“Fue poco abierto a la participación o retroalimen-tación de organizaciones civiles y activistas que llevan años trabajando en el tema electoral”
“Ya les dimos un primer asunto a los señores diputados con la suspensión de su resolución para impedir la publicación y vamos a continuar”
El Gobierno del Estado prepara una ofensiva legal para combatir la orden del Tribunal Estatal Electoral de publicar la reforma en la materia, una estrategia que incluye una denuncia penal en contra de los magistrados electorales del TEE.
La denuncia se estaría presentando hoy en la Procuraduría del Estado en contra de los magistrados por abuso de autoridad.
El secretario de Gobierno, Manuel González, advirtió que los diputados se llevarán una sorpresa por las acciones legales que se interpondrán en contra del TEE.
“Nosotros tenemos definida una estrategia, que no se las puedo comentar, ya les dimos un primer asunto a los señores diputados con la suspensión de su resolución para impedir la publicación y vamos a continuar.
“Se van a sorprender ustedes… no puedo comentar nada aún, mañana (hoy) los estaremos convocando porque hay muchas novedades”, señaló.
El choque por la Ley Estatal Electoral entre el Congreso local y el Gobierno independiente ahora tendría un nuevo escenario: los tribunales.
Ayer, en Palacio de Gobierno se sostuvo una reunión privada para alistar las acciones jurídicas.
Unas serían contra los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) por excederse en su atribución de ordenar la publicación de esta Ley al gobernador Jaime Rodríguez.
Esta lucha sería ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el acto del TEE, pero el Gobierno estatal también contempla otra por la vía penal.
Todo apunta a que el Tribunal federal tendría que darle la razón al gobernador, por lo que el magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes, presidente del TEE, debe de estar preocupado por la denuncia que prepara el Estado en su contra.
Cabe recordar que el Tribunal Estatal Electoral es solo un árbitro en una contienda electoral, más no puede entrar a asuntos constitucionales y formación de leyes, y mucho menos ordenar a un gobernador publicar leyes.
Explicación a la ciudadanía
El Consejo Cívico envió un comunicado solicitando a los diputados presentar de manera clara y por escrito la argumentación técnica o buenas prácticas que fueron tomadas en consideración para respaldar las reformas a la Ley Estatal Electoral.
“Así como los beneficios que tendrán los ciudadanos de Nuevo León, consecuencia de estos cambios legales. Aunado al contenido de la reforma, ha habido mucha inconformidad con el proceso que el Congreso siguió para realizar las reformas.
“Mismo que fue poco abierto a la participación o retroalimentación de organizaciones civiles y activistas que llevan años trabajando en el tema electoral, o de la participación misma de otros actores de los mismos partidos políticos o del Poder Ejecutivo”, señala la organización.
Diputados locales señalaron el fin de semana que sería una medida exagerada.
Si bien los magistrados se excedieron en su atribución, también lo hizo el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado Carlos Emilio Arenas, al dejar sin efectos la resolución del TEE.
La bancada del PAN aseguró que ayer presentó un par de recursos de reclamación ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia por admisión y suspensión, que se está dando en contra de la publicación de esta Ley.
Arturo Salinas, líder los legisladores panistas, dijo que se sostuvieron varias pláticas con personal jurídico del Congreso local para analizar las acciones legales que tomarán.
Pero no sería todo. La subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Estado contempla combatir la Ley Estatal Electoral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde argumentará una inconstitucionalidad.
Reporte Indigo publicó la situación de incertidumbre que priva en Nuevo León en el tema electoral, con la confrontación entre el Gobierno del Estado y el Congreso local a causa de la reforma.
Extienden pleito por Anticorrupción
La disputa entre el Gobierno independiente y el Congreso se extendió por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, pues el gobernador Jaime Rodríguez vetó este dictamen.
El pasado 28 de junio, los diputados en sesión extraordinaria aprobaron esta Ley, que también establece el procedimiento, reglas y requisitos para elegir al Fiscal General de Justicia, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
Fuentes del Congreso confirmaron que ayer fue regresado el veto. Ahora los diputados tendrán que sacar adelante esta Ley, porque de lo contrario se podría realizar la convocatoria del conglomerado de nuevos fiscales.
Esto exhibe la fracturada relación entre el Congreso y el Gobierno estatal, y las pocas posibilidades de llegar a acuerdos y consensos para beneficio de la ciudadanía.
El Gobierno independiente ya superó en vetos a los dos últimos exgobernadores.
