Yes al NAFTA

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estuvo a punto de morir el pasado 26 de abril. Ese día, funcionarios de la Casa Blanca filtraron información a la prensa de que el presidente Donald Trump estaba preparado para emitir una orden ejecutiva decretando la salida de Estados Unidos del acuerdo comercial.

Una vez que la información se hizo pública, comenzó una intensa movilización de los grupos de interés pro TLCAN para presionar a la administración de Donald Trump a mantenerse  dentro del acuerdo. Los presidentes de México y Canadá, congresistas de ambos partidos, directores de empresa, firmas de cabildeo que representan al sector agrícola, manufacturero y de servicios e incluso miembros del gabinete comunicaron al presidente Trump, que una cancelación abrupta del tratado tendría consecuencias negativas inmediatas.

Wilbur Ross, secretario de Comercio, y Sonny Perdue, secretario de Agricultura, advirtieron al presidente que los sectores más golpeados por una escalada arancelaria con México y Canadá serían aquellos que en su mayoría votaron por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales.

Al final del día, el presidente Trump rectificó su posición, pero advirtió que “estaba completamente listo para terminar el acuerdo”. La realidad política y la realidad económica se impusieron a la retórica proteccionista que caracterizó a la campaña de Trump.

Los sucesos del 26 de abril recuerdan una condición endémica del sistema político estadounidense: los grupos de interés, particularmente los que representan a las grandes corporaciones, son esenciales en el diseño de la política económica.

En la coyuntura específica de la negociación del TLCAN, está condición es favorable para los intereses económicos de México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Mesa Redonda de Negocios (Business Roundtable, en inglés) son las dos agrupaciones empresariales más influyentes en Washington. Ambas han respaldado públicamente la necesidad de modernizar el TLCAN, sin generar disrupciones para un comercio trilateral que intercambia diariamente bienes valuados en 3.5 mil millones de dólares.

En ese sentido, podría argumentarse que el 26 de abril fue el día en que Estados Unidos le dijo sí al TLCAN de una manera definitiva. Ayer, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) anunció al Congreso que la renegociación del acuerdo iniciará el 16 de agosto.

¿Negociación soft?

A juzgar por el discurso del gobierno estadounidense, por las intervenciones públicas de los funcionarios mexicanos y por el comportamiento del tipo de cambio, una renegociación disruptiva del TLCAN representa un evento de baja probabilidad.

Tanto Wilbur Ross como el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, han insistido en que la modernización del acuerdo comercial estará centrada en la adición de nuevos temas, puntualmente el de la economía digital y la apertura energética.

En diferentes ocasiones, estos funcionarios han expresado que las negociaciones comerciales que sostuvieron México y Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se utilizarán como base para las conversaciones del TLCAN.

Además, no se espera que el tratamiento de cuestiones sensibles como las reglas de contenido de origen tengan el potencial de descarrilar la negociación integral del acuerdo. El mes pasado, Guajardo aseguró que México está abierto a discutir las implicaciones de incrementar el porcentaje de insumos regionales que un bien de exportación debe contener para estar sujeto a una condición libre de arancel.

La actitud que la administración de Donald Trump ha asumido recientemente en relación al TLCAN sugiere que el posicionamiento del presidente se ha alineado con los intereses corporativos que favorecen el status quo comercial.

Sin embargo, esto no quiere decir que en Estados Unidos existe una opinión abrumadoramente favorable del TLCAN. El acuerdo ha sido un factor de tensión para la relación entre los sindicatos y la comunidad empresarial.

AFL-CIO, la organización obrera más importante de Estados Unidos, representa uno de los mayores detractores del TLCAN en ese país. El 12 de junio, emitió un reporte sobre los lineamientos que, a su parecer, debería seguir la negociación del acuerdo comercial. En el documento se perciben rasgos que caracterizaron el discurso antilibre comercio del presidente Trump durante su campaña electoral: “Bajo cualquier medición importante para la clase trabajadora, el TLCAN ha sido un fracaso”.

El Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), un influyente think tank que es financiado en gran medida por organizaciones sindicales, publicó en 2014 un estudio en el que se realizó un balance de las dos décadas del TLCAN. Se argumenta que, más que un tratado comercial, este acuerdo representa una serie de reglas que otorgan derechos y privilegios a las corporaciones a costa del bienestar de los trabajadores estadounidenses. Puntualmente, el EPI describe al TLCAN en tres palabras: “Es un desastre”, el mismo término utilizado por Donald Trump en campaña.

Mantener el status quo en materia comercial sería poco redituable para un presidente cuyo apoyo está fincado casi exclusivamente en su base política. Por ello, la pregunta recurrente en el debate público es ¿qué le va a vender Trump a sus seguidores en caso de que la renegociación del TLCAN se desenvuelva como lo plantean Ross y Guajardo?

Esta condición política de la administración de Trump ha abierto la puerta a que los grupos de interés contrarios al TLCAN intensifiquen sus esfuerzos de cabildeo. Por ejemplo, la semana pasada, el Instituto de Agricultura y Política Comercial emitió un comunicado en el que recomendó a la administración de Trump a “rechazar el modelo comercial que ha impuesto el TLCAN”.

La división entre los grupos de interés que rodean al gobierno de Trump es evidente. Los lineamientos que seguirá la administración de Trump en la renegociación del acuerdo, no tanto.

Show me the money

La Oficina del USTR ha recibido comentarios de más de 50 mil organizaciones, grupos de interés y empresas que buscan influenciar aspectos específicos de la renegociación del TLCAN.

Sin embargo, hay opiniones de mayor resonancia que otras. La voz de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), la organización que más ha gastado en cabildeo en las últimas dos décadas, ha expresado de manera reiterada que la continuidad del TLCAN es “crítica para el bienestar económico y geopolítico de Estados Unidos”.

En una visita a México, Tom Donohue, presidente de la USCC, dijo a la agencia Reuters que “ni Trump ni las firmas estadounidenses tienen algún interés en salir del TLCAN debido al daño económico que ocasionaría”.

El peso político de la USCC es evidente. De acuerdo al Center for Responsive Politics (CRP), la organización ha gastado casi 25 millones de dólares en cabildeo en lo que va del 2017, más que cualquier otra asociación corporativa y 10 veces más que la Mesa Redonda de Negocios, la segunda organización de negocios que más dinero ha destinado este año para ganar acceso político en Washington.

El mes pasado, Jeff Immelt, entonces presidente ejecutivo de General Electric, viajó a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras la reunión, Immelt respaldó públicamente los esfuerzos del gobierno mexicano de cara a la negociación del TLCAN.

El asunto no es menor; General Electric cuenta con un valor de capitalización de mercado de 235 mil millones de dólares y es la cuarta organización que más dinero ha gastado en cabildeo en las últimas dos décadas, según información del CRP.

Además, la presión que ha ejercido el sector agrícola ha sido clave para mantener el discurso de la administración de Donald Trump alineado con los intereses pro TLCAN.

El gobierno mexicano entiende que ningún sector de la economía estadounidense sería tan gravemente afectado por la cancelación de este acuerdo como el sector agrícola.

Por ello, la estrategia mexicana ha enfatizado la intención de cerrar sus fronteras a la importación de maíz refinado y trigo panificable de Estados Unidos para generar presión en Washington. De acuerdo al CRP, el sector agrícola ha gastado más en cabildeo que el sector de defensa nacional en las últimas dos décadas.

El hecho de que México haya intensificado sus conversaciones comerciales con Argentina y Brasil para sustituir sus importaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos  se ha traducido en un mayor activismo de los grupos de interés que defienden a empresas como Archer Daniels Midland y Cargill.

La Asociación Nacional de Productores de Trigo, la Asociación de Refinadores de Maíz y la Federación de Granjas Americanas, la organización del sector agrícola más importante de Estados Unidos, han emitido posicionamientos públicos exhortando a la administración del TLCAN a respetar el estado actual de la relación comercial con México y Canadá.

La posición que Estados Unidos tomará en la renegociación es incierta, pero México tiene el beneficio de la duda: los intereses de las empresas estadounidenses, que tradicionalmente han influido en el diseño de la política económica, están alineados con los del gobierno mexicano.

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