‘Cómplices: Juez casinero y procurador’

Desde las húmedas celdas del penal de Cadereyta, en Nuevo León, los socios del disputado casino La Fortuna acusan al procurador del estado, Adrián de la Garza Santos, de ser cómplice del juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.

En una fría tarde del 3 de febrero los casineros llegan, trémulos y lentos, a los locutorios exteriores de la cárcel estatal, donde permanecen recluidos desde agosto del año pasado en el área de Ampliación.

Ahí, en presencia de un representante legal, autorizan a Reporte Indigo la publicación de una carta que relata el despojo del centro de apuestas, ubicado en Monterrey, con la presunta complicidad de autoridades ministeriales y judiciales de Nuevo León.

Tras las rejas están los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González, que están en prisión preventiva desde hace seis meses, acusados de despojar el casino que ellos mismos crearon.

Después de ser aprehendidos en un cuestionado operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría de Nuevo León, los tres socios ahora son los reos números 6653, 6654 y 6655, respectivamente.

La visita sólo pudo realizarse bajo la mirada vigilante de los custodios, que los liberan de sus esposas luego de recorrer el túnel que los trasladó de sus prisiones hasta uno de los gélidos locutorios del penal.

Durante el encuentro, no desperdician cada momento para alegar su inocencia y reclamar el despojo de parte del juez federal y de las autoridades estatales.

Paradójicamente, el juez Jerezano Treviño, suspendido por otorgar amparos a casinos bajo condiciones sospechosas, ahora lleva ya más de un año tratando de ser socio propietario de ese centro de apuestas.

“El procurador Adrián de la Garza Santos es cómplice del juez”, dicen, mientras entregan a esta publicación la carta que fue redactada por los tres.

Los empresarios señalan en la misiva que el despojo del casino y su encarcelamiento fue realizado con la anuencia de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado, que protegen a Jerezano Treviño y a su grupo de operadores.

A lo largo de varios meses esta publicación ha revelado el caso del juez de Distrito suspendido.

Éste incluye la investigación internacional por lavado de dinero que la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, abrió en contra del juez, por transacciones millonarias inusuales en una cuenta bancaria en Texas.

Dinero que además tuvo como origen al abogado de  un operador del Cártel del Golfo, Juan Chapa Garza.

También, sobre el aseguramiento del casino por la Procuraduría General de la República y la indagatoria de esta dependencia contra Jerezano Treviño y su grupo, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Ahora, de su puño y letra, los socios del casino presos narran su experiencia en el irregular proceso judicial del que se dicen víctimas y señalan, con nombres y apellidos, a cada uno de los personajes que participaron en el despojo de La Fortuna.

Ellos indican en su carta que el procurador de Nuevo León coadyuvó con Jerezano Treviño y sus operadores desde que denunciaron el intento de arrebatarles el centro de apuestas.

“A pesar de que se le han exhibido y aportado dentro de la indagatoria que lleva su dependencia, diversos audios y videos donde se acredita el secuestro, el chantaje y las amenazas de muerte en nuestra contra y nuestras familias, se ha negado a solicitar la orden de aprehensión de este grupo criminal”, expresan.

“Y ha coadyuvado con ellos, pues ha realizado investigaciones de escritorio, con pruebas falsas a favor de ellos, y que son sustento legal de la prisión preventiva que versa en nuestra contra”.

En un operativo ministerial del 7 de agosto de 2013, la Agencia Estatal de Investigaciones aprehendió a los tres socios del casino y fueron internados esa noche en el penal del Topo Chico.

Abrieron en su contra el proceso penal número 115/2013, que fue interpuesto por los operadores del juez Jerezano Treviño, por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.

Esta investigación se abrió después de que la agrupación obtuvo un acta fraudulenta de una Asamblea General ficticia de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora del casino La Fortuna.

Esa compañía dejó de funcionar luego de la privación ilegal de la libertad de Arturo Cardona Calderón, el 14 de mayo de 2012.

El secuestro tuvo el propósito de obligarlo a firmar precisamente una acta ilegal con la que cedía sus acciones a Jerónimo Garza Chaib, prestanombres del juez que se ostenta como administrador único del casino.

Ese instrumento ilegal fue elaborado en la Notaría Pública Número 35, ante la fe de Ricardo Efraín Vargas Güemes, quien lo registró en una escritura pública.

Tras el plagio, los socios decidieron hacer a la razón social Doblecar, S.A.de C.V., la encargada de operar el casino, para evitar que los despojadores utilizaran los poderes legales que les confería esa acta fraudulenta.

Incluso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, ordenó dejar sin efectos el documento fraudulento.

Los socios del casino también señalan como parte de esta red al juez Segundo de lo Penal en Nuevo León, Raymundo Martínez González, quien giró la orden de aprehensión contra ellos y entregó el inmueble a favor de la agrupación de Jerezano Treviño.

“Sin pruebas y con elementos totalmente falsos, ha sostenido esta farsa, con la finalidad de dejarnos en prisión preventiva en nuestro proceso, para que este grupo criminal nos siga extorsionando”, afirman en el escrito.

También cuestionan el comportamiento de las autoridades ministeriales, judiciales y notariales de la entidad, que con “complicidad” participaron en este proceso.

“En un ambiente de absoluta corrupción e impunidad, se levantó una denuncia penal sin ningún fundamento legal en nuestra contra”, afirman.

“Hemos estado en prisión preventiva con la única intención de forzarnos a acceder a la extorsión mencionada, lo cual, sobra decir, nunca aceptaremos. El grupo delictivo se ha validado de falsificaciones de documentos y firmas, manipulación del sistema penal estatal y federal e inclusive hasta de un secuestro”.

Los reclusos recuerdan que cuando decidieron invertir en el giro de los casinos crearon Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., con la que abrieron a finales de 2011 La Fortuna, donde alcanzaron a crear 350 fuentes de trabajo directo.

Sin embargo, aseguran que el éxito de su negocio fue lo que llamó la atención de Jerezano Treviño y su grupo, quienes se dispusieron a arrebatarles el centro de apuestas.

“Un grupo de gente dedicada a delinquir, liderados por el suspendido juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, comenzaron a tratar de extorsionarnos, exigiendo gran parte de las utilidades que nuestro negocio generaba.

“Al negarnos a consentir la extorsión, dicho grupo delictivo, en varias ocasiones y utilizando métodos ilegales, intentaron despojarnos del negocio y es así que llegamos a donde ahora estamos”.

Los tres empresarios, trasladados el año pasado del penal del Topo Chico a la cárcel de Cadereyta, explican que su caso jurídico es burdo y falaz, y que sólo el Ministerio Público Federal lo ha investigado a profundidad.

“Al ver que las autoridades estatales no impartirían justicia completa y rápida, y al seguir privados de nuestra libertad, hemos dado seguimiento puntual a una denuncia que levantamos ante la SEIDO”, narran.

“La cual, es grato decirlo, ha actuado de una manera pronta y justa, y dentro de la investigación que se está realizando, se está avanzando y tenemos renovada esperanza de que la culminación de todo esto será la pronta recuperación de nuestra libertad”.

La SEIDO recientemente acaba de girar una medida cautelar en la que ordenó asegurar La Fortuna y dejar sin efectos el acta fraudulenta de la Asamblea General ficticia con la que el grupo arrebató el negocio.

Los autores del escrito enlistan como miembros de esta agrupación no sólo a Jerezano Treviño, al procurador estatal Adrián de la Garza Santos y al juez Segundo de lo Penal Raymundo Martínez González, sino a una serie de personajes asociados con el Cártel del Golfo y el Poder Judicial de Nuevo León.

Entre ellos está al exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, cuñado del narcotraficante extraditado Juan García Ábrego, creador del Cártel del Golfo.

También vinculan al fedatario Ricardo Efraín Vargas Güemes, por dar validez legal a documentos obtenidos mediante secuestro, chantaje, extorsión, amenazas de muerte y falsificación.

Además, acusan al subprocurador de Justicia, Javier Flores Saldívar, a quien califican como “operador del procurador para la gestión judicial a favor de este grupo criminal, aprovechando su posición política en el Estado de Nuevo León”.

No escapan de estos señalamientos el juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado, Zenaido Orozco Contreras, a quien los casineros acusan de tener una amistad con Jerezano Treviño y de alargar el proceso en perjuicio de ellos.

“No se ha declarado impedido de seguir conociendo los juicios de amparo que se tramitan en su Juzgado sobre este tema y ha evitado emitir las resoluciones de fondo que podrían llevar a nuestra inmediata libertad”, alegan.

Incluyen como prestanombres del juez federal a Jerónimo Garza Chaib, Miguel Ángel Chaib Tafich, Antonio Orlando Balderas Martínez y Cuauhtémoc Antonio Ramírez Voguel.

Por otro lado, señalan a los abogados Juan Antonio Villarreal Gutiérrez, Erick Garza Treviño y Jacobo Isaac Rodríguez Ortega, como cómplices de Jerezano Treviño, quien también es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal.

“(Por) corromper a las instituciones estatales del sistema de administración e impartición de justicia y obtener beneficios legales a su favor”, precisan.

Los socios cuentan que su negocio se encuentra actualmente cerrado y que los empleos creados en La Fortuna se perdieron.

“Lo que era bueno para la economía local y un negocio honrado, ha sido destruido por la voracidad sin límite del grupo delictivo que simplemente por contar entre sus miembros con gente poderosa del sistema judicial y político del Estado de Nuevo León, abusan de ese poder”.

En el mismo mensaje, los presos aprovechan para reflexionar sobre la inseguridad que atraviesa la entidad y las repercusiones que este fenómeno ha ocasionado en la economía de la entidad.

“Lamentablemente se ve afectado por gente que, sin escrúpulos, intentan a toda costa apropiarse de fuentes generadoras de capital que no les corresponde, pisoteando con su actuar la dignidad del hombre y de sus derechos humanos.

“Nuestra intención de publicar el presente es recuperar nuestra libertad a la brevedad, aliviando de esta pena a nuestras familias y amigos, y el de poner ‘nuestro granito de arena’ en aras de vivir en nuestro país”.

Ayer se le comunicó al vocero oficial de seguridad de la administración estatal, Jorge Domene, sobre esta acusación contra el Procurador Adrián de la Garza, para que dieran su versión de estos hechos. Sin embargo, el también titular de la Oficina Ejecutiva del gobernador no respondió.