La constante es el desplazamiento de los grupos poblacionales y el despojo del agua y tierras; se ha documentado intimidación y uso de grupos del crimen para disuadir la resistencia social
En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que ocurre este sábado, organizaciones de defensa de la tierra han vuelto a poner sobre la mesa de discusión el trabajo de extracción de minerales que se realiza en México, en donde la actividad minera es señalada de causar devastación ambiental, desplazamiento, intimidación y muerte.
Actualmente, la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano mantiene en concesión más de 25 mil permisos para la exploración y explotación del subsuelo, donde al menos el 70 por ciento son para la explotación de minas a cielo abierto, consideradas como “letales para toda forma de vida”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
El conflicto de las minas a cielo abierto no sólo se circunscribe a México. De acuerdo con el informe “Defender la Tierra” de la organización Global Witness, durante el 2016 “cuatro personas fueron asesinadas cada semana por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería”.
Desde la visión de Global Witness, “el asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas (por las empresas propietarias de las minas) para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, en donde también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales”, por lo que establece que como ahora “nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente”.
Dan la vida por sus tierras
La letalidad de la minería a cielo abierto es expuesta por Global Witness al contabilizar, sólo en el 2016, casi 200 asesinatos de personas que se opusieron en todo el mundo a ese tipo de proyectos.
Casi el 60 por ciento de ellos ocurrieron en América; Brasil es el país con más muertes de este tipo.
En la lista, México aparece en el sitio 11 a nivel mundial en cuanto a muertes de opositores a los proyectos mineros, con 3 homicidios; aunque el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señala que en el 2016 fueron 47.
Oaxaca se ubica como la primera entidad dentro de ese índice con 19 asesinatos, Veracruz con 12 y Chihuahua con tres; también aparecen Chiapas, Sonora y Estado de México con un asesinato en cada uno.
Para la organización OCMAL, México y Chile comparten el segundo sitio con 37 conflictos entre mineras y grupos sociales; el primero es Perú, con 39 casos.
Otros países de América en el ranking son Argentina con 27 confrontaciones que han detonado en asesinatos; Brasil, con 20, y Colombia, 14.
Organizaciones de defensa de la tierra y de derechos humanos y ambientales de México han convocado para que este sábado, en todo el territorio nacional, se alce la voz de las comunidades originarias y propietarias naturales de los recursos para reclamar un cese a la explotación minera irracional a cielo abierto.
La salud de por medio
De todos los conflictos sociales que la minería a cielo abierto ha dejado en el país, uno de los más graves, según lo reconoce la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), es la afectación a la salud de las poblaciones originarias.
“Los pasivos ambientales, la destrucción del territorio, la división de las comunidades, la pérdida de soberanía e independencia, así como los abusos jurídicos son parte del enorme precio que pagan nuestros países por permitir este tipo de minería”, señala la REMA en un comunicado.
La problemática también es reconocida por el Instituto Nacional de Salud Pública, en un informe realizado en 2015 por Magali Hurtado Díaz, directora de Salud Ambiental, se establece que el deterioro de la salud colectiva va de la mano a la contaminación del agua y el aire.
De acuerdo con el informe “La Salud Ambiental en México”, el 73 por ciento de los cuerpos de agua de todo el país están contaminados como resultado de que allí van a parar el 80 por ciento de las descargas de aguas negras de centros urbanos y el 85 por ciento de las descargas de aguas industriales.
En las descargas industriales mucho tiene que ver la minería, que ha tenido un crecimiento constante de casi el 70 por ciento en los últimos años, al pasar en el 2012 de 32.6 millones a 52.8 millones de hectáreas concesionadas hasta el primer trimestre del 2017.
Las emisiones de aguas contaminadas de la minería a cielo abierto, con altos contenidos de cianuro y metales pesados como manganeso y plomo, impactan severamente a la salud.
De acuerdo con Hurtado Díaz, se estima que el plomo es responsable de 820 mil casos de retraso mental ligero en niños de 0 a 4 años.
Por citar un ejemplo, el estudio señala que en Torreón, Coahuila, el porcentaje de niños con valores de plomo en sangre mayor a 15 microgramos/decilitro en tres escuelas fue de 92.1 por ciento, 84.9 por ciento y 6.8 por ciento, respectivamente, dependiendo de la distancia de la fundidora Peñoles con cada plantel analizado.
En el estado de Hidalgo, se encontró que niños de 7 a 11 años de edad de las comunidades Chiconcoac y Tolago expuestos a manganeso tienen casi la mitad de capacidad de memoria para el aprendizaje comparados con los de una comunidad no expuesta (Agua Blanca), y esto está asociado a las concentraciones de manganeso en cabello.
Continente en problemas
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) enlista las confrontaciones entre la población y empresas mineras:
País Conflictos
Perú 39
México 37
Chile 37
Argentina 27
Brasil 20
Colombia 14
Bolivia 9
Ecuador 7
Panamá 7
Guatemala 6
Nicaragua 5
Honduras 4
Salvador 3
República
Dominicana 3
Costa Rica 2
Venezuela 1
Paraguay 1
Uruguay 1
Desplazamiento y despojo
Algunos de los casos que el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) reconoce en México:
>> En San Pedro, San Luis Potosí, las empresas Metallica Resources Group, New Gold Corp., y Minera San Xavier se apropiaron del cerro San Pedro y gran parte del agua para explotar yacimientos de oro y plata.
>> En Cananea, Sonora, más de 60 familias fueron desplazadas porque la Minera María S.A. de C.V. comenzó a contaminar el aire y el agua como resultado de la producción de más de 20 mil toneladas de cobre al año.
>> En el mismo municipio de Cananea, en los últimos dos años más de 200 familias se han ido a causa de los índices de contaminación del aire y el agua, producto de la actividad de la mina Buena Vista del Cobre, que explota el yacimiento más grande del país, de dicho metal.
>> En Huizopa, Chihuahua, medio centenar de ejidatarios fueron despojados de sus tierras, mediante el uso de grupos armados al negarse a vender sus tierras a favor de la empresa Minefinders Corporation of Vancouver.
>> En Cocula, Guerrero, 30 ejidatarios fueron despojados de sus parcelas por la Minera Media Luna, subsidiaria de la trasnacional Teck Cominco, que logró la concesión para la explotación de un yacimiento de oro en el ejido Nuevo Balsas.
