Con presupuesto recortado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) atendió en 2020 más de 460 quejas durante la primera ola de contagios por COVID-19, principalmente por despido y disminución de salarios. La Ciudad de México fue la entidad donde hubo más violaciones a derechos laborales.
Lo anterior informó mediante un reporte remitido por dicho consejo a la Cámara de Diputados a fin de dar a conocer su informe anual de actividades y del ejercicio presupuestal correspondiente al año pasado.
En el documento precisa que del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2020 atendió 463 quejas relacionadas con el virus del SARS-CoV-2 y que entre los hechos más denunciados por los afectados fueron despido, disminución de salarios y otras afectaciones laborales.
Entre ellas, la negación u obstáculo para acceder a un servicio privado, la obligación de trabajar presencialmente pese a estar en una situación personal de riesgo, insultos, burlas, amenazas o maltratos, así como la obligación de trabajar de forma presencial sin pertenecer a alguna actividad esencial.
La mayoría de los casos se concentraron en la Ciudad de México con 36.1 por ciento; seguido del Estado de México con 12.5 por ciento, Veracruz con 4.7 por ciento, Jalisco con el 3.9 por ciento, y Guanajuato y Nuevo León con 3.7 por ciento.
36.1%
Asimismo, el Conapred precisó que 54.2 por ciento de las quejas fueron presentadas por mujeres, en comparación con 44.3 por ciento registrado por hombres.
El perfil más recurrente de las personas que solicitaron la intervención del Conapred fueron en un 47.3 por ciento trabajadores, 21.4 por ciento clientes de prestadores de servicios, 12.7 por ciento ciudadanía en general, 9.7 por ciento adultos mayores, 6.9 por ciento personal médico y 4.3 por ciento personal de enfermería.
Asimismo, en 59.8 por ciento de los casos fueron señalados como responsables personas particulares, físicas o morales, como empresas o fábricas; 18.6 por ciento centros comerciales, supermercados, mercados, tianguis o tiendas, y 17.9 por ciento arrendadores, administraciones de condominios, vecinas/os o compañeras/os de vivienda.
Asimismo, el Conapred indicó que 37.3 por ciento de los demandantes señalaron como responsables a servidores públicos e instituciones federales de seguridad social, 11.9 por ciento autoridades locales y 5.4 por ciento dependencias o entidades públicas federales.
54.2%
Destacó que desde el 26 de marzo de 2020 los plazos para la atención de peticiones se han mantenido para atender casos graves o urgentes, en términos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A su vez, advirtió que las principales peticiones están relacionadas con acciones u omisiones en torno a la emergencia sanitaria por COVID-19.
Sobre su ejercicio presupuestal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que para el ejercicio fiscal 2020 la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizó un presupuesto original por 161 millones 943 mil 308 pesos, pero al final le fueron asignados 137 millones 575 mil 566 pesos, de los cuales, al mes de diciembre, se ejercieron recursos por la cantidad de 134 millones 926 mil 824 pesos.
Finalmente, indicó que esto representó 98.1 por ciento de su presupuesto modificado para 2020.
