La acusación a la DEA de fabricar delitos en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador deterioró la ya delicada relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de no ejercer acción penal contra el militar por los cargos que previamente investigó la Oficina de Administración de Drogas y Narcóticos (DEA), López Obrador respaldó la decisión del órgano procuración de justicia mexicano y argumentó que la agencia estadounidense fabricó las imputaciones de narcotráfico y lavado de dinero en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El viernes pasado, la cancillería mexicana difundió las 751 páginas del expediente que integró la DEA en el que acusaba al general Cienfuegos de coludirse con el crimen organizado
En su conferencia matutina de ayer, el jefe del Ejecutivo volvió a lanzar señalamientos a la DEA y expresó que no permitirá que ningún gobierno extranjero atente contra el prestigio de las instituciones mexicanas.
El viernes pasado, la cancillería mexicana difundió las más de 700 páginas del expediente que elaboró la oficina de Administración de Drogas y Narcóticos con la que justificó la detención del exjefe del Ejército y con el que presumió vínculos con la célula delictiva H2, vinculada con el cártel de los Beltrán Leyva.
La divulgación de la investigación molestó al Departamento de Justicia estadounidense el cual difundió un comunicado con las palabras de un portavoz sobre la acción del gobierno mexicano en la que aclararon que el caso no fue fabricado.
“Dichos materiales también muestran que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en los Estados Unidos, de conformidad con una orden judicial de una Corte estadounidense y con completo respeto a la soberanía de México. Un gran jurado federal de los Estados Unidos analizó ese material y las demás pruebas y concluyó que los cargos criminales contra Cienfuegos estaban sustentados por la evidencia”, se lee en el documento.
El mandatario mexicano aseguró ayer que no se había lesionado la relación entre ambas naciones aunque emitió descalificaciones sobre la manera en que la autoridad de Estados Unidos investigó sus sospechas acerca del extitular de la Sedena.
Pienso que hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto. Ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros
“No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México que encabezo se quede callado, ¿qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante, la autoridad moral; terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo, no podemos nosotros fabricar delitos a nadie”, dijo en su conferencia matutina de ayer el tabasqueño.
Resolución exprés de Caso Cienfuegos
Jorge Lara Rivera, exsubprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República –hoy FGR–, explica en entrevista con Reporte Índigo, que con la publicación del expediente integrado por la DEA, el gobierno mexicano pudo haber incumplido compromisos bilaterales e incluso a su primera postura que fue tomar con seriedad la investigación, continuarla y llegar al fondo del asunto.
Aquí habría que distinguir y señalar la falta de información que tiene el presidente López Obrador porque este asunto, si bien lo pudo haber investigado la DEA, pasa por fiscales y por un jurado
“Los fiscales son muy serios y objetivos, son peritos en temas procesales y no iban a arriesgarse a judicializar un expediente que no tuviese méritos, porque además esto pasa por un gran jurado, son distintas las pruebas y verificaciones que se hacen para llevar un asunto a una acusación como se había realizado”, menciona el exfuncionario.
Lara considera que el hecho de que la Fiscalía General de la República haya tomado la decisión de no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda en dos meses llama la atención porque asegura que en ese lapso no da tiempo de certificar declaraciones, llamar a testigos o resolver otros elementos en la indagatoria. “De manera tal que sí levanta algunas dudas”, expone.
El subprocurador comenta que la resolución exprés por parte de la FGR y la decepción expresada por el Departamento de Justicia estadounidense se suma a la ya deteriorada relación entre ambos países, a unos días de que el gobierno del demócrata Joe Biden releve al de Donald Trump, acto que se concretará mañana.
Con relación al panorama nacional, Lara Rivera afirma que preocupa el predominio institucional del Ejército en el Gobierno de México, visible en el presupuesto y las tareas que se le están asignando en materia de seguridad pública, la construcción y administración de megaproyectos y, en materia de justicia, un trato preferencial.
“Los miembros del Ejército mexicano (culpables de cometer delitos) deberían estar respondiendo ante la justicia civil, creo que una exoneración en dos meses no la vemos en ningún otro caso. Esto puede significar un riesgo de que se esté politizando la labor de la investigación y de la justicia”, concluye.
