Conadis en el limbo

El organismo encargado de definir los ejes de las políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad no cuenta con un director y el futuro de la institución es una incógnita.

A más de 100 días de que inició su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no designa al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), situación que ha despertado críticas de sectores como la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos.

Esto mantiene un ambiente de incertidumbre en materia de atención a personas con discapacidad, debido a que no hay claridad por parte del Gobierno federal en torno al futuro del Conadis, incluso de su permanencia.

La duda se ha reforzado; durante la semana pasada circuló la versión de que el Conadis podría desaparecer y sus funciones serían trasladadas a una nueva dirección general de la Secretaría del Bienestar, situación que derivó en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre otros organismos, se manifiestaran contra esta eventual medida.

La falta de certezas sobre el Conadis mantiene un ambiente de confusión entre activistas y organizaciones enfocadas en las problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad en México, señala Katia D’Artigues, periodista y fundadora de la asociación civil Yo También.

En mayo de 2018, cuando Andrés Manuel era candidato a la Presidencia, respondió a un cuestionario hecho por Yo También; en una de las preguntas sobre los primeros pasos a seguir para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad fue crear un Instituto para la atención de este sector de la población.

“La Asociación Armando un Camino de Vida AC me ha propuesto y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad”, fue la respuesta del hoy mandatario a la asociación.

Cecilia Patrón Laviada, diputada del PAN y secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirma que la falta de asignación de un titular en el Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad evidencia una falta de interés sobre el tema por parte del Gobierno Federal.

“Históricamente hay una deuda de todos los mexicanos con las personas con discapacidad que han sido víctimas de discriminación y se ha mantenido un atraso en muchísimos temas. Hoy desaparecer este espacio que le da transversalidad en las acciones de gobierno y que además diseña las políticas públicas para personas con discapacidad me preocupa enormemente, pensar que no hay ningún interés”, comenta la diputada.

Fortalecer y no desaparecer

La CNDH, el Conapred, el Centro Contra la Discriminación (Cecodi), el Senado de la República y organizaciones no gubernamentales son solo algunas de las instancias que han alzado la voz en defensa del Conadis.

Este domingo la CNDH informó en un oficio siete consideraciones dirigidas a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, en relación a la posible desaparición del Consejo.

“Lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención”, expresó la Comisión.

Los artículos 4 y 33 de la Convención establecen que las naciones que hayan firmado este documento se comprometen a promover los derechos humanos mediante uno o más organismos gubernamentales, mismos que podrían no respetarse ante la eliminación.

Así que en caso de desaparecer, la instancia que sustituya tendría que asumir las mismas funciones, por lo que el exhorto también está dirigido a las secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público ante la revisión de las estructuras administrativas.

El Conapred también se ha sumado a los pronunciamientos para que la administración de López Obrador revise y fortalezca las capacidades del Conadis y nombre a un titular.

“Si bien el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es una medida de apoyo inmediato y directo para solventar algunas necesidades básicas de personas con discapacidad, no todos los derechos pueden ser cubiertos con transferencias”, afirmó en un comunicado.

Junto con la pensión universal para adultos mayores y las becas para jóvenes, este es uno de los principales programas del Gobierno federal y contó con la inversión de 8.5 millones de pesos que se reparten desde enero, en entregas de mil 274 pesos a un millón de beneficiarios.

Según lo dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter, el Centro Contra la Discriminación presentó el 1 de marzo una acción legal contra el presidente de la República para que designe al titular del Conadis. El Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México aceptó el amparo que vence el 9 de abril, día en que el mandatario tendrá que dar respuesta.

Con respecto a los apoyos que la administración federal entrega a personas con discapacidad, Katia D’Artigues considera que eso no soluciona los obstáculos para este sector, pues las políticas públicas que Conadis crea son necesarias para garantizar derechos como el acceso a la educación o a la justicia.

“Hay acciones que solo puede impulsar el Estado, como edificios públicos que no son accesibles lo sean o si las personas necesitan intérpretes (…) Además de que la misma Convención señala que no se pueden hacer políticas públicas sin las personas con discapacidad, por lo que deben ser consultadas”, comenta la periodista.

En el mismo sentido, la diputada Patrón Laviada concluye que los apoyos que entrega la Secretaría de Bienestar no debe ser la única acción que emprenda el Gobierno federal.