El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción estará bajo la lupa ciudadana por ser el órgano con la obligación de hacer una “limpia” de los candidatos a las fiscalías y rechazar a quienes tengan un pasado ligado a un partido político.
Al no poner candados en la convocatoria presentada por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, a cargo de la diputada panista Yanira Gómez, se abrió la puerta al registro de aspirantes ligados con administraciones pasadas.
Todo apunta a que la selección de los aspirantes a la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales está tomando un rumbo más político que ciudadano o autónomo, como lo habían prometido los diputados locales.
En la lista de registro aparecen candidatos que participaron con los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina, administraciones priistas que actualmente son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Por ejemplo, se registró como aspirante José Luis Prado Maillard, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), identificado como una persona muy cercana a González Parás.
Prado Maillard fue señalado en redes sociales cuando fue director por supuestamente utilizar el presupuesto de la universidad para viajar y entregar becas a amigas de su novia, una estudiante de esa facultad.
Otro interesado en las fiscalías es Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien fue titular del Poder Judicial en la administración de Rodrigo Medina.
El más reciente caso está en la postulación de Javier Flores Saldívar, abogado defensor del exgobernador Rodrigo Medina.
La lista crece
Unos 100 aspirantes se registraron para el cargo de la Fiscalía General, Anticorrupción y de Delitos Electorales, estas posiciones pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción, que pretende convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma. El plazo se venció el viernes pasado.
Entre los que han entregado su solicitud de registro en la Oficialía de Partes del Congreso local, aparecen más nombres de personas ligadas con administraciones panistas y priistas.
Se trata de Guadalupe Saldaña, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quien estuvo bajo el mando del exprocurador Adrián de la Garza durante el gobierno de Rodrigo Medina.
También está registrado Salvador Benítez, quien fue regidor del PRI del municipio de San Pedro cuando fue alcalde Alejandro Páez.
Además se apuntó Javier Fernández Suárez Tijerina, quien estuvo en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia bajo el mando de Álida Bonifaz. Ambos estuvieron en la administración del PAN con Fernando Canales como gobernador.
Otro personaje que llama mucho la atención es Javier Garza y Garza, a quien se le relaciona con el gobierno de Natividad González, y consejero de la Comisión Estatal Electoral.
El pasado viernes, último día para el registro de candidatos, apareció en la lista final el nombre del exprocurador Roberto Flores, quien metió su papelería para el cargo de la Fiscalía General, pues su equipo llegó a la Oficialía de Partes del Congreso para entregar la documentos.
De manera discreta, una abogada del despacho Flores y Asociados inscribió a Roberto Flores para la fiscalía. Además de Flores, dos exprocuradores se registraron, Luis Treviño Berchelmann y Alejandro.
En conflicto
El Comité de Selección del Sistema Anticorrupción tendrá una prueba de fuego al elegir a la tercia final de candidatos para el conglomerado de fiscales.
Pedro Rubén Torres Estrada, integrante del Comité de Selección presentó su renuncia, pues argumento que por cuestiones académicas dejaba el cargo, ya que estaría fuera del país por un año.
Con esta renuncia el Comité quedarían integrado por ocho personas, que podría ocasionar un empate entre dos candidatos. Se informó que el documento fue entregado el último día de registro para las diferentes fiscalías en la Oficialía de Partes del Congreso.
El pasado 30 de noviembre, Reporte Indigo reveló que la posibilidad de conflicto de interés aparece en el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, al ser incluido Pedro Torres Estrada, quien con su empresa ha sido proveedor de servicios a Municipios y al PAN estatal.
A través de su empresa Valere Consultores, S.C., Torres Estrada ha amarrado contratos con el PAN de Nuevo León y con Municipios metropolitanos.
Otro punto para destacar es que existen al menos tres legisladores que estudiaron en el Consorcio Educativo Internacional Warden, propiedad de Salvadora Peña Warden, integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Comité de Selección está integrado por Marcela Chavarría, Salvadora Peña Warden, Joaquín Ramírez de la Cerda, María Genoveva Saldaña Leal, Pedro Rubén Torres Estrada y Gustavo González Fuentes.
Está también Jesús Viejo González, Gabriel Augusto Reyes García y Luis Gerardo Treviño.