La concesión para operar el corredor Lincoln-Ruiz Cortines — llamado Ecovía— fue diseñada para que un solo grupo de empresarios transportistas estuviera sin competencia y fuera beneficiado por años.
Se trata de los transportistas Carlos Eluid Chavarría Garza, Abelardo Martínez Garza e Ismael Garza García, quienes en 2012 recibieron esta concesión por el Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, para la explotación de este corredor por 20 años, con la posibilidad de renovación.
Los tres crearon la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico SA de CV para la operación de la Ecovía, en una fecha anterior a recibir la concesión y cuando aún no estaba dictaminado el fallo, revela el acta constitutiva.
“Los derechos que otorga el título de concesión tendrán vigencia de 20 años contados a partir de la entrega del mismo, el cual será renovable en los términos de las disposiciones contenidas en los artículos 63 de la ley y 86 del Reglamento y en el presente título de concesión”, dice el documento del cual Reporte Índigo tiene una copia.
El documento de la concesión establece también que los transportistas podrían explotar la publicidad en el interior de los 80 camiones para capacidad de 100 pasajeros que prestarán el servicio.
“El concesionario podrá celebrar contratos de explotación publicitaria, en superficies interiores en los autobuses de las rutas troncales”, señala la concesión. Y sólo se exceptúa la explotación publicitaria en la parte exterior de las unidades.
En este título de concesión se prevé aplicar la requisa por cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado o la paz de la región, y los múltiples accidentes y atropellos de las unidades de la Ecovía que trastocan la tranquilidad de la entidad y de los usuarios.
También se establece revocar la concesión por incumplimiento de las obligaciones de este documento, tales como ofrecer un adecuado servicio en este corredor con elevados estándares de calidad, comodidad y seguridad.
Terminación anticipada
Incluso, hasta se podría acabar anticipadamente esta concesión sin cargo al Gobierno del estado.
No obstante, los transportistas demandaron por abuso de autoridad al exgobernador Jaime Heliodoro Rodríguez, junto con tres de sus funcionarios de su administración, por la aplicación de la requisa.
La demanda por abuso de autoridad fue interpuesta en 2016, y ahora fue revivida seis años después por la Fiscalía Anticorrupción de Javier Garza y Garza, y por ello está preso hoy el exmandatario estatal, además de que enfrenta una investigación por delitos electorales.
El Gobierno estatal entregó la concesión a estos transportistas como parte del Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015 para mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses, pero este sistema de transporte no logró el objetivo por el mal servicio que prestó durante cuatro años a partir del 2012 que se entregó este título y hasta que se le requisó en 2016.
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No pierden
El título de concesión de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico SA de CV establece que podría contratar a terceros para la actividad principal de este documento, que en este caso sería la operación de unidades de la Ecovía.
“El concesionario podrá contratar con terceros la prestación de los servicios conexos con la actividad principal objeto de la concesión, pero será el único responsable ante la Agencia del Transporte”, señala el apartado 6.2 de este documento.
Es decir, si los transportistas Carlos Eluid Chavarría Garza, Abelardo Martínez Garza e Ismael Garza García, dueños de esta empresa, quieren que otras personas físicas o morales entren a la operación de la Ecovía, ellos podrán recibir una contraprestación por el servicio.
Se estableció un deslizamiento de cinco centavos mensuales en la tarifa para el pago de los intereses de la inversión de los camiones y para la construcción de la línea del corredor del corredor Lincoln-Ruiz Cortines, así lo dijo públicamente el exsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Gutiérrez.
Según el documento, como vía para asegurar la sustentabilidad financiera en el mediano y largo plazos, las tarifas que pagarán los usuarios se ajustarán mensualmente por el cambio de precios de los insumos.
Los transportistas han presionado al Gobierno estatal para que se aumenten las tarifas del transporte público, incluso, han dejado de prestar el servicio en protesta por la negativa de incrementar el costo del pasaje.
El pasado mes de marzo la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del Consejo del Transporte propuso una iniciativa al Congreso local, pero la propuesta fue rechazada.
