta diversas posturas.

Una de las iniciativas más agresivas para la regulación es la que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia en octubre del año pasado, en la cual propone catalogar el outsourcing ilícito como un delito equiparado a la delincuencia organizada.

La sugerencia del también líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, tuvo reacciones por parte de organismos empresariales, los cuales mostraron preocupación y rechazo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la iniciativa del legislador de Morena busca imponer sanciones excesivas e innecesarias.

Otra iniciativa también controversial por sus alcances, es la que presentó el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados en septiembre pasado, en la que propone eliminar de manera definitiva la figura del outsourcing de la Ley Federal del Trabajo.

Pese a que en la jornada de parlamento abierto llevada a cabo en el Senado el miércoles pasado la mayoría de los puntos de vista se inclinaron por combatir la subcontratación abusiva, también se expresaron diferentes propuestas para la modificación de leyes.

La Coparmex, invitada a participar en las ponencias, argumentó que las leyes ya están facultadas para sancionar la subcontratación ilegal, por lo cual plantea que solamente se integren los conceptos específicos sobre cómo se comete.

“Creemos que la ley está adecuada en el capitulado respectivo a este tema y que lo único que se requiere es identificar cada una de las figuras y en su caso sancionar las conductas ilícitas o que inclusive sean tipos penales para los que han incurrido”, explica en entrevista con Reporte Índigo Armando Guajardo, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex.

El integrante del organismo empresarial enfatiza que es importante no caer en una sobrerregulación del outsourcing, debido a que esto podría desalentar la inversión local y extranjera, además de limitar todavía más la creación de nuevos empleos en México.

Para Arturo Piñeiro, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reforma dirigida a la regulación de la terciarización laboral debe establecer la coordinación interinstitucional para identificar a las empresas y compañías que están violando los derechos de sus trabajadores y las normas fiscales.

Héctor Martínez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManPower Group, empresa dedicada a ofrecer servicios de terciarización del empleo, destaca que los objetivos para combatir el outsourcing ilícito deben estar encaminados a cerrarle la puerta a la evasión fiscal. Y coincide en que las leyes no deben dejar a la interpretación las modalidades por las cuales esta práctica se ejecuta.

“Comúnmente los abogados te ganan cuando dicen que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, hasta que no quede por escrito qué no se vale, por ejemplo, el subregistro del salario del empleado ante el IMSS, con el objeto de pagar menos impuestos y menos contribuciones al Seguro Social, no lo van a dejar de hacer (…) Si ya lo tenemos identificado, pues hay que prohibirlo”, opina Márquez Pitol.

También puedes leer: Diputados frenan iniciativa contra el outsourcing

‘La fiesta se acabó’

Durante la jornada de parlamento abierto en el Senado de la República, titulares de dependencias y unidades del Gobierno federal enfocadas a garantizar los derechos de los trabajadores en el país fueron tajantes al referirse a la falta de candados y las pocas acciones realizadas para combatir la subcontratación con fines ilegales en administraciones pasadas.

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, aseguró que la proliferación de las empresas que violan derechos mediante el outsourcing y su prevalencia en el mercado laboral lo han hecho bajo la complicidad de instituciones gubernamentales que no actuaron para contenerlo.

“Esto demuestra la nula coordinación que existió en su momento entre las diferentes instituciones que debían velar por los derechos de los trabajadores, por el derecho de la protección a la seguridad social, una nula coordinación que existía entre el IMSS, la STPS, la Procuraduría Fiscal, la UIF, en fin, todas esas instituciones que se ven afectadas por figuras que cayeron en su abuso absoluto”, dijo la secretaria del Trabajo.

Alcalde Luján recomendó a los legisladores de la Cámara alta no “caer en la trampa” al momento de legislar, refiriéndose a que la reforma a las leyes para regular el esquema laboral no tenga vacíos o delimite solo los requisitos mínimos para que haga su función.

“Cuando se dice que la empresa cumpla, se refiere al salario mínimo, seis días de vacaciones, 15 días de aguinaldo; es decir que cumpla con los mínimos de ley. Y eso pareciera razonable porque estamos en frente de empresas que ni eso cumplen, que incluso ni los tienen registrados (a sus trabajadores) en el Seguro Social.

“Pero la trampa de caer en esta figura es que no se consideran otros derechos como los colectivos, cuando hablamos de estas figuras no estamos hablando del pago de reparto de utilidades, de la antigüedad; entonces hay que poner atención para que en esta reflexión no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se pueda subcontratar”, agregó.

Santiago Nieto Castillo, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inició su discurso lanzando una advertencia a las personas físicas o morales que emplean malas prácticas con el outsourcing.

El funcionario destacó también que el combate a la terciarización ilícita en el trabajo debe de abordarse con la óptica del combate a la corrupción, debido a que la forma de evadir impuestos se realiza la mayoría de las veces con empresas fachada o factureras.

El titular de la UIF recomienda que para garantizar a los trabajadores el acceso a sus derechos se debe de partir de una política de alcances nacionales en esa materia. Y concluyó al exponer que de parte de la unidad a su cargo se seguirán persiguiendo los delitos de corrupción vinculados a la subcontratación con fines ilegales.

“Es necesario combatir que no existan operaciones de lavado de dinero y cualquiera de sus delitos predicados, incluyendo los temas vinculados con corrupción que se asocian a las empresas fachada, los temas de defraudación fiscal que se asocian a las compañías que facturan operaciones simuladas, que se vinculan en ambos casos al outsourcing ilegal. La fiesta se tiene que acabar por el bien de todas y todos los trabajadores de México”, añadió.

También puedes leer: Confrontación por regulación del outsourcing

IP bajo la lupa por outsourcing

El combate a la corrupción es un eje central de la política del Gobierno federal y de Morena en el Congreso de la Unión.

Con esta máxima, funcionarios y legisladores han buscado implementar mecanismos para eficientar los instrumentos de recaudación fiscal en el país.

Uno de ellos es la reforma al artículo 28 constitucional, con el objetivo de eliminar la condonación de impuestos a las grandes empresas.

Dicha modificación fue avalada por el Senado el 12 de febrero, luego de que se ratificara en 17 de los 32 congresos estatales del país.

Otro hecho que enfrentó a las cúpulas empresariales y a los legisladores de Morena fue la reforma a diversas leyes con el fin de perseguir como delincuencia organizada y un ilícito en contra de la seguridad nacional las operaciones con facturas falsas y contra las empresas fantasma.

Ante este planteamiento legislativo, organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) pidieron al Congreso y al Gobierno federal dar certezas sobre las implicaciones que tendría dicha reforma, a la cual calificaron como un riesgo para la propiedad privada de la ciudadanía. Por su parte, la Coparmex consideró que la nueva norma era equiparable a implementar un terrorismo fiscal.

Pese a las peticiones del empresariado para matizar la reforma o clarificar su operación, en ambas cámaras Morena consiguió aprobarla, aún con los reclamos de partidos de oposición como el PAN y el PRD, los cuales también se pronunciaron en contra.

Confían en parlamento abierto

Con respecto a la discusión sobre las leyes regulatorias del outsourcing, representantes de la iniciativa privada celebran la apertura a la discusión y aseguran que sus recomendaciones serán escuchadas.

“Sobre el parlamento, lo cual celebramos por escuchar a los sectores involucrados, esperamos que tomen en cuenta lo que se argumentó durante toda esta jornada y que derivado de eso se analice y se devuelva a estudio este dictamen con base en lo que se discutió y que no se convierta (el parlamento abierto) en un mero trámite”, expresa Armando Guajardo de Coparmex.

Arturo Piñeiro afirma que las opiniones formarán parte del dictamen y difícilmente se verá el parlamento abierto para la discusión de la subcontratación como una simulación, debido a que muchos de los participantes concluyeron en la necesidad de sancionar las malas conductas.

“No creo que suceda porque nosotros participamos en el mismo. Y creo que sí son importantes estos foros en los que se incluyen a voces de todo tipo y que en la mayoría fuimos coincidentes con el tema”, menciona el investigador del IMCO.