Conflicto por el derecho al agua en comunidades

Para 15 estados del país el “Día Cero” está cerca. La falta de agua para que miles de mexicanos puedan atender sus necesidades ya es una realidad y el problema crece día con día.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que hasta el 2018 en México existían dos millones de hogares sin acceso a agua potable —debían acarrearla desde pozos, ríos, otras viviendas o recibirla desde una pipa—; cifra que representa un total aproximado de 7.4 millones de víctimas.

A los retos hídricos que enfrenta la actual administración se suma la disputa que existe entre los pueblos indígenas, diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del agua y la Comisión Nacional del Agua Conagua (Conagua) por el derecho a administrar este recurso.

Por un lado, la ONG Agua para Tod@s, acusa a la Conagua de ofrecer concesiones a aguas nacionales por internet a través de Conagua en Línea “hasta agotar existencias”, además de otorgar grandes concesiones en zonas vedadas a empresas privadas, a la vez que no se ha permitido a los pueblos indígenas registrar sus derechos sobre las fuentes de agua en sus territorios.

También aseguran que los 10 decretos de Reserva de Agua firmados por Enrique Peña Nieto en 2018, con los cuales se levantó la veda de 300 cuencas de las 757 que existen en el país, “dejan a los pueblos originarios especialmente vulnerables porque permiten que cualquier empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas subterráneas de las cuales dependen, sin su conocimiento o consentimiento”

Entre 1992 y 2018, se otorgaron 536 mil concesiones a aguas superficiales y subterráneas, en violación de vedas, disponibilidades, derechos humanos, derechos de núcleos agrarios, derechos de pueblos indígenas, de terceros y sin ningún sistema efectivo de control sobre la contaminación, acusa la Elena Burns, integrante de Agua para Tod@s.

“Desde que el expresidente Enrique Peña hizo la declaración de la “reserva del agua”, la Conagua ha asignado 127 millones de metros cúbicos anuales de agua al municipio de Chilón para “uso público urbano”, es decir, cualquier uso que el gobierno municipal determine.

“El punto de extracción registrada es una cascada ubicada en territorio indígena tzeltzal, el cual actualmente está bajo sitio por parte de paramilitares”, ejemplifica la organización.

Por su parte, Eugenio Barrios, Subdirector General de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua, comenta en entrevista con Reporte Indigo que lo único que estas acusaciones han provocado es confusión.

“Nada más falso que los 10 decretos firmados por EPN se extiendan a todo el país, creo que hay un mal entendido.

“La prioridad de este gobierno es proteger el agua para la gente; en ese sentido se publicó el 1 de julio un decreto que protege el agua para las comunidades indígenas y cualquier tipo de comunidad de ahora en adelante, entonces como prioridad de esta administración vamos a estar protegiendo toda el agua de la gente y en segundo término es la protección del agua para el ambiente”.

En cuanto a las exigencias de los pueblos por administrar el agua que se encuentra en sus territorios, derecho que se encuentra enmarcado en el artículo dos constitucional, Barrios comenta que se está confundiendo la falta de cumplimiento del derecho de los pueblos indígenas con el marco legal vigente.

“La ley General de Aguas es reglamentaria del artículo cuarto constitucional —reformado en 2012 para garantizar el acceso al agua a los que menos tienen y asegurar su sustentabilidad— y del 27, el cual establece el agua como un bien de la nación cuya administración recae en el Ejecutivo. En cuanto a la reforma, se tendría que tener una discusión en el Senado para ver hasta donde aplican y sus alcances en materia de administración del agua”.

Ante este dilema legal, la abogada Claudia Gómez Godoy, Fuente: World Resources Institute quien llevó un amparo contra los decretos de Reserva del Agua firmados por EPN, exigió a la Conagua dejar de otorgar concesiones hasta que se emita el próximo año la Ley General de Aguas, la cual tendría que cambiar la lógica del manejo de este recurso vital: en vez del otorgamiento arbitrario por la Conagua de enormes concesiones seguido por dinámicas de compra y venta, ahora se tendría que garantizar su aprovechamiento y distribución sustentable y equitativa, bajo un esquema de participación ciudadana y gubernamental.

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Acusan simulación y doble discurso

Rogel del Rosal, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de la Huasteca Potosina (COCIHP), área localizada en San Luis Potosí, uno de los estados que destaca por el estrés hídrico que padece, acusa que a pesar de que la nueva administración de la Comisión Nacional del Agua, la cual encabeza Blanca Elena Jiménez Cisneros, ha hecho público su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México, esto no se ha demostrado con acciones concretas.

“La posición que tiene la dirección de Conagua por lo visto no ha variado a la que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Siguen usando de manera indiscriminada el sistema de concesiones para entregar a diestra y siniestra las aguas nacionales subterráneas y superficiales, violando los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios y también violando o entrando en contradicción con el artículo segundo de la Constitución”.

Además, el activista y defensor del agua asevera que en todos los foros realizados por la Comisión Nacional del Agua no ha existido la menor intención de invitar e incluir a los líderes de los pueblos indígenas, mientras que en los que ha realizado la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en la mayoría de los casos, están presentando actitudes de aislamiento hacia las organizaciones sociales y representaciones indígenas del país, dándole preferencia a la Asociación Nacional de Unidades de Riego, a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, a la Coparmex y a representantes empresariales diversos.

“Esa es la actitud que te indica que no tienen la voluntad de impulsar una ley que corresponda a los criterios que se marcan en el artículo cuarto de la Constitución para salvaguardar los derechos humanos al agua, restaurar los ecosistemas, promover la participación social, lograr la equidad y la accesibilidad al agua para todos”.

No obstante, Rogel del Rosal admite que la posición en la que se encuentra en este momento el Gobierno federal no es sencilla, pues existen posturas muy diversas de los distintos funcionarios las cuales muchas veces hasta contrastan con las que emite Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como ejemplo, el activista potosino menciona el tema del fracking.

“Rocío Nahle tiene una posición bastante ambigua respecto al fracking y sospechosa. A pesar de que su jefe, López Obrador, dice que no se va a permitir, ella declara que se va a analizar la negativa porque como ingeniera considera que se puede realizar de manera más sustentable, algo que es imposible”.

En relación al apoyo que la Conagua dice ha recibido por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual encabeza Adelfo Regino, Rogel del Rosal comenta que para las comunidades indígenas esta institución es como un “cero a la izquierda”

Por último, el integrante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de la Huasteca Potosina, revela que tanto el Gobierno federal como la Conagua y el INPI deberían estar muy al tanto de la protección de las comunidades indígenas.

“Ellos saben cuáles son las regiones que están siendo amenazadas por el fracking, el trasvase de ríos, minas, por hidroeléctricas, termoeléctricas y por las concesiones de agua.

“Conocen muy bien las problemáticas, no es necesario que esperen a que sucedan los problemas y que la gente de las comunidades se quejen para actuar, ellos deberían estar actuando de manera muy activa en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y evitando que se introduzcan negocios y acuerdos que afectan el medio ambiente y la propia vida de las comunidades originarias”.

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Manos a la obra para garantizar derecho al agua

Para Eugenio Barrios, Subdirector General de Administración del Agua en la Conagua, las acciones que han implementado desde la entrada del nuevo gobierno no tienen la intención ni afectan los derechos de los pueblos indígenas o tienen como propósito entregar las aguas nacionales para que las manejen empresas privadas.

“Definitivamente, una de las prioridades de la presente administración es revisar todo este proceso de entrega de concesiones, entenderlo, identificar lecciones aprendidas, acabar con el acaparamiento, fortalecer la rectoría del Estado en materia de agua con un fuerte componente ciudadano y convocar a todos a proteger y recuperar nuestra agua”.

En relación a las acusaciones vertidas sobre los daños que los 10 decretos de EPN firmados en 2018 ocasionan a los pueblos indígenas, el funcionario asegura que a inicios de este año la entrega de concesiones que quedaban libres para adquirir el control de una parte del agua de las 300 cuencas a las que se les levantó la veda fueron suspendidas.

“A principios de este año se publicaron unos lineamientos que indican que todas las concesiones del agua que quedaron disponibles en estas 300 cuencas entrarán a un proceso llamado de programación hídrica, en donde se definirán las condiciones para otorgarlas”.

Además, Barrios explica que de las 362 concesiones que se llegaron a dar, el 90 por ciento fueron para pequeños productores agrícolas; y únicamente dos fueron a industriales muy pequeñitas a las que sólo se les otorgaba el .25 por ciento de toda el agua disponible en las 300 cuencas.

Sobre el problema de falta de agua potable en varios estados y municipios del país, Eugenio Barrios comenta que garantizar este servicio no es responsabilidad de la Conagua.

“Nosotros le entregamos el agua a los municipios y éstos la distribuyen, por lo tanto es responsabilidad de ellos ser eficientes en esta tarea”, dice.

Sin embargo, revela que ya hay dos programas en funcionamiento para apoyar a las entidades que sufren de mayor estrés hídrico.

“En estos programas de inversión una parte la pone el estado, otra el municipio, otra la Conagua y ya es responsabilidad del estado y municipio entregar resultados y cuentas a la población”.

Por último, asegura que a pesar de que los problemas de falta de agua en el país son una realidad, este recurso está lejos de agotarse por completo.

“Habría que entender a qué se refieren por Día Cero, si significa que la gente no tendrá agua, eso no va a suceder, la prioridad de la Conagua es proteger este líquido, entonces eso no va a pasar”.