"(Calderón) toma el costo político y deja el camino libre para que Peña Nieto se lave las manos en términos de la decisión”
Es urgente hacer una reforma integral que atraiga mayor inversión para desarrollar óptimamente el sector, dice la ex subsecretaria de la SCT
En México, el otorgamiento, modificación, prórroga, rescate y otras facultades relacionadas con las concesiones sobre bienes de la nación están sometidas a la discrecionalidad del presidente.
“El Ejecutivo puede utilizar a su capricho el que una concesión pueda ser prorrogada, revocada, rescatada, negociada”, dice Purificación Carpinteyro.
Esto entraña un serio problema dado que, de acuerdo con la diputada electa por el PRD, “no puede ser que los bienes de la nación y su concesionamiento quede a las veleidades del Ejecutivo en turno”.
En su opinión, México debería contar con un régimen claro que establezca en qué condiciones y quién debe ser el responsable de tomar una decisión de esa naturaleza.
Consultada respecto al actual enfrentamiento entre la empresa MVS y funcionarios del gobierno federal, de entrada, cuestiona los criterios con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió rescatar la banda 2.5GHz.
Lo hizo, dice, sin consultar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que debió evaluar la conveniencia o no del proyecto de MVS.
“¿En qué se basó la Secretaría para tomar una decisión como la del rescate alegando argumentos técnicos de la evolución tecnológica de aprovechamiento de esa banda?”, inquiere.
Una decisión política
De acuerdo con la abogada, la decisión de la administración calderonista fue netamente política. E intentaron justificarla con bases técnicas no provenientes de la Cofetel, que ni siquiera fue consultada como indica la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Para la ex subsecretaria de la SCT, es claro que hay un contubernio del Estado con los grandes empresarios. Con éstos se plantean buenas relaciones siempre y cuando cumplan con las condiciones determinadas por el Ejecutivo en turno. Para así recibir “el favor divino de que sus concesiones puedan o no ser prorrogadas”.
Tal discrecionalidad es la que motivó no se autorizara el proyecto presentado por MVS.
Competidor incómodo
El proyecto presentado por la empresa MVS suponía ofrecer servicios de cuádruple play. Es decir, implicaba ser un competidor directo del único jugador que hoy tiene derecho a prestar servicios de telefonía móvil,internet, telefonía fija y televisión de paga: Iusacell, “donde, casualmente participan las dos televisoras”.
De acuerdo con Carpinteyro, en el ir y venir de las conversaciones entre los Vargas y Los Pinos destaca un hecho. Que dos semanas antes que la Comisión Federal de Competencia diera su veredicto sobre la compra del 50 por ciento de Iusacell por Televisa, Alejandra Sota se comunicó con Joaquín Vargas para decirle que si no hacía olas, era muy probable que su proyecto saliera adelante.
“A final de cuentas, efectivamente, esta operación de Iusacell era parte de las negociaciones y parte de los considerandos del gobierno en relación al proyecto de MVS”, afirma.
La legisladora electa recuerda cómo en 2008 las negociaciones para MVS iban por buen camino, “avanzando, había buena voluntad, todo estaba en línea para que esto pudiera proceder”. Pero para mediados de ese año la Canitec –portavoz de las decisiones de Televisa– y Cablevisión –propiedad de esa misma empresa– presentaron escritos en contra de las prórrogas a MVS.
La Cofetel, que ya había dado una recomendación favorable al respecto, tuvo que dar marcha atrás y todo esto coincidió con la fecha de lanzamiento del producto Dish de MVS, que compite directamente con Sky y otras cableras a precios mucho más bajos.
Las presiones de la Canitec y Cablevisión y la marcha atrás de la Cofetel supondrían sacar del mercado a un competidor agresivo: MVS.
Carpinteyro dice que esta determinación al cierre del gobierno de Felipe Calderón tiene un propósito: “facilitarle el camino a Peña Nieto. Porque para Peña Nieto hubiese sido muy difícil rechazar este proyecto (de MVS) que claramente beneficia a la población, pero que perjudica a Televisa”. La televisora con la que se ha probado hay una vinculación con el priista. “Así que lo hace Calderón por él. Toma el costo político y deja el camino libre para que Peña Nieto se lave las manos en términos de la decisión”.
Por ello considera urgente hacer una reforma integral que atraiga mayor inversión para desarrollar óptimamente el sector de las telecomunicaciones. Esto será imposible si no se contrarresta el poder de quienes dominan el mercado.
“La desconcentración sólo puede lograrse con más competencia en todos los segmentos. Sin limitar quién debe competir y quién no”, remata Carpinteyro.
