Temen que de autorizar la persistencia de la Villa otros desarrolladores soliciten proyectos similares
La impunidad que envuelve a los daños ambientales causados por la Villa Panamericana la han atestiguado las asociaciones civiles que no dejan caer el caso, y es razón suficiente para que desde la Cámara de Diputados se convoque a crear una Comisión de la Verdad sobre los Juegos Panamericanos de 2011.
El presidente de la asociación Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, que participa en los juicios entablados contra la Villa por sus violaciones urbanísticas y ambientales, condena que el gobierno del exmandatario Emilio González haya dejado sin castigo el grave episodio de las aguas negras descargadas por el inmueble a cielo abierto durante los Juegos.
“Manda un mensaje en el que bajo la tutela del Estado se están quedando impunes los delitos, y no hay una sanción, entonces bajo ese criterio que está mandando la autoridad pues cualquiera puede delinquir, puede hacer y deshacer y no tendrá ninguna consecuencia, en algunas ocasiones hasta salen premiados”, dijo.
Cárdenas Ochoa está al tanto de que la PGR sigue sin consignar la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG1M2/5552/
Cuando los Juegos concluyeron, se reveló que la planta de tratamiento de la Villa había colapsado durante el evento, por lo que estuvo liberando en secreto sus aguas residuales en fosas improvisadas colindantes al área natural protegida del Bosque La Primavera, en una zona de alta porosidad que sirve a la recarga de los mantos freáticos.
Comisión de la Verdad
Los ocho expedientes ambientales abiertos contra la Villa con multas por 2.4 millones de pesos (MDP), y los desvíos de recursos documentados en los Juegos Panamericanos, obligan a la creación de una Comisión de la Verdad.
Así lo consideró el legislador federal Jorge Álvarez Máynez, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, en entrevista con Reporte Indigo.
“Yo convocaría al Gobierno de Jalisco a crear una Comisión Ciudadana de la Verdad exclusivamente para todo lo que sucedió en torno a los Juegos Panamericanos, no solo la Villa que es el caso más representativo de impunidad y corrupción”, señaló el diputado federal.
“Lo que hemos estado teniendo son piezas de un rompecabezas y las estamos tratando de combatir como si fueran aisladas, esto es un error desde el punto de vista jurídico y social, porque no ha sido atendido en su totalidad este caso: quiénes estuvieron implicados y hasta qué punto”.
La forma en que las autoridades toleraron la operación de la Villa vertiendo sus aguas residuales y los malos manejos de fondos, constituyen un “doble crimen”, según el legislador.
“Lo que hicieron es un doble crimen, es un crimen contra las próximas generaciones, contra la salud pública de los jaliscienses, y es un crimen en el desvío de recursos y la corrupción por no aplicar sanciones”, dijo Álvarez Máynez.
Ayer Reporte Indigo publicó que la multa por 969 mil 120 pesos que fue impuesta al desarrollador de la Villa, Corey Integra, por las descargas de aguas negras, terminó siendo conmutada por el gobierno del exgobernador por más obras para su inmueble.
Una Comisión de la Verdad con miembros independientes, pero con acceso a los archivos oficiales de los Juegos, puede impulsarla también y aún crearla el Congreso de Jalisco, según el diputado.
Así podría esclarecerse si la falta de sanciones que persiste en el actual Gobierno de Aristóteles Sandoval sobre los Juegos tiene un trasfondo de complicidad.
“Veo que hay acciones concertadas de impunidad que incluso involucran a varias dependencias e incluso federales, que ya sea por omisión o por acción también son corresponsables de estos hechos, en el tema medioambiental es muy claro”, afirmó el legislador.
“No solo hay que juzgar las acciones de las instancias estatales sino las omisiones de las federales que dejaron pasar este tipo de irregularidades y quebrantos al patrimonio más valioso que tienen los jaliscienses: el medio ambiente”, dijo.
El 1 de junio de 2015, Reporte Indigo publicó que la Contraloría de Sandoval Díaz había desechado seis expedientes de anomalías sobre contratos por 159.2 MDP de los Juegos, en los que la Auditoría Superior de la Federación había pedido sanciones y donde se señalaba a Carlos Andrade Garín quien encabezó el evento (“Amnistía a corrupción de Panamericanos”).
Villa, ejemplo de corrupción
Para el diputado local Augusto Valencia López, quien ha dado seguimiento al caso de la Villa desde su paso como edil de Zapopan (2012-2015), la falta de castigo a sus daños ambientales evidencia el contubernio entre el gobierno estatal, federal y sus empresarios.
“El actual gobierno estatal debe aplicar la ley como un ejemplo de sanción a un caso de corrupción, que devino en la contaminación del Bosque de la Primavera, principal pulmón de Guadalajara”, dijo.
“Lo que nosotros sugerimos es que se aplique la ley y se desmantele el inmueble, toda vez que en una zona como lo es el Bajío del Arenal no tendría que existir ningún tipo de construcción como ésta”.
“Habría que pedirle respuestas a quienes hoy también gobiernan de por qué incurriendo en todas las faltas en términos de permisos de construcción, se animaron a hacer una inversión o dejar que un empresario concluyera parte de la inversión, y después invirtieran dinero de Pensiones e Iprovipe (Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público)”, sentenció Valencia López
El pasado gobierno dirigió 757.4 MDP a la Villa, y otros 340 MDP del Instituto de Pensiones. Por estos recursos, el Parlamento de Colonias presentó una denuncia penal en junio de 2015 pues lo califican como un desvío, además de los otros casi 500 MDP que asegura se invirtieron en la urbanización del entorno.
“Lo que tendrían que haber hecho, que es algo que cuestioné a los funcionarios de Pensiones, son medidas legales para recuperar los 340 MDP invertidos en un negocio ilegal, y en eso no ha habido ninguna acción jurídica para recuperar el dinero de los trabajadores”, declaró.
“Y a quienes tomaron decisiones exigirles que devuelvan el dinero o por lo menos pasearlos 15 días en la cárcel, como una especie de castigo, ya 15 días es mucho pedir. Pero deberían tocar la cárcel por lo que han cometido”, dijo el diputado.
Uno de los riesgos que ve el legislador sobre la persistencia de autorizar en la Villa una alta densidad de habitantes o usuarios, es que en el derecho de igualdad otros desarrolladores soliciten proyectos vecinos similares.
“En la zona del Bajío, cerca de las villas, a un costado del Estadio (Omnilife) y el fraccionamiento Ayamonte, ya hay un camper promocionando una nueva torre habitacional que se está construyendo. Es, insisto, un ejemplo de corrupción”, finalizó el legislador.
Se buscó a la fracción del PRI en Zapopan para conocer su postura en este tema, sin obtener una respuesta.