Conciliador de Terralta es sancionado por juez

Un juez de Distrito multó a Ernesto Canales Santos porque consideró que el abogado incumplió con sus funciones de conciliador del proyecto inmobiliario y club de golf Terralta.

El abogado nunca inscribió la sentencia que declara en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta, durante los nueve meses que duró en el cargo.

Por esta razón el juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, Julio César Franco Ávalos, lo sancionó por 7 mil 479 pesos.

“Al no haber allegado la documentación con la que acreditara dicha inscripción, no se le tiene cumpliendo con el requerimiento, y por ende se hace efectivo el apercibimiento”, se lee en el escrito del juez del pasado 18 de septiembre.

Canales Santos fungió como conciliador desde el 30 de agosto de 2011 hasta el 24 de mayo pasado, momento en el que se dictó la sentencia de quiebra de Inmobiliaria Terralta.

El “desempeño negligente” del conciliador fue señalado por el síndico de la concursada, Roberto Barquera Ugarte, quien no pudo registrar la sentencia de quiebra, un trámite que sigue a la inscripción de sentencia de concurso mercantil.

El síndico informó al juez en un escrito del pasado 22 de agosto que no pudo concluir el trámite porque en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio no existía el antecedente de la primera sentencia.

Así que Canales Santos solicitó el 31 de agosto al juez federal una prórroga de tres días para concluir con la inscripción.

Aunque se le otorgó este plazo adicional, el conciliador nuevamente incumplió con el argumento de que los funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no lo dejaron concluir su comisión.

“(Mencionaron que) no tenía facultades para proceder a registrar actos jurídicos que se generan en procedimientos de orden y jurisdicción federales”, aseguró en un oficio del 4 de septiembre.

“La papelería que se dejó en su poder de esta dependencia oficial, según se me informa fue enviada a una bodega y no saben que ha pasado con tales documentos”.

Los argumentos no convencieron al juez federal y aplicó la multa al conciliador, de acuerdo con el artículo 269 de la Ley de Concursos Mercantiles.

“(El abogado) únicamente se limitó a manifestar que no la registró, que hizo el pago correspondiente (…) por lo que con dichas manifestaciones no se acredita lo requerido”, resolvió el juzgador.

Por el desempeño del conciliador, el síndico de la empresa pidió al juez de Distrito que interviniera el Ministerio Público y se retuviera la garantía que otorgó Canales Santos para realizar su trabajo.

Estas peticiones aún se analizan en el juzgado.

Sin embargo, el juez federal sí ordenó que se informara del incumplimiento al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y le otorgó al síndico la facultad para inscribir ambas sentencias.

No es la primera vez que denuncian el trabajo de Canales Santos en la disputa legal del proyecto.

El acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández pidió sustituir al abogado debido a su presunto conflicto de intereses y a su incapacidad de llegar a un convenio concursal, como publicó Reporte Indigo la semana pasada.

El epicentro de la disputa del proyecto son los terrenos ejidales Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, que fueron transmitidos de Inmobiliaria Terralta a Terralta Dos para pagar un adeudo de 8.4 millones dólares que la primera adquirió con D’Capital Consultores.

‘No fue capricho ni rebeldía’: Canales

El abogado Ernesto Canales Santos pidió revocar la multa porque según su criterio sí cumplió con su deber como conciliador del proyecto inmobiliario y club de golf Terralta.

El conciliador interpuso un recurso para revocar la resolución del juez de Distrito, con el argumento de que no fue capricho o rebeldía incumplir con la inscripción de la sentencia de concurso mercantil de Inmobiliaria Terralta.

“Considero improcedente la multa que me impone en razón a que no incumplí caprichosamente con el requerimiento de que fui objeto y por el cual se me aplicó dicha multa”, mencionó Canales Santos en el escrito del pasado 26 de septiembre.

“A la fecha (es) imposible exhibirle comprobación ninguna relativa a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio”.

El conciliador insistió en que entregó toda la documentación a la dependencia estatal, donde los funcionarios le manifestaron que extraviaron la sentencia junto con el recibo de pago de la inscripción.

“Haciendo caso omiso a tales manifestaciones, me impone mediante la resolución que se combate mediante este recurso, la injusta multa que me fue impuesta”, respondió el abogado en su solicitud de revocación al juez federal.

“Hay que tomar en consideración que a lo imposible nadie está obligado (…) ya que si la documentación que en su oportunidad presenté para su registro, fue extraviada por la dependencia registral a la cual se le presentó, me es física, material y jurídicamente imposible justificárselo”.

El abogado expuso que la multa debía revocarse porque fue impuesta en una fecha en la que él ya no se desempeñaba como conciliador, pues el 24 de mayo de este año dejó el cargo cuando se dictó la sentencia de quiebra.

Sin embargo, sí accedió a que sea el síndico de Inmobiliaria Terralta, Roberto Barquera Ugarte, el que lleve a cabo el trámite que dejó inconcluso.

“No debe de considerarse como una rebeldía de mi parte el no cumplir con sus determinaciones, sino que esto es motivado por los razonamientos, argumentos y hechos que se le han señalado en este escrito”, concluyó.