Con nombre y apellido

En febrero de 2013, cuando recién inició en sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno anunció que estaba revisando la base de datos de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, la cual había sido compilada por la Procuraduría General de la República (PGR). 

De acuerdo a Human Rights Watch (HRW), esa lista presentaba problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluía todos los nombres de las personas denunciadas como desaparecidas.

Ahora, el gobierno mexicano debería asegurar que el proceso de creación de una nueva base de datos nacional sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente, señaló HRW. 

“Su elaboración debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce”, indicó la organización en un comunicado difundido ayer.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, reconoció que el gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos cuando difundió una lista provisoria de personas desaparecidas y extraviadas.

“Ahora el gobierno deberá cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a las personas desaparecidas y llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia”, agregó Vivanco.

En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, presentado por HRW el 20 de febrero de este año, la organización analizó 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón durante la llamada guerra contra el narcotráfico, e identificó evidencias convincentes de desaparición forzada en 149 de esos casos.

Documentó además que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas habían participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.

Según comprobó Human Rights Watch, la investigación de estos casos estuvo marcada por una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de medidas en este sentido. 

De hecho, denunció que México no cuenta con un sistema nacional que permita a los estados intercambiar o buscar información sobre personas desaparecidas, o alertar a la policía y hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones cuando desaparece una persona. 

“La falta de un registro de esta naturaleza también ha dificultado la posibilidad de determinar la magnitud a nivel nacional de las desapariciones”.

El informe reveló que en muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo crucial al indicarles a los familiares que debían esperar varios días para poder radicar la denuncia sobre desaparición, les sugerían que ellos mismos intentaran recabar evidencias y señalaron -sin ningún fundamento- que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. 

En los casos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas básicas como entrevistar a testigos.

En esa ocasión HRW instó a las autoridades mexicanas a adoptar diversas medidas para abordar este problema, como la creación de una base de datos nacional completa y precisa sobre desaparecidos, que contenga información sobre las características físicas de las personas y datos genéticos aportados por familiares, además de una base de datos de restos humanos no identificados. 

Vivanco indicó que al revisar la base de datos, el gobierno de Peña Nieto debe evitar repetir los errores que se cometieron al elaborar una lista que está plagada de omisiones y datos contradictorios.

“Únicamente si se adoptan directrices sistemáticas y transparentes para revisar los casos y se asegura la incorporación de información clave, el gobierno podrá generar confianza y elaborar el registro creíble de desapariciones que ha prometido y que México necesita”, aseguró.

Esto permitiría a funcionarios de todo el país consultar sobre casos de desaparecidos, facilitando de esa manera las búsquedas y las investigaciones. Además, posibilitaría apreciar la magnitud del problema y ayudaría a las autoridades a identificar patrones y definir medidas de prevención.

El proceso de depuración

En febrero del 2013, el gobierno reconoció por primera vez la existencia de un listado de miles de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas durante la administración anterior. 

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, indicó que se difundiría una lista de 27 mil 523 casos de desaparecidos, después de que los datos fueran traspasados a dicha Secretaría. 

El 26 de febrero, Limón anunció en una conferencia de prensa que la base de datos contenía información sobre los casos de 26 mil 121 personas, y publicó una versión en Internet. 

La funcionaria señaló que trabajarían con las procuradurías de los estados para diferencia a los desaparecidos de las personas que habían  optado por abandonar su hogar o habían sido víctimas de alguna catástrofe natural.Aseguró que depurarían la base de datos. 

Sin embargo, HRW destacó que hasta la fecha, el gobierno no ha revelado la metodología aplicada para depurar la lista y tampoco ha explicado cuáles son las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos o casos que faltan. 

Tampoco queda claro qué estándar de prueba exigirán las autoridades locales para remover a una persona del registro original, si estas conclusiones serán constatadas de manera independiente por autoridades federales, ni qué papel desempeñará la unidad especializada de búsqueda de la PGR en ese proceso, señala la organización .

No se sabe si las autoridades prevén adoptar algún tipo de medidas, y en ese caso cuáles, para informar a los familiares las conclusiones alcanzadas con respecto a las personas desaparecidas, o si estos tendrán la posibilidad de impugnar la determinación de que una persona ha sido localizada, destacó el informe.

“Si bien es importante crear un registro nacional confiable, el gobierno no puede olvidar que esta medida es un primer paso para cumplir la obligación central de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, buscar a estas personas y asegurar que los familiares de los desaparecidos reciban el apoyo económico y psicológico que históricamente se les ha negado”, dijo Vivanco.