Después de décadas de explotación y de concesiones favorables para particulares, legisladores y ambientalistas hablan con Reporte Índigo sobre la necesidad de revisar las actuales concesiones, así como de establecer candados, restricciones y nuevos lineamientos para las empresas mineras, con la intención de mitigar el impacto ambiental y social que ocasiona esta industria.
En seguimiento a la nota “Minería, datos distintos de su impacto entre Semarnat y Camimex”, publicado el pasado miércoles, Reporte Índigo contactó a la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, quien planteó que los daños ocasionados por esta industria no están debidamente cuantificados, en parte porque ocurren en las zonas más marginadas del país.
“Es muy grande el daño que se ocasiona para obtener relativamente pocos minerales. Además del daño ambiental, el daño social de varios modos. Daño a la salud, la violencia que se instaura en las zonas mineras con las guardias que ‘cuidan’ las minas, la quiebra de las otras actividades económicas que se hacían: ganadería, agricultura. Lo que es economía local se destruye con la minera, además del tema de violencia y de salud”, explica.
Daño social
A un mes de que se cumplan siete años del derrame de desechos tóxicos en el Río Sonora que ocasionó Grupo México, de Germán Larrea, la doctora Merino recuerda que la actividad minera no sólo causó afectaciones ambientales, sino también sociales, puesto que esta industria terminó por consumir más agua que la que utiliza la población misma, y ello provocó el quiebre de las actividades agrícolas.
De igual manera, refuta la idea de que la industria contribuye a la generación de empleos puesto que, de acuerdo con informes de la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), apenas el 0.76 por ciento de los trabajadores mexicanos se dedican a esta actividad. “Ni siquiera es el uno por ciento del empleo nacional. Claro que, en algunas regiones, es más. Pero es más lo que se pierde en términos de fuentes de empleo e ingreso local, que no se ven mucho”.
En contraste, el impacto ambiental va más allá de los desechos que genere la actividad minera. Merino apunta al alto consumo de agua que, como reportamos, no tiene cifras claras, puesto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lo estimó en 250 millones de metros cúbicos anuales, pero la Cámara Minera de México reportó más de 300 millones en su informe de sustentabilidad 2021.
Aunado a esto, existe la contaminación del agua, dado que se trabaja con metales pesados, como plomo o aluminio, que se bioacumulan en los cuerpos de agua y, eventualmente, terminarán siendo ingeridos por los humanos. Además de que, para la extracción de metales preciosos todavía está permitido el uso de sustancias tóxicas como mercurio o cianuro, algo que ya fue prohibido en naciones europeas y varios puntos de Estados Unidos.
“Es un mito que contribuyen al desarrollo y luego al desarrollo sustentable. La cuestión es que la minería está en zonas remotas y, como sociedad, no percibimos el daño que genera a cambio de poquísimos beneficios. No está cuantificado a cabalidad el daño porque quienes sufren el daño son las personas de las regiones más pobres del país, esto queda con muy poca visibilidad”
Regulación del agua para mineras
Feliciano Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, urgió a que se apruebe finalmente la Ley General de Agua para que las autoridades regulen la reutilización de este recurso en actividades como la minería.
“Si optimizamos el agua, si reciclamos el agua, si reusamos, si captamos agua de lluvia o si en los casos de mineras donde hay una zona urbana y se traten todas las aguas grises o negras, esa agua conducirla (de regreso) a la mina, si queda a cierta distancia apropiada. Es aprovechar todo tipo de cuerpos de agua que, lejos de que vayan a contaminar, reusarlos”
En tanto que Silvia Garza, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático, responsabilizó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de los impactos ambientales de la minería por haber recortado los presupuestos a las secretarías de Economía, Trabajo y Medio Ambiente, así como a las Comisiones Estatales de Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“No están haciendo bien su trabajo, en primero por el recorte de recursos y su política de austeridad y por el despido de personal. Lamentablemente en esta administración ha habido un retroceso enorme; en lo que va del año no han hecho inspecciones. No hay en esta mal entendida austeridad presupuesto que alcance. Sí, con el presupuesto que se tenía en gobiernos anteriores se batallaba muchísimo, pero hoy se tiene menos personal, se tiene menos recurso”
Sin embargo, la doctora Merino apunta directamente a la Ley Minera promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la cual calificó como “una ley paradigmática por retrógrada”, puesto que establece esta actividad como preferente sobre cualquier otra, salvo la extracción de hidrocarburos, incluyendo la producción de alimentos.
“La producción de alimentos en zonas de Oaxaca y de Sonora han quebrado a partir de la instauración de la minería por el tema del agua. Se tiene que legislar la prioridad del derecho humano al agua y a la alimentación, no ese privilegio que tienen las empresas mineras”, expuso.
Fue a raíz de esta ley que se permitieron las concesiones a 50 años y renovables por otro periodo igual. Mientras que, la reforma impulsada por Felipe Calderón, permitió que una misma concesión abarcara tanto la exploración como la explotación, actividades que se autorizan por separado en América Latina, Estados Unidos y Canadá.
