Gerardo Lozano Dubernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) negó que la separación de Muna Dora Buchahin de la dirección general de Auditoria Forense del órgano haya sido motivada por su trabajo en la institución, y señaló que la decisión se debió a un presunto conflicto de interés.
De acuerdo con la versión de Lozano, hay indicios de que Buchahin se aprovechó de su posición como funcionaria pública de la ASF.
“Como un ejemplo de dicha situación, durante la gestión anterior, la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), que ella encabeza, para prestar servicios de capacitación”, aseguró la ASF en un comunicado, “Cabe mencionar que dichos servicios también fueron brindados a otras instancias públicas”.
La Auditoria Superior evidenció que hay pruebas de que Buchahin también es social y presidente de Fraude Prevention & Examination, otra organización que también proporciona servicios de capacitación a entidades públicas auditivas por la ASF.
Lozano advirtió que se inició una investigación respecto al desvío de recursos humanos de la ASF en favor de la ACFE: “Se ha señalado, por ejemplo, que la contabilidad de la ACFE era llevada a cabo por personal de la ASF”.
El Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados sobre estas conductas.
Lozano agregó que la versión de Buchahin, quien en una carta expresó que me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”, es “una falta de respeto al trabajo de todo el personal de la ASF, y a la visión de institucionalidad que debe prevalecer en esta entidad”.
La dirección a cargo de Muna Dora Buchahin ha sido la unidad responsable de documentar la red de supuestos desvíos por más de 7 mil millones de pesos a las arcas públicas derivados de la celebración de convenios entre dependencias como Sedesol y Sedatu con Universidades y otros órganos públicos en los estados.
El caso fue dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui en su espacio radiofónico.
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