A puerta cerrada compareció ante los diputados locales la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez, sobre las denuncias de juicio político que interpusieron en su contra diferentes exempleados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La discusión se centró en las acusaciones de tortura y acoso laboral imputadas a la titular del organismo, en una junta privada en la que sesionó una comisión legislativa ajena al proceso y sin la posibilidad de acceso a los medios de comunicación.
Aunque le Comisión de Justicia y Seguridad Pública es la encargada de declarar la procedencia, o no, de las tres querellas presentadas por extrabajadores, los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos fueron los que escucharon a la presidenta.
Tres exempleados de la CEDH, acompañados de su abogado, aguardaron desde las 09:00 horas afuera de la sala de sesiones Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en el décimo piso del Congreso local.
Adentro, durante el transcurso de la reunión, la diputada panista Carolina Garza cuestionó a la ombudsman sobre las actuaciones denunciadas, pero sus homólogos tricolores la defendieron.
Sin la posibilidad de acudir a la comparecencia, los denunciantes esperaron por cerca de dos horas afuera del recinto, hasta que concluyó la sesión y el diputado José Juan Guajardo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, permitió el acceso.
El legislador priista aseguró que la sesión era para exponer el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el ataque al casino Royale y el estado que guarda la plantilla del personal de la CEDH, pero que fue aprovechada para conocer el origen de las quejas.
“Quiero aclarar que el que haya sido una reunión privada no significa que se haya escondido información, o demás, simplemente como se trataron temas que en este momento se encuentran en litigio, no podríamos ventilar públicamente información de carácter reservado”, precisó.
Por su parte, la ombudsman se limitó a decir que los otros procesos abiertos en su contra, en el propio Consejo Ciudadano de la CEDH y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siguen su curso.
“El litigio no está concluido, entonces hasta que no se resuelva completamente, podremos saber”, afirmó.
Durante su intervención, la diputada Carolina Garza presentó un cuestionario de 20 preguntas, en el que abordó la tortura y el “bullying” laboral denunciados por los exempleados.
“La cuestionamos mucho sobre el tema del respeto, se supone que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, uno de los organismos más delicados, más imporatntes, porque es una autoridad moral”, expresó.
La legisladora reconoció que solamente se pudo negociar la comparecencia de la titular en la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Congreso, por la renuencia de otros diputados, sobre todo de la bancada del PRI.
“Fue lo único que logramos”, señaló, “ella insistía en que era un tema laboral, que no tenía nada que ver el Congreso en él”.
Tras la discusión, tanto los exempleados como su representante legal criticaron el carácter privado de la junta y que el análisis se procesara en una comisión legislativa distinta.
“Si tenían dudas, yo creo que debería ser la comisión que corresponde a los juicios políticos la que debe de investigar y sustanciarlo”, dijo el abogado Luis Villarreal.
“Nos desconcierta porque no sabemos a ciencia cierta por qué nada más tienen dudas para ellos, pero creo que nosotros también tenemos derecho a ser escuchados”.
La exproyectista Martha Alicia Valdez, una de las denunciantes, cuestionó la reserva con que transcurrió la reunión entre los diputados y la presidenta del organismo.
“Esa es otra de las circunstancias que a nostros nos causa una duda inmensa, sobre si se va a hacer realmente la aplicación del Derecho”.
El exmédico legista de la CEDH, Armando Fernández, refirió que se sintió excluido de la comparecencia, porque en un inicio le habían informado que se llevaría de manera abierta.
En cambio, el excoordinador de Recursos Humanos de la misma institución, Francisco Cepeda, pidió a los diputados que analizaran las denuncias de juicio político como un asunto de justicia humana.
