Con hambre

30 de Sep, 2013

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En los últimos 12 años no se ha aplicado un solo programa eficiente para disminuir la marginación de los michoacanos

El acuerdo para la aplicación del programa se convirtió en documento caduco, pues dos de los tres primeros firmantes por Michoacán ya no están en funciones y otro más ya no está en el cargo con el que signó el convenio

En medio del abandono de la Federación y de la pasividad del gobierno estatal, el combate a la pobreza y el hambre en Michoacán ha sido un rotundo fracaso.

Existen en la entidad al menos 156 comunidades –en 70 municipios- catalogadas como de alta marginación, en donde la pobreza es extrema y el hambre se agudiza, pero el programa oficial solo se aplica en 14 comunidades de siete municipios. Los más pobres de Michoacán no están siquiera contabilizados en el padrón de Sin Hambre en la entidad.

El acuerdo, firmado el 22 de marzo de este año, por medio del cual el Gobierno Federal formaliza acciones con Michoacán para la aplicación de un programa que venga a terminar con la pobreza extrema y su principal consecuencia: el hambre, ya se convirtió en documento caduco, pues dos de los tres primeros firmantes por Michoacán ya no están en funciones y otro más ya no está en el cargo con el que signó el convenio.

El documento fue firmado por Fausto Vallejo en su calidad de gobernador constitucional, pero luego solicitó licencia para ausentarse del cargo y no ha regresado a reasumir sus encargos. De igual forma Carlos Rio Valencia firmó como secretario de Finanzas del Estado, pero fue cesado de sus funciones días después. El tercer firmante de importancia fue Jesús Reyna García, en calidad de secretario de Gobierno, pero a la fecha es gobernador interino.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, la firmante del acuerdo de trabajo para abatir el hambre en Michoacán, fue Rosario Robles Berlanga, quien se quedó sin contraparte para poder ejecutar acciones de trabajo, al menos en los términos legales que están enmarcados en el Acuerdo para el Desarrollo Social Incluyente en Michoacán. 

Al no haber contraparte con la que firma a nombre de la Sedesol, todas las acciones que se emprendan en la entidad caen en la ilegalidad, al no existir una responsabilidad por parte de autoridades estatales, las que –sobra decirlo- no han solicitado la renovación del convenio de trabajo con el gobierno federal. Sólo así es entendible el hecho de que los trabajos del programa Sin Hambre se encuentren prácticamente paralizados en esta entidad.

El gobierno estatal de Michoacán, encabezado por el interino Jesús Reyna, poco o nada ha hecho para solicitar al gobierno federal que se aplique lo establecido en el convenio de trabajo a favor de los más pobres en la entidad, a los que se ha terminado también por abandonar, pues el programa “Contigo” instrumentado como herramienta local para abatir la pobreza, despertó celos en la federación y se obligó a cancelarlo.

Aplican el fondo para ‘operatividad’

En el documento signado a principios de este año, la Sedesol se comprometió a ejercer un fondo de 3 mil 865 millones 864 mil 645 pesos con 82 centavos, en tanto que el gobierno de Michoacán hizo el compromiso para aportar fondos por 101 millones de pesos, a fin de integrar un fondo total de 3 mil 966 millones 864 mil 645 pesos con 82 centavos, de los que a la fecha no se ha ejercido ni siquiera la mitad del presupuesto.

Fuentes al interior de la delegación de la Sedesol en esta entidad revelan el riesgo que existe de que casi el 30 por ciento de los recursos destinados al combate contra el hambre se puedan devolver a la Federación, al observarse un subejercicio de las partidas destinadas a labores como pensión para adultos mayores, empleo temporal y programas para el apoyo a la producción rural.

La mayor parte de los fondos asignados al programa de combate a la pobreza en la entidad se han aplicado a “labores de operatividad”, en donde se incluye el trabajo burocrático, el traslado de funcionarios federales a zonas marginadas y la difusión en medios locales de comunicación sobre los alcances del programa. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en lo establecido dentro su informe de evaluación, el 13.5 por ciento del total de la población del estado de Michoacán se encuentra en situación de pobreza extrema, lo que significa que 587 mil 450 personas no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.

La mayor parte de la población que a la fecha no ha recibido apoyo para la alimentación, se ubica en zonas marginadas, dentro de las regiones indígenas que se ubican en la entidad, en donde casualmente se registra el mayor índice de abstencionismo electoral, donde han perdido las elecciones en los candidatos del PRI y del PAN en forma histórica.

El hambre aumenta, la burocracia también

Las cifras de medición del Consejo Federal que evalúa la política de desarrollo social, revelan que la pobreza, y la gente con hambre, han ido en aumento en esta entidad. En los últimos 12 años no se ha aplicado un solo programa eficiente para disminuir la marginación de los michoacanos. Los incrementos que se han dado al presupuesto de los programas de desarrollo social se han absorbido en salarios y prestaciones para funcionarios que trabajan dentro de la Sedesol en esta entidad.

El mayor incremento de funcionarios federales dentro de las dependencias que combaten la pobreza y el hambre en Michoacán, fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando creció la nómina de Sedesol en un 23 por ciento, casi a la par en que crecieron las familias que padecen hambre, en donde se registró un aumento del 19 por ciento. Al inicio del actual sexenio no hubo recorte de personal, pero si se autorizaron más plazas en Sedesol, por lo que se estima un repunte en el gasto burocrático que busca erradicar la pobreza.

Una de las pocas áreas, que salva de alguna forma el trabajo de la Sedesol en Michoacán, es el área encargada de distribución de leche, la que –según cifras oficiales- está apoyando en los 113 municipios de la entidad, atendiendo con la entrega directa de leche a 194 mil 930 personas en condición de hambre. La distribución de las despensas alimentarias también está llegando puntualmente a los pocos que integran el padrón que se heredó de la pasada administración federal.

La herencia del panismo

Las cifras oficiales del Coneval indican que los municipios de Michoacán que mayor porcentaje de población en pobreza tienen, en donde consecuentemente existe gente con hambre, son: Susupuato (86.6 por ciento), Nocupétaro (86.1 por ciento), Tzitzio (85.7 por ciento), Tumbiscatío (84.2 por ciento) y Parácuaro (83.4 por ciento), en donde se calcula que más del 80 por ciento de la población se encuentra en situación de marginación.

Salvo en Nocupétaro, en ningún otro de esos municipios se aplican a la fecha programas tendientes a disminuir la condición de hambre de la población. La mayor parte de las acciones de la Sedesol en la entidad están enfocadas a los municipios de Hidalgo, con 13.34 de su población en pobreza; Maravatío con 17.03 por ciento de pobres; Morelia con 4.93 por ciento de marginados; Uruapan 10.59 por ciento de marginación; Zamora 7.55 de población con hambre, y Zitácuaro con 12.54 por ciento de personas en condiciones extremas de vida.

Los municipios en los que hoy se aplican los programas de asistencia social, aun cuando no requieren urgentemente la ayuda de los programas de desarrollo federal, son atendidos por normatividad, porque así fueron anclados desde la pasada administración federal.

En Michoacán existen cinco municipios que no necesitan de la asistencia de los programas de desarrollo social. Esos municipios, en el 2010, los decretó el Coneval gustosamente como áreas en donde la pobreza se estaba erradicando, al registrar el menor número de personas con carencias. Los municipios son: Zináparo, Aporo, Churintzio, Chinicuila y Chucándiro. Lo que no dijo el Coneval es que allí no hay pobreza, porque tampoco hay gente. La mayoría emigró. En los últimos cinco años. Allí se ha registrado un decremento de la población de casi el 90 por ciento.