Complicado probar un Cyberbullying
La tipificación del Cyberbullying en el Código Penal del Estado por parte de los diputados presenta limitaciones, al no contar con la calificación jurídica precisa para culpar y demostrar quién es el agresor.
Se trata de un delito en el que el infractor esta escondido tras la máscara de la identidad digital. Por ello, distinguir al agresor que está bajo el escudo del anonimato es una gran limitante para una investigación.
Porque una cosa es quién sube la información, otra es desde qué dispositivo sale y quién es el que graba un video, o quién redacta un correo.
Mayra Gonzálezhttp://www.youtube.com/watch?v=UWlNQ_z-qUQ
La tipificación del Cyberbullying en el Código Penal del Estado por parte de los diputados presenta limitaciones, al no contar con la calificación jurídica precisa para culpar y demostrar quién es el agresor.
Se trata de un delito en el que el infractor esta escondido tras la máscara de la identidad digital. Por ello, distinguir al agresor que está bajo el escudo del anonimato es una gran limitante para una investigación.
Porque una cosa es quién sube la información, otra es desde qué dispositivo sale y quién es el que graba un video, o quién redacta un correo.
El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Francisco Cienfuegos, explicó que el delito requiere denuncia de la víctima para poder ser castigado. Sin embargo, no aclaró las herramientas con las que puede contar una investigación para comprobar la culpabilidad.
“Hay investigaciones, digo, si no se llega a comprobar pues bueno no se comprobó. Pero nosotros desde el legislativo no podemos quedarnos con los brazos cruzados, o sea tiene una causa noble”, menciona el diputado priísta Francisco Cienfuegos.
“Ya la autoridad que lo persigue tendrá que ir viendo mecanismos y cómo poder ir avanzando. En las mismas mesas de trabajo todos los involucrados contribuyeron y estuvieron de acuerdo en que se tenía que dar un primer paso y poner el ejemplo”, argumenta Cienfuegos.
Las sanciones serán castigadas con trabajo comunitario y en caso de reincidencia, de uno a dos años de prisión.
“Es darle armas al juez para que él decida”, dice Cienfuegos.
En el caso de los medios de comunicación, el diputado descartó que fuera una coartada en contra de la libertad de expresión. Y es que el castigo aplicaría más que a los medios de comunicación a la persona física que vendió el material
“El medio de comunicación únicamente me tiene que decir, a petición del Ministerio Público, quién fue quien pago la difusión”, mencionó Francisco Cienfuegos.
“Aquí nadie está privando la libertad de expresión. Sino por el contrario, queremos darle armas a los ciudadanos para que en redes sociales puedan regular a quien difame”.
