Los trabajos del Congreso de la Unión arrancaron ayer a toda velocidad. En ambas Cámaras, los diputados y senadores abrieron sus trabajos con temas de gran calado que prometen despertar debates acalorados no solo entre los legisladores, sino entre los ciudadanos.
En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena presentó una reforma para eliminar el fuero de todos los servidores públicos y revivió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ya había sido aprobada hace algunos años en el Senado y que regulará el tope máximo a los ingresos de los funcionarios; ésta se discutirá el 13 de septiembre en el Pleno.
Estos dos temas tienen su aprobación casi asegurada en ambas Cámaras, por la mayoría que ostentan Morena y sus aliados
En el Senado, el partido guinda presentó el plan de austeridad para la Cámara alta; y la iniciativa para hacer la educación superior obligatoria; mientras que Movimiento Ciudadano propuso abrogar la Ley de Seguridad Interior.
Más allá de las iniciativas que se expusieron, un asunto que consumió varias horas de debate fue la solicitud de licencia de Manuel Velasco como senador para volver a Chiapas como gobernador hasta el 8 de diciembre, día en que Rutilio Escandón, ganador de la elección, tomará protesta como nuevo mandatario.
Con el inicio de los trabajos legislativos, los congresistas abren el camino para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comienza el próximo 1 de diciembre.
Senado: Entre la austeridad y Velasco
En el Senado se arrancó con prisa para aprobar el plan de austeridad de esa Cámara desde el primer día de sesiones para lo que resta del 2018 y 2019.
Este plan elimina todos los bonos que recibían los legisladores, se limitarán los viajes y se dejarán de comprar hasta botanas que se distribuían en los trabajos de las comisiones.El ahorro que se tendrá por el recorte de esas medidas será de mil 463 millones de pesos solo en el 2019.
Tras una negociación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se acordó desaparecer prerrogativas de los legisladores que costaban millones de pesos anualmente a los ciudadanos: vales de gasolina, telefonía, bonos navideños, vales de despensa, vehículos, gastos de alimentación, compra de botanas, entre otros.
Con este plan de austeridad se pretende poner fin al despilfarro y las condiciones de privilegio con que contaban los legisladores.
Otro asunto polémico con el que arrancó el Senado fue la licencia de Manuel Velasco, quien es senador del PVEM, para que regrese a su estado a terminar su periodo como gobernador de Chiapas.
En un primer momento, los senadores rechazaron esta petición de licencia; en votación económica, a mano alzada, votaron en contra.
Esto sucedió mientras los coordinadores parlamentarios y el propio Velasco Coello se encontraban negociando en la Jucopo el plan de austeridad.
Sin embargo, los legisladores decidieron dar marcha atrás a la votación y se sometió nuevamente a la consideración del Pleno.
Finalmente, el asunto se dirimió por votación en el tablero electrónico y se decidió por 82 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones; Manuel Velasco regresará a la gubernatura de Chiapas para concluir su gestión.
Una de las iniciativas que se presentó en la Cámara alta fue la de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, quien propuso elevar la educación superior como derecho constitucional y añadirle el carácter de obligatorio, con lo que el Estado estaría obligado a proveer este nivel educativo, como ocurre con la educación básica y media superior.
Otra iniciativa que creará polémica fue presentada por Germán Martínez y Martha Lucía Micher, ambos legisladores de Morena, quienes propusieron que se reforme la ley para que el IMSS y el ISSSTE presten sus servicios a las parejas del mismo sexo, sea que estén unidas en matrimonio o mediante una unión civil.
Germán Martínez presenta así su primera iniciativa apegada a los principios de izquierda. Cabe recordar que Martínez militaba en el PAN, partido que se ha caracterizado por oponerse al matrimonio igualitario.
Martínez ha sido propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo director del IMSS, cargo que ocupará a partir del 1 de diciembre próximo.
Noroña y el fuero
En la Cámara de Diputados se presentaron varios asuntos relevantes, pero se abrió con un enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, y Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva.
En el transcurso de la sesión, cuando respondió al cuestionamiento de por qué había acudido el lunes pasado a Palacio Nacional para el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto por su sexto informe de gobierno, Porfirio Muñoz Ledo acusó que fue agredido por un legislador.
“No acepto ninguna censura, porque los actos públicos de las diputadas y los diputados son nuestra exclusiva responsabilidad ciudadana y política. Lo hice en mi calidad de diputado, de presidente de la Cámara de Diputados (…).
“El presidente expresa la unidad de esta Cámara y no está roto el orden constitucional. Eso dice la ley, yo acaté la ley. Y quiero decir que tanto el diputado como yo fuimos agredidos físicamente por otro miembro de este Congreso, lo que es inaceptable”, lanzó Muñoz Ledo.
Esto prendió los ánimos de Fernández Noroña, quien pidió la palabra al presidente Muñoz Ledo, que se la negó en todo momento.
“Usted está mintiendo y exijo el uso de la palabra”, gritaba Noroña desde su curul.
“No se lo permito porque usted fue el agresor. No le voy a conceder el uso de la palabra. No permitiremos que usted ponga desorden en este Congreso. A ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara. No le voy a escuchar”, respondió Muñoz Ledo.
Aunque fue el hecho más llamativo de la sesión, en ella ocurrieron otras cosas que pronto causarán discusiones entre los legisladores.
Una de ellas fue la presentación de una iniciativa de Pablo Gómez, diputado de Morena, para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República.
La reforma constitucional es para eliminar el impedimento de que se abran procedimientos penales contra los altos funcionarios públicos sin que se autorice por la Cámara de Diputados.
Gómez propone que, al no existir el fuero, los servidores públicos puedan enfrentar las investigaciones en su contra permaneciendo en su encargo.
El otro asunto relevante que ocurrió en San Lázaro fue que se revivió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que servirá como marco jurídico para disminuir los ingresos de todos los funcionarios de los tres poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, pues no se permitirá que nadie gane más que el presidente.
Esta Ley ya había sido aprobada por el Senado en el 2011, pero al no haber acuerdo para votarla en la Cámara de Diputados, se mandó a la congeladora, donde permaneció hasta este martes.
Como las remuneraciones de los empleados de los tres poderes y los órganos constitucionalmente autónomos se establecen cada año en el Presupuesto de Egresos, bastará que se apruebe esta ley para que sea aplicada en el 2019.
Este martes se le dio declaratoria de publicidad y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, determinó que se discutirá en el Pleno el próximo 13 de septiembre.
